Pamela M. gobernaba la Corte Constitucional
La exasesora presidencial se habría encargado de llevar los pedidos de los jueces constitucionales al Gobierno y monitorear cómo iban sus resoluciones.
Pamela M. no era jueza constitucional pero su influencia era importante en el máximo tribunal constitucional.
Los correos entregados por su asistente Laura T. revelan que integrantes de la Corte Constitucional le habrían pedido “favores” y cómo sabía los casos que ahí se decidían.
La primera incursión de Pamela M. en el organismo ocurrió en 2012; su jefe para entonces, Rafael Correa, la escogió como su delegada ante el Comité que haría el concurso para elegir a los nuevos jueces constitucionales.
Un proceso que supuestamente era transparente, pero que los correos de Laura T. muestran de otra forma.
Antes de ser nombrada, Pamela M. convocó, dicen los textos, a los integrantes del comité a una reunión en el bar Coffe Tree al norte de Quito.
Ocurrió el 6 de febrero de ese año y la cita fue concebida para saber quiénes estarían en esa tarea.
En ese grupo estuvieron dos personas conocidas por Pamela M.: el exministro de Justicia, Néstor Arbito, y la abogada guayaquileña Zaida Guerrero, según los correos.
De acuerdo con la fuente, desde el Ministerio de la Política ayudaron a Guerrero para que completara los documentos y pueda ser parte de la Comisión como delegada de la Función de Transparencia.
Un mes después de la cita en el Coffe Tree, el 6 de marzo de 2012, el comité seleccionador fue posesionado por el Consejo de Participación Ciudadana.
Los nexos de Pamela M. con los jueces constitucionales siguieron con fuerza.
El entonces presidente, Patricio Pazmiño, habría tenido un trato cercano. Habría sido invitado al cumpleaños de Pamela M.; supuestamente adquirió boletos de las rifas que ella auspiciaba y le habría solicitado “favores”.
En los emails que tiene en su poder la Fiscalía, hay un mensaje en el cual Laura T. dice a su jefa que Pazmiño supuestamente pidió un cargo diplomático para su colega Roberto Brunis y un contrato para la hija de la jueza Ruth Seni Pinargote.
Los tres eran jueces de la Corte Constitucional. Pinargote era la más cercana a Pazmiño y casi siempre coincidían en sus votaciones.
Actualmente Pazmiño es juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él le contestó a este Diario que no conoce el contenido de esos correos electrónicos, que son presentados de manera “fragmentada, dispersa y aparentemente aleatoria”.
“Al ser parte de un proceso de investigación, es de entender que deben constar, respetando las reglas del resguardo procesal penal, dentro del respectivo expediente en poder de Fiscalía, al cual solo pueden acceder quienes están legalmente habilitados.
Esta realidad procesal, junto al hecho que resido y trabajo fuera del país, me impiden tener acceso a cualquier información al respecto”, enfatizó Pazmiño.
Sin embargo, el equipo de Pamela M. seguía en detalle los casos que llevaba la Corte y habría tenido acceso al estado de cada proceso judicial.
En el año 2013 recibió los informes de 23 casos. Por ejemplo, el de Fabricio Correa, por sus contratos anulados, el de Teleamazonas, entre otros expedientes.
La pista de los correos se pierde por dos años. Hasta que en 2015 se escogieron a los nuevos integrantes de la Corte Constitucional.
Nuevamente Pamela M. debía conocer cómo se desarrollaría ese concurso. En mayo, ella delegó a Laura T. para que presuntamente se reuniera con la entonces ministra de la Política, Viviana B., quien también es procesada en el caso sobornos 2012-2016.
Ahí habrían acordado cómo sería el comité calificador para elegir a los nuevos magistrados. Habrían coincidido en que Efrén Roca sería el presidente de ese grupo.
Eso no ocurrió y Andrés Ycaza fue nombrado presidente de la entidad. Pero, al parecer, Pamela M. lo tenía todo calculado.
Ella ganó el concurso para jueza de la Corte Constitucional con una calificación perfecta de 100 sobre 100 puntos. Todo apuntaba a que ella sería la presidenta; igual prefirió mantenerse como vicepresidenta, pero manejando los hilos de la Corte.
Fuente El Telégrafo