¿Fraude o golpe de Estado en Bolivia?
José E. Mosquera (columnista)
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, mediante sentencia 0084, del 28 de noviembre de 2017, avaló la reelección indefinida de Evo Morales, una decisión por encima de lo reglado en la Constitución boliviana que estipula un límite de dos mandatos seguidos. El argumento del tribunal fue que prevalecía más un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que el contenido de la carta magna del Estado de Bolivia. Una convención ratificada por el Estado boliviano y que según dicho tribunal concede el derecho a un jefe de Estado a ser elegido sin límite. Fallo adoptado por unanimidad por todos los magistrados del tribunal que consideraron que el derecho humano a participar libremente en las elecciones prevalecía por encima de las limitaciones de la constitución boliviana.
Por lo tanto, Evo podía aspirar a un cuarto gobierno, porque no consideró su primer mandado, dado que en el 2009 se refundó la nación al pasar a ser un Estado Plurinacional. Entonces, sobre esa base, el tribunal autorizó a Evo aspirar a la reelección. De esa manera el TC de Bolivia desconoció, por un lado, la Constitución, y de otro, los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016, cuando el pueblo boliviano rechazó hacer una reforma a la carta magna para eliminar el límite de las reelecciones.
En unas elecciones que ganó el NO con el 51% de los votos y perdió el SI con el 49%, indudablemente que la decisión de Evo de presentarse a la elección de un cuarto mandato generó protestas de las fuerzas políticas de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil por el incumplimiento de los resultados del referéndum. De estas decisiones parte el origen de la crisis política que vive Bolivia. En medio de una fuerte polarización se desarrollaron las elecciones del 20 de octubre y surgió la duda sobre el conteo de los votos. Es cuando los seguidores de las fuerzas de oposición se van a las calles a reclamar la transparencia en las elecciones.
Crecen las protestas y el gobierno no brinda garantías para que se despejen las dudas. Al contrario, acusa a la oposición de buscar desestabilizar al gobierno. Y es dentro de ese contexto que el gobierno de Morales acuerda con la OEA realizar una auditoría sobre las elecciones. De hecho, la Secretaría General de la OEA y el gobierno de Bolivia firman el acuerdo para hacer un análisis de integridad de las elecciones.En el acuerdo «se estableció que el gobierno garantizaría todas las facilidades para el cumplimiento de la auditoría al cómputo oficial de las elecciones, así como la verificación de actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia». Para tales fines, las autoridades bolivianas brindarían a los expertos de la OEA acceso a las informaciones sobre los comicios.
Auditoria que fue rechazada por el ex candidato Carlos Mesa, por haber sido acordada unilateralmente entre la OEA y el gobierno de Morales. Señaló: «nosotros no aceptamos la auditoría pactada unilateralmente (…), dado que se requiere de la participación de representantes de la sociedad civil».
La auditoria, concluye, que hubo irregularidades en las elecciones y en algunos apartes afirma: «Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser investigadas por el Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave» (….) y «la existencia de actas con alteraciones y firmas falsificadas que impactan la integridad del cómputo oficial».
El presidente Evo en una alocución convocó a nuevas elecciones, una manera de aceptar que hubo fraude. Pero ¿por qué luego Evo Morales sale a decir que la OEA es golpista? Finalmente, ese mismo Tribunal Constitucional que refrendó la reelección de Evo, es el mismo que ahora avala el nombramiento como mandataria a la senadora Jeanine Áñez, con la tesis del principio de continuidad en el funcionamiento del órgano ejecutivo (…) no debe verse suspendido» y sustentó su tesis que, como había unas vacantes en la línea sucesoral, concluyó el tribunal, no hace falta «ley ni resolución del parlamento para que se produzca la sucesión”.
Tomado de América Economía