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Jorge Alvear Macías

Ha causado entusiasmo ciudadano la detención de doña Pamela Martínez, cercana colaboradora del expresidente Correa. Habría la posibilidad de terminar con al menos diez años de impunidad de funcionarios públicos y empresarios que, despreciando la ley, se enriquecieron con dineros del Estado. Las primeras declaraciones de Martínez involucrarían en varios delitos a Correa, a sus altos exfuncionarios y de gobiernos seccionales; delitos configurados por el uso de dineros no declarados en campañas electorales, que incluían fondos públicos.

Todo tiene relación con los casos ‘Arroz Verde 502’ y ‘Lucas Majano’, gracias a investigaciones de los periodistas Christian Zurita y Fernando Villavicencio; y, aunque parece que la Fiscalía trabaja para llegar a concretar acusaciones que logren sentencias condenatorias justas y efectivas, persiste el temor de que esto termine solo en ruido de pocas nueces.

Algo similar aconteció en Guatemala, con un sistema diseñado para evadir el control electoral y así fondear de manera anónima las campañas de los candidatos oficialistas. Pero la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ayudó a la Fiscalía a detectar el financiamiento ilícito y procesar penalmente con pruebas efectivas a los involucrados; concretamente, a los que se beneficiaron en el proceso electoral del 2015, cuando fue elegido el actual presidente Jimmy Morales, también vinculado a la investigación.

Fue determinante la capacitación de la Cicig al personal del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE), con métodos y herramientas de investigación que incluyeron el análisis financiero para detectar lavado de activos en el aporte electoral ilícito.

El comisionado Iván Velázquez, jefe de la Cicig, recientemente declaró a la prensa internacional que el financiamiento electoral ilícito constituye el origen de la corrupción y de la cooptación del Estado. Por ello, más de la mitad de guatemaltecos que respaldan a la Cicig entienden que las ilegales aportaciones –especialmente con dineros del Estado– afectan gravemente el derecho a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones.

Allá los aportes ilegales fluyeron a través de negocios dentro y fuera del país, con “empresas de cartón” que facturaron sumas millonarias provenientes de sobornos, mediante la simulación de servicios a constructores de obras públicas. No sería raro que acá se haya copiado tal ‘mecanismo’.

Hay que destacar el exitoso procesamiento judicial de los responsables del financiamiento ilegal de la última campaña electoral en Guatemala, logrado con el convenio entre la Cicig y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fue un giro a la frecuente falta de voluntad de las altas autoridades del Estado para combatir la corrupción desde la raíz.

A la par, el Ministerio Público guatemalteco investigó con la Cicig los casos ‘Lavado y Política’ y ‘Construcción y Corrupción’, logrando identificar y acusar fundamentalmente a organizaciones políticas beneficiadas con dineros de origen “dudoso” y también a empresarios aportantes de dineros no declarados en la campaña. Estos pretendían continuar enriqueciéndose en negocios con el Estado, pues la rentabilidad de la “inversión” desembolsada retornaría a través de la contratación pública.

El CNE podría intentar un convenio similar con la Cicig, para cumplir eficazmente su obligación de entregar contundentes pruebas a la Fiscalía. Al fin y al cabo ¡la corrupción tiene el mismo rostro…!

Tomado de Diario El Universo

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