Reforma laboral: ¿por qué? y ¿cómo?

 Reforma laboral: ¿por qué? y ¿cómo?
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Guillermo Avellán S. (columnista)

Llevamos casi un siglo comprando la idea de una desigualdad de poder entre empleadores y empleados. Basado en esta asimetría entre las partes, se prohibieron algunas modalidades contractuales y se establecieron varias normativas, con la supuesta intención de proteger a los trabajadores. Esta legislación finalmente solo ha limitado la contratación de personal en el sector privado, impidiendo solucionar la exclusión de más de cinco millones de ecuatorianos a empleos de calidad.

Tan solo en los últimos dos años se han destruido más de 143 mil plazas de trabajo (algo que está muy lejos de cumplir la promesa de campaña de 250 mil empleos por año). A junio de 2019, la tasa de empleo inadecuado llegó al 57% de la población económicamente activa. La cifra más alta de los últimos trece años.

El lector se preguntará cuáles son las debilidades del mercado laboral en Ecuador para tener esta crisis. Primero, la legislación ecuatoriana restringe la libertad de contratación severamente. Un ejemplo de aquello es la prohibición de los contratos por horas y a plazo fijo. Además, nuestra normativa laboral establece excesivos costos de despido en comparación a otros países de la región, lo cual desincentiva la contratación indefinida. Por ejemplo, la indemnización por despido puede llegar a un máximo de 25 remuneraciones más la bonificación por desahucio que corresponde al 25% de la última remuneración mensual por cada año de servicio. Mientras que, en Perú, la máxima indemnización llega a doce remuneraciones, y en Uruguay se ubica en seis remuneraciones. 

En Ecuador, los beneficios adicionales al salario encarecen la contratación indefinida. El empleador debe asumir el pago del décimo tercer y cuarto sueldo, y de la jubilación patronal para trabajadores con más de 25 años de labores. Este último valor es vitalicio y no puede ser inferior a $ 30 mensuales, ni tampoco mayor a la remuneración básica unificada. Las cargas adicionales le representan al empleador un peso del 37% del salario mínimo. De esta manera, el sueldo de un trabajador que percibe el salario mínimo de $ 394 aumenta hasta $ 538. 

Asimismo, el porcentaje de utilidad (15%) que debe ser repartido a los  trabajadores es alto en relación con varios países de la región. En México el porcentaje asciende al 10%. En Perú el porcentaje varía entre el 5% y 10%. En Panamá y Colombia las empresas no están obligadas a repartir utilidades. Sin embargo, en este último país existe una prima de servicios que equivale a 15 días de remuneración por cada semestre de labores.

La Cámara de Comercio de Guayaquil y la Corporación de Estudios para el Desarrollo presentaron sus propuestas para dinamizar el mercado laboral ecuatoriano. En la misma dirección sugiero las seis reformas más importantes: 1) Ofrecer libertad en los parámetros de los contratos (duración, días y horas de trabajo), respetando los beneficios a la seguridad social. 2) Bajar el costo por despido a una remuneración por cada año de labores sin que supere el máximo de seis remuneraciones mensuales y ampliar el periodo de prueba de 90 a 180 días. 3) Mejorar la cobertura del actual seguro de desempleo para que las personas desempleadas puedan acogerse al beneficio después del primer mes de despido con un mínimo de doce aportaciones no simultáneas, de las cuales las últimas seis deben ser consecutivas. 4) Establecer tres salarios mínimos diferenciados: juvenil, actividades agropecuarias y general para permitir el acceso de grupos excluidos al mercado laboral formal. 5) Eliminar la jubilación patronal y permitir a los afiliados convertir el fondo de reserva actual en un sistema privado de ahorro para su vejez. 6) Permitir una deducción en el pago del impuesto a la renta a las empresas, equivalente al 50% del valor entregado a sus trabajadores por reparto de utilidades. Así, una empresa que reporta utilidades antes de impuestos por $ 100.000, tendría que repartir $ 15.000 por concepto de utilidades. Sobre este resultado, la empresa podría deducir $ 7.500 adicionales correspondientes a la propuesta. 

Según el Foro Económico Mundial, los países con excelentes indicadores laborales se caracterizan por la libertad de contratación, seguros de desempleo y bajos costos de despido. Nuestros políticos tienen la gran oportunidad de acabar con la demagogia e implementar medidas exitosas que impulsen el empleo de calidad en el país. 

Tomado de Diario El Universo

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