Trabajadores y empresas tienen reparos a Ley Orgánica de Apoyo Humanitario

 Trabajadores y empresas tienen reparos a Ley Orgánica de Apoyo Humanitario
Digiqole ad

Ni trabajadores ni empleadores están conformes con la propuesta del Gobierno, plasmada en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, presentada a la Asamblea con carácter de económico urgente. En ella se plantea una contribución temporal para los trabajadores y otras personas naturales y, por una sola vez, para las empresas. Diferentes representantes gremiales advierten que será perjudicial para la liquidez que se requiere en momentos de contracción, e incluso que podría haber un estallido social.

Desde los servidores públicos, que representan al país un gasto aproximado de $10 000 millones anuales en salarios, no están dispuestos a que en medio de la pandemia se les afecte por dos vías. Así indica Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador. Por un lado, el Ministerio de Finanzas, atribuyéndose facultades que son del Ministerio del Trabajo, decide que no haya renovaciones de los contratos ocasionales. Esto generaría al menos 15 000 despidos, comenta.

Explica que de las conversaciones con el Gobierno se había dicho que se podría colaborar, pero con la garantía de que no haya despidos. Cree que el régimen está aprovechando esta circunstancia para rebajar los sueldos de un sector de manera permanente, pues el proyecto indica que se les bajará 10 % a los servidores de la Función Ejecutiva que ganen más de $1000. “En la práctica es quitarles el décimo tercero”.

Para García, lo correcto para ahorrar en masa salarial era establecer una sola escala salarial media para todo el sector. Ahora hay tres y la más alta es la de empresas públicas.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha sido cercana al correísmo y luego al morenismo, tampoco hay acogida a las propuestas. Hoy harán su pronunciamiento y Richard Gómez no descarta que se haga un llamado a las demás centrales sindicales a rechazar la pretensión de que sean los trabajadores quienes paguen la crisis. Sostiene que la liquidez necesaria se debería conseguir de los dineros que tiene el sector privado, especialmente el financiero, en el exterior. Asegura que las medidas solo van a generar un estallido social, que puede salirse de las manos del Gobierno.

Entre tanto, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, considera inadecuada la propuesta en dos temas puntuales. “No estamos de acuerdo con la contribución del 5 % de las utilidades ya que la situación de las empresas es muy complicada. Contraviene la necesidad de darles liquidez a las empresas”. Indica que por la pandemia hay una baja de ventas de entre el 50 % y el 70 % y que sectores como turismo, construcción y floricultura pueden haber tenido un desempeño positivo en 2018, pero ahora no estarían en condiciones de contribuir. El Gobierno busca “tapar un hueco abriendo otro más grande”. Dice que los recursos pueden conseguirse de un recorte importante del sector público.

Por otro lado, le llama la atención una disposición de la ley que extiende por 60 días la cobertura de la medicina prepagada incluso si no se ha pagado la póliza. Le resulta excesivo, pues en la ley vigente ya existe una disposición similar que permite 90 días de mora. Entonces, la propuesta en la práctica estaría permitiendo cinco meses de no pago. (I)

Fuente: El Universo

Digiqole ad

Artículos relacionados

Leave a Reply