El gran pacto territorial

 El gran pacto territorial
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Juan José Illingworth (columnista)

El camarón y el banano representan más de 3.000 MM de ingresos anuales, cada uno; junto con los productos del mar, cacao y café suman el 70% de las exportaciones no petroleras; las flores: apenas el 7%. Sin embargo, oficialmente Quito ya proclama ser “la capital política y económica” del país”. ¿De dónde? De lo que ellos llaman “la capitalidad”, otra manera de decir “de los demás”. Veamos.

Según cifras oficiales del PAI (Plan Anual de Inversión) (Senplades). En 2016 y 2017 se invirtió un total de 10,458 MM de USD, de los cuales en Pichincha el 50%, o sea, lo mismo que en las 23 provincias restantes juntas. El Gobierno Central le debe cientos de millones a la Junta y a Solca, a los gobiernos locales en IVA que es de ellos. Legalmente no es una deuda, sino una apropiación de lo ajeno: el dinero no debería ir a Quito para dizque regresar algún día, sino quedarse en la billetera de su dueño, pero la cuenta única es así, quita recursos en provincias y se los lleva a la capital, la carita de Dios. Y, en un desenfreno sin límites, su alcalde pide más: más metro, más metroférico, más estadios.

Recientemente constaté que en Quito esta visión no se limita a los políticos: fui entrevistado por un simpático e inteligente quiteño que tiene un programa por internet, medio que ha tomado la posta a la TV tradicional. Allí el periodista narró el drama de cómo unos días de más en el diagnóstico del hospital habrían sido decisivos en el fatal desenlace para un familiar cercano. El mismo periodista, minutos antes, había considerado como insignificantes y como mero dato estadístico los 3 años de vida menos que en promedio tenemos en casi toda la Costa (Guayas, Manabí y Esmeraldas 75 años, Los Ríos 74 años) con relación a Pichincha (78 años), diferencia que en gran parte se explica no por el ADN o por entornos especiales, como Vilcabamba, sino por la precaria situación en la que el centralismo mantiene a hospitales y carreteras “de provincia”. En teoría, el modelo central y los quiteños son dos cosas distintas; en la práctica, parecería que en la capital viven en una burbuja, no conocen la alteridad. Así las cosas, difícilmente en el 2021 Quito apoyará el reemplazo del modelo concentrador y burocratizado por uno eficiente y equitativo. Todo apunta a que votarán por cualquiera que imaginen mantendrá sus privilegios.

El sector público es un gran botín con dos dueños: los políticos (transitorios) y los burócratas (permanentes). ¿Cómo reconciliar el despilfarro público que poco bueno genera, con el enorme sacrificio de pagar impuestos y soportar tan precarias situaciones? ¿Quién pedirá nuestro voto sin estar dispuesto a enfrentar al pulpo de mil tentáculos?

Desde Montecristi se eliminó a las autoridades portuarias y los organismos de desarrollo regional en Sierra, Costa y Oriente; ahora los temas de puertos y cuencas de agua se manejan en las montañas. Se prohibió a los municipios aportar con libros e infraestructura en salud y educación. Se concentraron el poder y los recursos de manera casi absoluta, a gusto de quien dictatorialmente dominó todas las funciones del Estado.

Pronto querrán extraernos más dinero para pagar los vencimientos de sus deudas y festines, pero la gente está ya cansada y los votantes castigarán a los responsables de mantener el modelo vigente.

La opción política es impulsar una “revolución de los cantones” que desemboque en un gran pacto territorial para reconfigurar la nación, uniendo la diversidad ecuatoriana mediante la autonomía y la equidad. En la transición, lo mínimo es enterrar la Constitución actual, mediante una consulta popular que restablezca la que estaba vigente antes del absolutismo concentrador.

Tomado de El Universo

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