Autoridades legislativas creen que el juicio político contra Diana Atamaint debe pasar al Pleno

 Autoridades legislativas creen que el juicio político contra Diana Atamaint debe pasar al Pleno
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Las tres principales autoridades de la Asamblea, César Litardo, César Solórzano y Patricio Donoso, consideran que el juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, debe pasar al pleno.

Los tres coinciden que hay algunos temas que preocupan y que fueron denunciados durante el procesamiento del juicio político planteado por los asambleístas Jeannine Cruz y Fernando Flores (CREO), que algunas revelaciones de los testigos fueron “contundentes”, por lo que deben ser conocidas en el pleno que luego decidirá si la funcionaria debe ser destituida y censurada.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johana Cedeño (AP), anunció que pedirá una ampliación de plazo para revisar más de 8000 fojas que se presentaron como pruebas de cargo y de descargo, y el informe estaría listo hasta el próximo jueves.

Insistió en que el proceso está “bien sustanciado”, y que llevará tiempo elaborar el documento para conocimiento del pleno. Hasta el momento se ha levantado el 85 % de las comparecencias de testigos.

“El juicio ha sido bastante documentado y las partes han hecho lo que corresponde. El informe estaría listo el jueves de la próxima semana”, dijo.

Otras coincidencias entre las autoridades es que la vigencia de las reformas al Código de la Democracia y la cercanía de la declaratoria del periodo electoral para los comicios del 2021 “no blindan” a Atamaint, pues son momentos distintos y el proceso de interpelación se inició semanas atrás.

Litardo señaló que en el proceso ha visto con mucha preocupación varias intervenciones como las de algunos vocales del CNE, “que han denunciado públicamente un supuesto reparto de las administraciones provinciales”, y de Luis Loyo, exfuncionario electoral, “una persona privada de la libertad que hace una declaración virtual y dice cuál fue el proceso para su designación, cuando una consejera recomienda a la presidenta su nombre, y esto se puede juzgar como un tráfico de influencias”.

“Desde mi perspectiva este juicio debe pasar al pleno, y ahí conocer lo sucedido, y de ser necesario ver si otros consejeros puedan ser enjuiciados”.

El primer vicepresidente, César Solórzano (BIN), dijo que hay motivos para que el proceso pase al pleno. Y advierte que en la toma de decisiones actuó una mayoría de vocales, por lo que el juicio político debió ser a los cinco consejeros.

Patricio Donoso (CREO), segundo vicepresidente, dijo que es necesario que el país conozca lo que pasó realmente en las elecciones del 2019. (I)

Fuente: El Universo

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