Dos grupos ‘batallarán’ por reunir firmas para consulta que busca eliminar al Consejo de Participación Ciudadana
En los próximos 180 días, dos agrupaciones –una política y otra de la sociedad civil– recorrerán las calles compitiendo por recoger, cada una, firmas ciudadanas para impulsar dos consultas populares con tres objetivos, pero solo uno en común: reformar la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El movimiento político Ahora y el ciudadano Comité por la Institucionalización por la Democracia no se unificarán para recoger más de 132.000 rúbricas que respalden su propuesta de reforma parcial a la Constitución para eliminar el CPCCS, que es el único punto en el que coinciden.
Ahora plantea eliminar el Consejo, y que sea la Asamblea Nacional la que elija a las autoridades de control del Estado. El Comité, que lidera el exvocal del CPCCS transitorio, Pablo Dávila, quiere que se elimine el Consejo, pero que se implemente una Cámara Bicameral en la Función Legislativa que asuma la atribución de designar autoridades; y, que la Fiscalía General sea independiente de la Función Judicial.
A los dos grupos, la Corte Constitucional (CC) les dio una respuesta favorable a sus iniciativas aplicando el artículo 442 de la Constitución.
Ayer, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó con cinco votos la entrega del formato para la recolección de firmas para que Ahora empiece el proceso. El jueves pasado aprobó la del Comité.
Ese día, Michael Aulestia, presidente del grupo, dijo que “declinarían” su iniciativa, y unirse al Comité. Pero horas después esa postura varió.
Ayer confirmó que promoverán sus postulados “independientes”, pues Dávila les respondió que su propuesta “no es gubernamental, es apartidista”, y que si quieren sumarse a ellos sería a sus lineamientos, no a una “unificada”.
“Hemos dado la apertura para unificar propuestas, pero no hemos recibido una respuesta positiva. Que sea la ciudadanía la que decida”, expresó Aulestia.
Este Diario (El Universo) solicitó un pronunciamiento de Dávila, pero no hubo respuesta.
El tercer inciso del artículo 192 del Código de la Democracia establece que si hay una propuesta en trámite de reforma constitucional en la Asamblea Nacional no podrá tramitarse otra.
Entonces, “la primera que llegue a la Asamblea será la tramitada”, advirtió Aulestia.
Según el Código, una vez que el proponente cumpla con el requisito de las firmas, el CNE notificará al Parlamento para que corra el plazo de un año para tratar la reforma.
Si no la tramita en ese plazo, los grupos solicitarán al CNE que convoque a consulta.
La iniciativa se tramitará en al menos dos debates en el Parlamento. El segundo se harán 90 días después del primero.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo ayer que dependerá del tratamiento que el Legislativo dé a las propuestas para que (de cumplirse los requisitos legales) las papeletas para el referéndum sean incluidas en los comicios generales del 2021.
Fuente: El Universo