Tres versiones ratifican el sistema de sobornos

 Tres versiones ratifican el sistema de sobornos
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El 19 y 20 de agosto de 2019 fueron dos días clave para la investigación de los supuestos sobornos que involucran al expresidente Rafael Correa y a la cúpula de su gobierno. El lunes 19 de agosto, Luis Osorio, gerente de Compuvisión, dio su versión sin juramento a la Fiscalía General del Estado.

En esa declaración aseguró que en diciembre de 2013 fue contactado por la Gobernación del Guayas para la dotación de tarimas, pantallas LED, audio y producción de eventos. La intención era que participara en la campaña electoral de la exgobernadora Viviana Bonilla, quien buscaba la Alcaldía de Guayaquil.

Luis Osorio recordó que ganó el contrato para levantar esos mítines. En total, trabajó en 14 eventos políticos. Sin embargo, dijo, el pago no salió de las cuentas de la Gobernación ni de Alianza PAIS, sino de una empresa privada.

Esta compañía está en la lista que entregó la exasistente presidencial, Laura T., dentro de la estructura de aportes para el fondo secreto que manejaba Pamela M., la exasesora de Rafael Correa.

Según la investigación de la Fiscalía, hay 3.000 registros entre ingresos y egresos, que evidencian el manejo de por lo menos $15 millones desde 2012 hasta 2016. De esta cifra, $ 6 millones fueron entregados en efectivo para evadir cualquier control en el sistema financiero. Mientras que el rubro más grande, $ 9 millones, se hizo a través de cruce de facturas.

Por eso, para el Ministerio Público también es importante la versión que entregó otro empresario, Teodoro Calle, de Técnica General de Construcciones (TGC). Él acudió a la sede de la Fiscalía el martes 20 de agosto de 2019 y en su declaración aseveró que se negó a contribuir en las campañas de Alianza PAIS.

Por eso aseguró que los exministros María de los Ángeles D. y Walter S. presuntamente lo chantajearon con la amenaza de paralizar los pagos a favor de su compañía en caso de negarles su apoyo.

Ante esto, Calle sostuvo que fue obligado a financiar la inauguración de obras en Río Verde, en la provincia de Esmeraldas. Él entregó como evidencia seis fotografías de los eventos que pagó.

Según su declaración, fueron “sendas inauguraciones realizadas por las empresas y el Ministerio de Transporte donde se pueden apreciar  la magnitud de las fiestas y despilfarros (…) exigidos  a través de chantajes”.  

Su abogado Jorge Acosta confirmó la versión que dio Teodoro Calle, sobre el presunto chantaje que involucra a los dos exministros.

María de los Ángeles D. no respondió el pedido de este Diario sobre la declaración del empresario Calle. En este momento ella se encuentra con medidas cautelares que le impiden la salida del país y le obligan a presentarse periódicamente en la Corte.

Walter S. no se encuentra en el país. Desde 2017 él evade la justicia por su acusación en el proceso penal de Odebrecht y este es otro caso penal en su contra.

Marcelo Dueñas, quien trabaja en la defensa de Viviana Bonilla, aseveró que no conoce sobre la versión que proporcionó Osorio a la Fiscalía. Señaló que la analizará para dar una repuesta sobre el tema.

Pero las declaraciones de Osorio y Calle no son las únicas. En julio pasado, Alonso Guerrero, gerente de la compañía Ecosonido, también sostuvo que dos empresas pagaron por los servicios que brindó a Alianza PAIS.

Él recordó que organizó  eventos a escala nacional para el movimiento político del exmandatario. Según los archivos de la investigación, el nombre de su empresa aparece desde 2013 a 2014.

En su declaración en el Ministerio Público reconoció que dos pagos no fueron hechos por esa organización política, sino por  empresas con las cuales no tenía ninguna relación.

La Fiscalía este momento realiza un peritaje para verificar este pago de proveedores a través de cruce de facturas. Uno de los trabajos es una inspección a los archivos contables de las compañías señaladas en el archivo.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) también emprende su propia indagación. La entidad abrió procesos de control tributario a 97 empresas y 57 personas, quienes tendrían una relación con este cruce de facturas.

Un balance preliminar del SRI señala que el perjuicio al Estado llegaría a los 41.3 millones de dólares.

Fuente El Telégrafo 

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