¿Quién administra las cárceles?

 ¿Quién administra las cárceles?
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Ricardo Tello Carrión (columnista)

No es una “noticia” cualquiera. Y no se merece la ligereza, o el desprecio, con la que el Gobierno la ha tratado: el jueves 20 de febrero, a las 11:45, en el Centro de Rehabilitación Social CRS Turi seis cuerpos inertes de internos se encontraron en sus respectivas celdas, colgados de sus literas.

Era el jueves de compadres, y más podía la expectativa y proximidad del carnaval que lo preocupante del hecho: ¿quién está administrando las cárceles en el país?

Carlos C., Adilson L., Darío M., Estalin E., Pedro N. y Jorge T. Así se presentó en los medios locales la lista de los internos ahorcados en diferentes celdas y pabellones del CRS Turi, un centro de rehabilitación ubicado a cuatro kilómetros de Cuenca. Se decía, además, que según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, “todos cumplían penas en las etapas de mínima, mediana y máxima seguridad”. Pero lo que puede llevar al colapso de la opinión pública es la siguiente aseveración: “La Fiscalía investiga si las muertes se debieron a suicidios o si corresponden a hechos delictivos…”.

¿Un “suicidio masivo”, aunque individual en cada una de las celdas de los internos involucrados, es una posibilidad real? ¿Más aún cuando se sabe que solo en siete meses del año 2019 en los centros de rehabilitación social del país murieron de forma violenta 22 condenados?

Vale como hipótesis, pero la que más fuerza debería tener es que se trata de ajustes de cuentas, de muertes ordenadas desde el mismo centro penitenciario o desde otros; en definitiva, que la serie de ahorcados en el CRS Turi es la prueba más contundente de que el Gobierno ha perdido el control total de los centros de rehabilitación, donde, ante la evidencia de los hechos, se están dictando sentencias de muerte sin que nadie se entere.

Otra prueba de lo endeble de la administración de los centros de rehabilitación se expone en la siguiente cita, también pública, también textual: “La directora del CRS de Turi, María Belén Cabrera, indicó que mantiene diálogos con los líderes de los diferentes pabellones con el fin de conocer las causas que motivaron las muertes”.

María Belén Cabrera; el gobernador del Azuay, Xavier Martínez; la propia ministra María Paula Romo y hasta el presidente Moreno podrán seguir esperando secula seculorum que los “líderes de los diferentes pabellones” les cuenten la verdad de los hechos, les den una copia de las sentencias mafiosas que determinan quién debe morir o vivir dentro de los centros carcelarios, o les inviten a firmar un tratado de paz.

El actual Gobierno no logra salir del estancamiento al que ha sometido al Ecuador, y lo que ocurre desde hace mucho en las cárceles ecuatorianas así lo demuestran. Veintidós muertes en siete meses del 2019, con internos que hasta jugaron fútbol con la cabeza de una de sus víctimas, retrata de cuerpo entero cómo está la situación de la seguridad del país, en los centros de internamiento.

Los azuayos nos mantenemos a la espera de que la Fiscalía demuestre que se trató de un suicidio masivo; que el Gobierno aclare que es él quien administra los reclusorios; que en su gestión, todas las muertes en las celdas tienen una explicación y una sanción. (O)

Tomado de diario El Universo

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