Siete jueces incrementaron "desproporcionadamente" su patrimonio hasta en 358%

 Siete jueces incrementaron "desproporcionadamente" su patrimonio hasta en 358%
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La investigación ejecutada al patrimonio de los jueces y conjueces de la Corte Nacional arroja más resultados. Documentos que hoy reposan en el Consejo de la Judicatura (CJ) no solo muestran que siete magistrados aumentaron su patrimonio ‘desproporcionadamente’, sino que ese incremento va entre el 166% y el 358%, indica el portal elcomercio.com

Entre los juristas señalados, seis fueron removidos de sus cargos, pues no alcanzaron el puntaje mínimo de 80 sobre 100 puntos exigidos por el CJ. Uno, en cambio, seguirá en el alto Tribunal, aunque es mencionado porque entre el 2014 y el 2018 triplicó su patrimonio.

Con estos hallazgos, el ente realizará una investigación interna para conocer si los siete habrían cometido una falta disciplinaria. La documentación además será enviada a la Contraloría General del Estado, para que se examine si esos incrementos son justificados o no.

Según el informe entregado por el Comité Evaluador, el ahora exjuez Miguel Jurado ingresó a la Corte en el 2015 con un patrimonio de 310.712 dólares y en cuatro años este ascendió a 1,1 millones de dólares.

Este Diario habló con Jurado y dice que tiene una casa, un terreno, dos departamentos y cuatro vehículos que adquirió con la herencia de sus padres y con su sueldo. Además, aseguró que el aumento también se debe a una herencia que recibió su esposa.

“La Judicatura no ha dado oportunidad para explicar la procedencia de los bienes”. Por eso calificó al informe del Comité de “falso, malicioso y temerario”.

De su parte, la exjueza Rosa Merchán niega que exista un aumento irregular en su patrimonio. Dice que el Comité omitió información con “el propósito de dañar la imagen de los funcionarios judiciales”.

Según la jurista, desde que ingresó a la Corte Nacional de Justicia, en el 2012, su patrimonio creció en tres ocasiones y todo está justificado. La primera ocurrió por la adquisición de un departamento en Quito con un préstamo hipotecario del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

El inmueble fue adquirido en el 2014 en 195.000 dólares. Asegura que en un avalúo municipal del 2016, el valor de ese bien subió a 338.973,20 dólares.

El segundo incremento ocurrió por la incorporación de acciones en un inmueble en Cuenca. “Esto fue donado por mis padres en noviembre del 2015”.

Y la tercera elevación se reportó por una herencia. El Comité Evaluador obtuvo información a través de las declaraciones que los funcionarios realizan cada año. Pero también solicitaron a los evaluados autorización para revisar su patrimonio y levantar el sigilo bancario. Dos jueces no transparentaron sus datos.

Otros dos, en cambio, renunciaron antes de que culminase la evaluación. Uno de ellos es Merck Benavides, él asegura que en el 2014 tenía un patrimonio de 408.000 dólares y que en el 2019 subió a 940.000 dólares. “¿Por qué ha crecido eso? Tengo cuatro bienes inmuebles en Quito y tres en Imbabura. Pero desde el 2014 a este año ha subido la plusvalía y cuantificado esto suma unos 350.000 dólares de plusvalía”, advierte.

Luego señala: “Compré unos bienes en Ibarra y adquirí otros en Quito. Para completar los valores que requería saque préstamos en dos bancos”. Juan Carlos Mejía, del Comité Evaluador, asegura que tras el hallazgo enviaron los datos a la Judicatura.

“No decimos que sean culpables, solo pedimos que investiguen si hubo un incremento injustificado”.

Como parte del proceso de evaluación, la Judicatura solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) revisar los datos tras levantar el sigilo bancario.

La respuesta de la entidad es que “la información proporcionada hace presumir la existencia de operaciones o transacciones inusuales e injustificadas” de dos magistrados. Añade que “remitirá con carácter reservado los informes a la Fiscalía General”. (I)

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