Según Cedatos, 68,3% de la población aprueba juicio político a José Carlos Tuárez.
El criterio es mayoritario. El 68,3% de ciudadanos está de acuerdo con el juicio político en la Asamblea al cura José Carlos Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), mientras que el 64,9% está de acuerdo con la eliminación de ese organismo, tal como lo planteó el 24 de julio del 2019 el Comité por la Institucionalización Democrática, en Quito. Así lo difundió la encuestadora Cedatos.
Tuárez deberá acudir este lunes 29 de julio del 2019 a la Comisión de Fiscalízación, que lo citó, al igual que a los consejeros Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio, para que presenten sus pruebas de descargo en el proceso de juicio político por un supuesto incumplimiento de funciones en el Cpccs.
Para interpelarlos se presentaron tres pedidos en la Asamblea Nacional. El primero fue del legislador independiente, Fabricio Villamar, en contra de Tuárez. El asambleísta considera que el consejero no tiene probidad para el cargo, con base en las denuncias sobre inconsistencias en su postulación.
Se prevé que el titular del Cpccs responda sobre los cargos que ocupó y constan en su hoja de vida; además de su presunta afiliación al Partido Socialista Ecuatoriano.
Tuárez también es cuestionado por postular al Cpccs, sin detallar su calidad de sacerdote dominico.
El segundo pedido de juicio político lo impulsó la denominada coalición legislativa. El argumento fue un supuesto desacato, cuando los cuatro consejeros del Cpccs aprobaron la conformación de una comisión para revisar la designación de la Corte Constitucional (CC), efectuada durante la etapa de transición.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aceptó a trámite un tercer pedido de juicio político, presentado por Raúl Tello (BIN). El proceso apunta a Tuárez y Gómez, por presunto proselitismo político.
En la última sesión del Cpccs, el consejero Gómez aseguró que está listo para asistir a la Asamblea. Sostiene que “no hay argumentos para una eventual censura”.
Tuárez, en cambio, anunció que agotará todas las instancias legales en el país, antes de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en caso de ser removido de su cargo.
La Comisión de Fiscalización tiene plazo hasta el 8 de agosto del 2019 para elaborar su informe. El documento deberá ser remitido al presidente de la Asamblea, César Litardo, con la recomendación de juicio político o archivo del caso.
Fuente El Comercio Ec