Ruptura de nuestra seguridad

 Ruptura de nuestra seguridad
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Juan José Illingworth (columnista)

Guayaquil lleva décadas con problemas de seguridad que no puede resolver porque legalmente no tiene el poder para hacerlo: la competencia es del gobierno central y está en manos de la Policía ‘Nacional’, una institución dirigida por personas de una sola región, con programas sociales, de salud y de jubilación diferentes a los del país. ¿Es su labor eficaz? ¿Evitan que nos asalten y recuperan lo que nos roban? Lo dudo.

La inseguridad daña el desarrollo de Guayaquil y beneficia el turismo internacional en Quito y la Sierra, de donde provienen la mayoría de los policías y la totalidad de sus autoridades, incluyendo a la ministra que es del Interior y excolaboradora de Correa. Esta inseguridad ha cambiado el rostro nocturno del centro, eliminado la alegría de los barrios abiertos y la paz de muchos locales comerciales. Y es que para la seguridad local se necesita de conocimiento local.

El Municipio creó la Corporación para la Seguridad Ciudadana, montó un sistema de cámaras de vigilancia y otro de llamadas de auxilio que solía trabajar en coordinación con la Policía Nacional. Correa terminó con esa colaboración hace 11 años y justo cuando la alcaldesa Viteri se predisponía a reiniciarla invirtiendo, en plena época de vacas flacas, $ 8 millones de fondos municipales, la ministra Romo, a última hora, provocó la ‘ruptura del 25’ de julio: abandonó el acuerdo alegando discrepancias entre protocolos (tal vez en el uso del avión policial) y pretendió que Guayaquil responda, no por su generoso aporte a un fin común, sino por la seguridad misma del cantón (sin ser su competencia legal).

Y solo cuando la alcaldesa la puso en evidencia es que ella declara estar dispuesta a firmar, al mismo tiempo que anuncia (eso sí) que hará una evaluación cada 3 meses “para ver si los protocolos especiales de Guayaquil tienen éxito”, y “de ser el caso”, “estaría dispuesta a replicarlos en el resto del país”, idea que no la tuvo cuando era de suscribir el convenio, lo cual delata su afán no de buscar soluciones creativas sino de apostar al fracaso de tales protocolos.

¿Quiere el centralismo que Guayaquil asuma la responsabilidad de su seguridad? No hay problema: transfieran la competencia, pero con sus respectivos recursos. A nivel nacional el Gobierno presupuestó $ 1.345 millones para la Policía Nacional y su dirección de salud. Para “el Gran Guayaquil” (19,3% de la población) nos corresponden pues $260 millones (no los 8 que el Municipio aporta con gran esfuerzo). Los empresarios guayaquileños harían bien en reflexionar cómo ese dinero transformaría totalmente la seguridad de la ciudad, mejorando la calidad de vida de sus familias y la estabilidad de sus negocios. En vez de eso, algunos creen que exigir lo justo es una exageración y hasta se preocupan por el nerviosismo que causa entre los del “Comité Empresarial” de Quito, el enarbolar la bandera del federalismo. No más capitulaciones. Debemos refundar al Ecuador como debió haber nacido: como una nación federal. Hay una ruptura profunda entre el Ecuador centralizado y el progreso de sus cantones y provincias. 

Tomado de Diario El Universo

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