El cura Tuárez y otros
Roberto Aspiazu (columnista)
La reinstitucionalización del país, la reactivación económica y la lucha contra la corrupción son los principales ejes de la agenda política, todos relacionados a la necesidad de resolver problemas heredados del correísmo, cuyo influjo en la vida nacional sigue siendo un problema crónico.
Las actividades del CPCCS, presidido por el sacerdote José Tuárez, han comenzado con pie izquierdo, luego de las graves acusaciones que pesan en su contra por haber falseado su hoja de vida, atribuyéndose funciones directivas que jamás habría ejercido. Amén de esa declaración desafortunada donde decía, con arrogancia y prepotencia, que solo conversaría con quienes son tan importantes como él. La disculpa pública no satisface, tratándose de un personaje que debería ser modelo de humildad cristiana.
Entretanto, hay dudas sobre la legalidad de su elección toda vez que la Ley Orgánica del CPCCS prohíbe, en su artículo 21 literal 10, la posibilidad de que militares, policías y “representantes de culto” puedan ejercer como consejeros. El CNE debe una explicación sobre la validación de la candidatura del cura Tuárez.
Un aspecto secundario ante el inconveniente de fondo que es la permanencia del CPCCS, una institución creada para cooptar los principales poderes del Estado, simulando un activo rol de participación ciudadana y control social.
El Consejo tiene que desaparecer y cuanto antes mejor. No se lo necesita, y resulta preocupante que, en su afán de legitimarse y ganar credibilidad, vaya a complicar con sus actuaciones el proceso de reinstitucionalización en marcha, que dejó encauzado, con acierto, el anterior.
El Comité por la Institucionalidad Democrática que lidera el exconsejero Pablo Dávila tiene el cometido de recoger 125.000 firmas para iniciar el trámite de la consulta popular, que deberá pasar por la validación del Consejo Nacional Electoral y de la propia Asamblea Nacional. Desde la ciudadanía, viene sumando adhesiones para desaparecer a ese mamotreto de institución, que solo sirvió para cohonestar el nombramiento de autoridades de control afines al poder.
La revisión de la tasa de crecimiento económico del Banco Central para 2019, de 1,4% a 0,2%, estaba dentro de pronóstico. La transición de un modelo de desarrollo dependiente del gasto público a uno basado en la inversión privada es un proceso trabado por la virtual quiebra del erario nacional y un estado de sobreendeudamiento público que se va poniendo en orden.
El reciente canje/recompra de bonos por 1.500 millones de dólares es un primer paso en términos de ir reperfilando la deuda, en mejores condiciones de plazo y tasas de interés, con soluciones de mercado, afianzadas por el apoyo del acuerdo con el FMI y los organismos multilaterales.
De forma insólita un cuaderno de 38 fojas, donde se entremezclan reflexiones religiosas y pensamientos jurídicos, con anotaciones contables de dinero recaudado para fines electorales de Alianza PAIS, permitió contrastar, de forma irrefutable, la validez de la denuncia del caso Arroz Verde.
Los granos de arroz de la receta no han sido sino dólares de ilícita procedencia, no solo de Odebrecht y otras empresas contratistas del Estado, sino también de instituciones del sector público, incluidos fondos en favor de la reconstrucción de Manabí.
El corolario es que personajes del correísmo, como el exasesor jurídico Alexis Mera y la exministra María de los Ángeles Duarte, encaran al fin una justicia que había sido indulgente y permisiva con los capitostes del régimen anterior. La llegada de Diana Salazar al frente de la Fiscalía pone fin a un largo período de impunidad.
Tomado de Diario El Universo