Una de cal, otra de arena

 Una de cal, otra de arena
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Por: Walter Spurrier Baquerizo

El triunfo de Lasso hizo maravillas para defender la dolarización. Mientras que Arauz era el favorito, la Asamblea rechazó sucesivos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo para defenderla, con la expectativa de que Correa volvería a través de su ungido. Derrotado Arauz, el último proyecto fue aprobado con cambios minúsculos.

Los asambleístas tornaron más estrictos los requisitos para los miembros de las juntas financiera y monetaria, para que no sean tan cercanos en su relación con la banca. Redujeron a 3 el número de los integrantes de cada junta y sus períodos a 4 años.

Introdujeron un cambio en las tasas de interés. El proyecto dispone que la Junta Monetaria establezca las tasas de interés y que el Banco Central las monitoree con fines estadísticos (artículo 31). La Asamblea dispuso que sea la Junta Financiera la que fije las tasas máximas (artículo 11). Responsabilidad compartida.

Lo medular se conservó. Se eliminó el concepto de dinero electrónico, el que le hubiera permitido a Arauz emitir, y se prohíbe que el Banco Central financie al sector público, incluso a la banca estatal. Hoy las bóvedas del Central rebosan de papeles del Estado carentes de liquidez, a cambio de los cuales el Central entregó al correato unos $ 8.000 millones de dinero del público, que los bancos estuvieron obligados a depositar en el Central.

Adicionalmente, el balance del Central tiene que retomar el sistema anterior de cuatro segmentos. En el primero estarán las cuentas líquidas: como pasivos los depósitos del público, totalmente cubiertos en el activo con dinero en efectivo y papeles de venta inmediata, como bonos del tesoro estadounidense. Esto podrá cumplirse cuando el Gobierno devuelva la plata; hay una transitoria que le da plazo hasta 2026. Pero la Asamblea no estuvo satisfecha con aprobar una ley para fortalecer la economía. Borró con el codo lo que hizo con la mano, aprobando una ley demencialmente generosa a favor del magisterio, cuyos costos están fuera del alcance del fisco y del IESS de cubrir. El presidente saliente se lavó las manos y le puso el ejecútese.

Por ley, el sueldo mínimo de los maestros del más bajo de diez escalafones se lo fija e indexa al SBU: dos y medio veces, lo que hoy da $ 1.000 y que para fines del gobierno de Lasso estaría en $ 1.250. El IESS deberá cobrar el Estado retroactivamente desde al menos una década atrás, por aportes y fondos de reserva por la afiliación que no se dio de educadores comunitarios y populares. Se ordena incorporar a los maestros despedidos durante la emergencia sanitaria.

Cómo va a cubrir estos costos un fisco con déficit galopante es algo que no interesó a los legisladores.

La jubilación de los maestros será a los 25 años de labores, por lo que tendremos maestros jubilados recibiendo pensiones durante 30 años o más.

La ley es tan excesiva que hay que hacer como Alejandro Magno ante el nudo gordiano: no desatarlo, sino propinarle un tajo. Habrá que buscar la inconstitucionalidad, porque se crearon gastos sin disponer su financiamiento. La alternativa es subir el IVA de 12% a 18%, informa el ministro Pozo. Como el acuerdo con el FMI ya contemplaba subirlo al 15%, entonces el alza sería a 21%. Los mejores sueldos vendrán atados a más capacitación y de acuerdo con disponibilidades fiscales, no como navidades en abril. (O)

Tomado de diario El Universo

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