Dos conjueces serán parte de la audiencia de juzgamiento del caso Singue
Los conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena y José Layedra reemplazarán a los jueces nacionales Willman Durán y Marco Rodríguez, respectivamente, en el Tribunal de Juzgamiento que esta tarde se instalará en audiencia para analizar el delito de peculado dentro del denominado caso Singue, por el que son acusadas 15 personas, entre ellas, el exvicepresidente Jorge Glas, y los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli y Wilson Pástor.
El juez nacional Iván León se mantiene como parte del Tribunal y además será quien presida la audiencia. Por un principio de concentración, la diligencia arrancará con el análisis del pedido de revocatoria de la prisión preventiva que pesa contra Jorge Glas y luego continuará con los alegatos de apertura, la práctica de la prueba pericial, testimonial y documental de las partes y alegatos de cierre.
El reemplazo de los conjueces se da debido a licencias solicitadas por lo jueces Terán y Rodríguez y no solo en este caso, sino asumen todos los casos y temas del despacho de los jueces en cuestión.
Medidas por emergencia sanitaria
Ante la emergencia sanitaria definida por el Gobierno Nacional, debido a la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de pandemia del coronavirus COVID-19, desde la CNJ se informó que se están tomando medidas de prevención para evitar la propagación del virus en cuestión.
Previo a la realización de cualquier audiencia en la CNJ el personal médico de la institución tomará la temperatura a cada persona que ingrese al edificio principal de la institución. Por ello se pidió, mediante un comunicado, la colaboración de las personas que acudan a la CNJ y así otorgar un distintivo que permita el ingreso.
El peculado que se investiga analiza la adjudicación del campo Singue al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) en la que se habrían cometido irregularidades. Fiscalía sostiene que para este contrato se habrían incumplido requisitos legales y reglamentarios de la licitación y a pesar de esos incumplimientos por parte de la empresa oferente se llegó a calificarla y adjudicarle el contrato .
Según Fiscalía, se habría demostrado que existió un perjuicio para el Estado y un beneficio para la empresa contratada en la tarifa, ya que se negoció con una tarifa menor, la cual no tuvo sustento técnico. Un examen realizado por la Contraloría a esa contratación determinó un perjuicio para el Estado, hasta el momento del análisis, de más de $ 5 millones, pero Fiscalía cree que el perjuicio llega a los $ 28.5 millones, debido a que se sigue dando la operación. (I)
Fuente: El Universo