"Un alto costo humano" tuvieron protestas en Ecuador, afirma comisionada Bachelet

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró este viernes que los disturbios de octubre pasado en Ecuador «tuvieron un alto costo humano», según un comunicado subido en el sitio web del organismo.

Bachelet instó a todos los actores en Ecuador a que dialoguen para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica. «Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia», declaró la también expresidenta de Chile.

La funcionaria pidió que se lleven a cabo investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador – incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias – y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las protestas que tuvieron lugar del 3 al 13 de octubre pasado. 

Observación en campo

La Oficina de la Alta Comisionada detalla que -por invitación del Gobierno ecuatoriano- envió una misión que permaneció en Ecuador del 21 de octubre al 8 de noviembre, para recopilar información de primera mano e identificar posibles abusos y vulneraciones de derechos humanos ocurridos en el contexto de las protestas.

La misión se entrevistó, entre otros, con funcionarios del gobierno y con representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario y empresarios. En total, la misión realizó 373 entrevistas, de las que 83 fueron con víctimas individuales. El equipo estuvo además en tres centros de detención y realizó visitas sobre el terreno Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas. 

Según informaciones recibidas por el equipo, durante los 11 días de disturbios sociales, al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de detenidos ascendió a 1.382. Hay denuncias de que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente, se indica en el comunicado.

El equipo recibió informes procedentes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza. Los agentes del orden incluyeron a la Policía y a los militares, estos últimos desplegados tras la declaración del estado de excepción.

Según la Oficina de la Alta Comisionada de ONU, víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes. «El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes», se destaca en el informe.

Bachelet reconoció que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones respectivamente, pero también hace hincapié en la «importancia de que se indaguen las circunstancias que rodearon a todas las muertes y los casos de heridos graves». También recalca la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales.

Manifestantes violentos

En el informe también se destaca que algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar a la violencia y de ejercerla. Durante la jornada se dieron disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra docenas de ambulancias, incendios intencionales, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, y daños a instalaciones de producción de petróleo. Según datos gubernamentales obtenidos por la Oficina de la Alta Comisionada, más de 400 agentes de la policía y militares fueron retenidos contra su voluntad, y en varios casos fueron sometidos a vejaciones y malos tratos.

Según las cifras suministradas por entidades de la sociedad civil, hubo más de 100 agresiones a periodistas, realizadas tanto por las fuerzas de seguridad como por los manifestantes. La señal de algunos medios de comunicación fue cortada, especialmente en El Arbolito, en Quito, el 10 de octubre, y una de sus sedes fue allanada por la policía, lo que apunta a un esfuerzo deliberado de restringir su capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión y opinión. Grupos violentos incendiaron parte del edificio de Teleamazonas y atacaron con violencia el diario El Comercio.

En diversas ocasiones, individuos no identificados, ajenos a los organizadores de las protestas, incitaron a la violencia o realizaron actos violentos. El equipo de la ONU recibió información de que la Fiscalía ha iniciado investigaciones sobre estos casos.

Bachelet pidió a las autoridades que se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros, así como a los periodistas y opositores políticos, para evitar exponerlos a riesgos adicionales.

Detenciones

El informe del grupo de la ONU destaca que otro patrón inquietante que encontró fue el gran número de detenciones presuntamente arbitrarias. Se indica que durante toda la crisis se realizaron arrestos masivos y, en varios casos, se efectuaron sin pruebas concretas contra los detenidos. Las víctimas y los testigos declararon al equipo que durante los arrestos les habían infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, hay denuncias de que en muchos casos no se observó el debido proceso.

«El Gobierno debería velar porque a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales como consecuencia del arresto. Por la misma razón, quienes sí han sido imputados deberían obtener un juicio justo y un trato acorde a la normativa internacional», afirmó Bachelet. 

La Oficina de la Alta Comisionada recomienda al Gobierno ecuatoriano que promueva una estrategia de participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos y vele porque esta sea implementada. (I)