¿Quién tiene la razón?

Mauricio Pozo Crespo (columnista)

Con la severa crisis económica y sanitaria del país y las formas de buscar una normalización de las actividades productivas, se han suscitado reacciones de diversos sectores y de distinta naturaleza. No se trata de actuar de juez o de ser la última palabra, únicamente de aplicar una cierta dosis de sentido común y de racionalidad.

La política económica que aplique un gobierno debe sustentarse en algunos principios fundamentales como es la oportunidad de la decisión, la profundidad de la medida adoptada y la dirección de la misma. Nunca existirán medidas perfectas y de aceptación general, pues la administración de los recursos escasos siempre generará la reacción de algún sector, lo importante es que sean decisiones que beneficien a la gran mayoría.

El Ecuador es el único país de la región, conjuntamente con Venezuela, que mantiene un sistema obsoleto e injusto de subsidios de los derivados de petróleo. Los grupos opositores a que se liberalice la importación de derivados asumen que esto les perjudicará y que los precios subirán de manera significativa. Esto no es verdad. La corrupción estatal inmersa en el monopolio de importaciones de derivados se acaba con la libre importación. Los precios de los derivados subirán o bajarán dependiendo de lo que presente el mercado internacional como ocurre en la mayoría de países. Para evitar impactos negativos en los bolsillos de la ciudadanía se puede compensar con subsidios al transporte público u otros. No debe haber subsidios al precio sino a la producción o a la persona. ¿Qué van a subir mucho los precios? Para ello se requiere de incrementos de demanda crecientes, lo que significa un empujón monetario permanente, lo que actualmente es totalmente alejado de la realidad, por la propia actual recesión. Sin embargo, no se descarta que existan grupos que, sin tratar de entender esta lógica, se opongan a la medida por razones eminentemente políticas. Por lo tanto, los opuestos a la libre importación de derivados no tienen razón, están absolutamente equivocados.

Existan o no leyes que nos obliguen, si el vecino se muere de hambre, por elemental sentido de humanidad debo ayudarle. Es responsabilidad personal y elemental principio de solidaridad. Es difícil entender que existan empresarios que no van a vivir para gastarse lo acumulado y que se resistan a ser solidarios. Hasta ahí, no tienen razón alguna. Sin embargo, es correcto insistir que cada uno debe hacer su tarea. Si el Gobierno no ha avanzado en las decisiones necesarias y urgentes como reducir la obesidad estatal, sus pedidos de apoyo humanitario al sector privado es difícil que sean aceptados. Ni que decir de lo político donde lo más repetitivo a lo largo de la historia es la imposibilidad de encontrar acuerdos y consensos de real conveniencia nacional. La desintegración nacional, lamentablemente, toma fuerza día a día.

Tomado de diario El Comercio Ec.