El dedo en el gatillo

 El dedo en el gatillo
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Antonio Ayoví Nazareno (columnista)

La inseguridad en Ecuador llegó a niveles alarmantes. Los ciudadanos temen salir a la calle, mandar a los niños a la escuela, ser atracados tras las rejas de sus casas, buses, playas; ser víctimas de femicidio, secuestro, sicariato, etcétera. El pánico genera cierto respaldo popular al llamado de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, a que la policía dispare de ser necesario ante determinados actos criminales. Ojalá esto no sea interpretado como vía libre al uso indiscriminado de la fuerza. Muchos se preguntan si la reacción desplazó a la prevención social en este tema y cuándo el país contará con dotación policial suficiente para garantizar protección. Sectores más radicales promueven el porte de armas. Esto podría abrir una caja de Pandora en una nación en plena depuración institucional e inducir a que pobladores y malhechores gatillen por doquier, ante la policía presionada a realizar su trabajo de manera profesional.

Aristas económicas, políticas, psicosociales, entre otras, configuran la delincuencia germinada en una sociedad de valores distorsionados y mucha juventud confundida, perdida en drogas, víctima, victimaria y abono del crimen. Además de acciones inmediatas, se debe apostar a la prevención como herramienta esencial de mediano y largo plazo para minar este flagelo. Urge mejorar el empleo, la salud, masificar la cultura, el deporte; cambiar esa percepción ciudadana del delito institucionalizado; se necesita fortalecer el tejido social, la movilidad económica, generar buena convivencia; es decir, atacar el problema de raíz.

Repudiables esos intentos de relacionar la actividad criminal con la inmigración, promoviendo xenofobias para ocultar síntomas sociales propios agudizados por la crisis. Datos estadísticos neutralizan esos intentos. Se precisa mano firme contra la delincuencia sin excepción, pero dentro del marco legal y convenios previstos. La historia nos recuerda en qué desembocan la cacería de brujas, el discrimen étnico, religioso, de nacionalidad u otros. La lucha contra el delito no se gana apostando a más medidas reactivas, sino con políticas públicas preventivas enfocadas a la protección integral y al cambio de conducta que combatan los factores sociales de riesgo. También es imperativa una rehabilitación real de las personas privadas de libertad y su reinserción laboral una vez cumplidas sus penas.

El problema de la seguridad ciudadana y la delincuencia no resiste improvisaciones ni demagogias, sino medidas eficaces de todas las instituciones del Estado para brindar una protección civil adecuada, perfeccionar los procedimientos, mejorar la tecnología de vigilancia, afirmar los valores en la juventud, mejorar la situación económica, estimular el empleo que permita restablecer la tranquilidad nacional. Requerimos de un nuevo contrato social que posibilite recuperar la civilidad sin potenciar la barbarie. Ante mayor educación, cultura, seguridad, trabajo, equidad, mejor salud mental de la población y menos dedos en el gatillo.(O)

Tomado de diario El Universo

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