¿La CIDH está parcializada?
Arturo Moscoso Moreno (columnista)
Mucho ruido ha causado el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre los acontecimientos de octubre del año pasado en Ecuador, con varias voces, unas desde el desconocimiento y otras desde la mala fe o del interés político (como las de ciertos funcionarios del Gobierno), alzándose en su contra y tachándolo de parcializado por hacer énfasis en los excesos cometidos por el Estado y no en los desmanes y la violencia protagonizados por protestantes e infiltrados.
Frente a esto, es necesario dejar muy claro que cuando se habla del derecho internacional de los derechos humanos, del que la CIDH es parte fundamental, hay que tener presente que éste nace de pactos y tratados entre gobiernos, en este caso de la Organización de Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, razón por la que los obligados por esos pactos son los Estados, no las personas naturales o jurídicas. Desde esa perspectiva los derechos humanos cuyo cumplimiento vigila la CIDH se refieren a aquellos de las personas frente al Estado, responsable de cumplirlos y hacer que se cumplan, con sustento en el monopolio que ejerce sobre la violencia y la coacción legítimas, lo que lo convierte en su único garante y, por ende, en el único que puede ser requerido en caso de que sean violados.
Esa es la razón por la cual la CIDH no está obligada a observar violaciones de derechos humanos cometidas por particulares, para las cuales está la normativa interna de cada país, con un catálogo de derechos fundamentales, civiles y políticos, consagrado en la Constitución que el Estado debe respetar, proteger y garantizar a través de una serie de normas penales y administrativas concretas que definen sus límites y alcances.
Ahora bien, a pesar de que la función de la CIDH es observar el incumplimiento de los derechos humanos por parte de los Estados y no determinar responsabilidades individuales, en el informe sobre Ecuador sí establece que hubo agresiones a agentes del Estado y a particulares que podrían constituir delitos, por lo que hace un llamado a las autoridades a investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, tanto las violaciones de derechos humanos como los delitos que se hayan cometido en dicho contexto y juzgar y sancionar a los responsables.
Así que, estimado lector, no se deje convencer por gente mal informada, mal intencionada o con claros intereses políticos, de que la CIDH están actuando de forma parcializada o está amparando a delincuentes, eso es falso. Ese organismo nos defiende y protege a todos, y deslegitimarlo, como hacía Correa, nos pone en riesgo. Y, el Gobierno, en lugar de intentar desprestigiarla, debería enfocar sus esfuerzos en que los violentos de octubre respondan por sus delitos.
Tomado de diario El Comercio Ec.