Investigación se estanca en Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Una Secretaría de Transparencia y Lucha contra la corrupción ‘estancada’ en el tratamiento de las denuncias de los casos es otro de los problemas que deberán resolver los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que arrancará sus funciones desde este lunes.
Son varias las estadísticas internas que reposan en el organismo y los expedientes estarían apilados desde el 2016.
El Consejo definitivo recibió del Transitorio –que presidió Julio César Trujillo– 116 denuncias que se encuentran en desarrollo; y admitió a trámite 357 pedidos ciudadanos de presuntos actos que afectan a la participación ciudadana.
El secretario técnico de esa área, Jorge Fabara, informó que a través de la página web institucional ingresaron 378 denuncias; pero hay otras 1.248 que “están abandonadas” (sin darle trámite), incluso desde agosto del 2018.
Detalló que el Transitorio, durante el proceso de evaluación de autoridades derivó al menos 500 denuncias presentadas por la ciudadanía a las diferentes entidades del Estado, a las cuales pertenecían los funcionarios cesados en la transición. “No hay una motivación exacta de por qué se lo hizo, pero no es recomendable verificar qué sucedió, sino darles seguimiento”, sugirió. Y, sobre estas denuncias, se reporta que hay 80 ciudadanos que quieren saber qué pasó con ellas.
Actualmente, dicha secretaría investiga 243 procesos presentados en estos dos meses; y también 444 expedientes del CPCCS Transitorio, de los cuales 104 están en análisis, 48 en investigación y 252 con una resolución que debe ser resuelta por el pleno.
La institución está integrada por los vocales Christian Cruz, Sofía Almeida y María Fernanda Rivadeneira y se unirán desde esta semana Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Juan Dávalos y David Rosero, quienes suplirán a José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez, que fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional.
Según fuentes cercanas, Rosero aspira a liderar el área de Transparencia, por su experiencia como consejero entre el 2010 y 2015.
Además de esta situación, los siete deberán solucionar asuntos legales como la aprobación de un nuevo reglamento de funcionamiento del pleno; aprobar el presupuesto para el 2020; decidir si convocan a la elección de un nuevo defensor público y el superintendente de Ordenamiento Territorial.
La consejera Sofía Almeida reconoció que deben resolver sobre la aprobación de actas que no fueron aprobadas en el periodo de Tuárez, por falta de consensos internos.
Fuente: El Universo