Dictan prisión para Virgilio Hernández en audiencia de vinculación por rebelión
Virgilio Hernández, exasambleísta y hombre cercano del expresidente Rafael Correa, reapareció este 5 de noviembre del 2019 en la Corte de Justicia de Pichincha para recibir orden de prisión preventiva. El juez Julio Arrieta acogió el planteamiento de la Fiscalía, que lo vinculó al caso penal por el cual también se encuentra detenida la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.
El 14 de octubre pasado, Pabón fue capturada por agentes que allanaran su domicilio en Quito, por un pedido de la Fiscalía, que la investiga por presunta rebelión durante las protestas contra el Decreto 883, que finalmente fue derogado, y provocó violencia entre el 3 y el 13 de octubre en Ecuador.
Entre los elementos de convicción presentados por el fiscal Alberto Santillán en contra de Hernández constan las escuchas de llamadas telefónicas entre los procesados, en las que «disponían salir al paro y armarse con instrumentos de defensa para ocasionar actos violentos, y que determinaron que trataban de subvertir al pueblo».
El pasado 14 de octubre, la Fiscalía y la Policía también allanaron el domicilio de Virgilio Hernández en Quito. Entonces, el exfuncionario de Gobierno no fue hallado en su casa.
Este martes, el fiscal Santillán se refirió a lo encontrado en los allanamientos ejecutados esa madrugada. En el operativo se decomisaron dinero en efectivo, banderas y otros elementos que, al parecer, se utilizaron durante el paro nacional.
Hernández había dicho la semana pasada, a través de redes sociales, que acudirá a la audiencia de vinculación de cargos, una vez que la Fiscalía confirmó que la diligencia se realizaría a las 14:00 de este martes 5.
A la llegada de Hernández a la Corte de Pichincha, un grupo de personas, entre ellos legisladores correístas como Pabel Muñoz y Marcela Aguiñaga, lo respaldaron.
La sola acusación de rebelión debería ser un hecho para que todo el mundo se dé cuenta que es un montaje”, dijo Virgilio Hernández, al llegar a la diligencia.
Según el Código Penal (art.- 336), el delito de rebelión se sanciona con cárcel de 5 a 7 años.
Este ilícito se configura cuando “una persona se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia”.
La audiencia de Hernández se desarrolló de forma reservada.
Fuente: El Comercio Ec.