La Fiscalía de Ecuador comienza proceso penal tras el asesinato de un reo en la cárcel
Quito (EFE).- El proceso se inició contra Tommy Brayan C. A. y Juan Antonio M.P. «quienes habrían participado en el asesinato del interno Jonathan Leonardo M. M.» el 13 de julio en la Penitenciaría de Guayaquil, explicó la Fiscalía en un comunicado.
Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Jonathan M. «falleció por una riña entre privados de libertad» y descartó que el deceso tuviese relación con una pelea entre bandas.
Según las primeras investigaciones, «se presume que este hecho se dio por venganza por parte de los involucrados, ya que el occiso había matado a la madre y a la mujer de los sospechosos», explicó el sábado el SNAI en un comunicado.
La Fiscalía apuntó este domingo que con el inicio del proceso contra los dos presuntos implicados en la muerte del reo son ya 21 las personas privadas de la libertad (PPL) procesadas por la Fiscalía por su presunta relación con los crímenes cometidos en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil y en el Centro de Privación Regional Zona 8 durante este año.
Al momento suman siete instrucciones fiscales y se han efectuado varias diligencias procesales y experticias, como reconocimiento de identidad humana, cotejamiento dactilar, balística, entre otras, con el fin de establecer responsabilidades penales por el delito de asesinato, indicó.
Además, se investiga la presunta participación de guías penitenciarios y otros funcionarios del centro carcelario en dichos sucesos.
La Fiscalía General del Estado investiga estos hechos a través de la Unidad de Personas y Garantías de la Fiscalía Provincial del Guayas, situada en el suroeste de Ecuador.
El pasado 13 de junio, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió apoyo a los jueces y anunció medidas para mejorar la tecnología y las condiciones de los presos para hacer frente a la crisis de seguridad que atraviesan varias cárceles del país.
En un comunicado, la Secretaría General de la Comunicación de la Presidencia precisó entonces que el mandatario hizo el anuncio en una reunión de seguridad en la ciudad costera de Guayaquil, en la que se analizó la situación en las penitenciarías, también conocidas como Centros de Rehabilitación Social.
Entre las medidas, Moreno apuntó que «el Ministerio del Interior solicitará al Consejo de la Judicatura el apoyo de los jueces en la consecución de los objetos propuestos».
Pidió, además, que las decisiones judiciales que se adopten «no se interpongan o contradigan con las acciones disciplinarias», que rigen en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores.
Moreno señaló entonces que se garantizará la seguridad física de los presos gracias a «la actualización en tecnología que permita obtener información», así como «prever cualquier acto de violencia» que se dé en las cárceles.
La reunión de seguridad encabezada por Moreno se produjo después de que un preso identificado como «El Cubano» muriera y un policía resultara herido en un motín en la Penitenciaría el Litoral, en Guayaquil, capital de la provincia del Guayas.
Ese episodio se sumó a otros sucesos violentos ocurridos en los últimos meses en varias cárceles de Ecuador, aquejadas por el hacinamiento y que ha dejado alrededor de una decena de muertos por agresiones entre los internos.
A raíz de esta situación el presidente decretó el estado de excepción «en el sistema de rehabilitación social a nivel nacional» durante sesenta días, para tratar de solucionar sus necesidades emergentes.