La última vez que se refirió a la situación que enfrenta en la Legislatura se dio el pasado 1 de marzo del 2022. A través de un mensaje difundido en redes sociales, acusó al correísmo de buscar repetir “una vieja historia de atropellos” en su contra.  

Aludió a que en el primer año de Gobierno de Rafael Correa fue encarcelada por supuesto sabotaje y terrorismo al haber organizado una huelga contra las empresas petroleras en Dayuma, en la provincia de Orellana, de la que fue prefecta por tres periodos.  

“Mi delito fue oponerme a sus abusos y a sus excesos. Soporté injustamente durante casi un año el infierno de la cárcel. Ninguna de las falsas acusaciones con las que pretendieron callarme pudieron ser probadas, al contrario, la justicia me declaró inocente y fui liberada”, dijo. 

La presidenta retomó el guion del jueves pasado, cuando después de que su presidencia fuera apelada por el correísmo y el PSC suspendió la sesión y acusó a estas bancadas de pretender “tomarse por asalto la Asamblea”, el Consejo de Participación (Cpccs) y designar Contralor y otras autoridades. 

Para la coordinadora del bloque correísta, Paola Cabezas, fue una muestra de que Llori está “desesperada” frente a la posibilidad de evaluar a su gestión. “Creo que la conducción de la presidenta nos está afectando como ente colegiado, y es evidente que hay un mal manejo de la Asamblea en su conjunto”, señaló. 

Otras crisis  

No es la primera vez que Llori enfrenta una crisis. El año pasado tuvo que sortear acusaciones de supuestas irregularidades en contratos para compra de vehículos y organización de eventos en la Asamblea.  

Entonces, apuntó a una campaña de descrédito del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.). Ella adujo incluso que se trataba de un acto de violencia política por su condición de mujer amazónica. 

Tras el escándalo, Llori solicitó la renuncia a todos sus colaboradores, pero solo salieron dos: los coordinadores de protocolo y el administrador general.  

Otra apelación  

Poco después, el 7 de diciembre del 2021, en la sesión 747 del Pleno el exsocialcristiano César Rohón apeló por primera vez la Presidencia, al rechazar la conducción de la sesión en el tratamiento del caso Pandora Papers. 

En esa ocasión, Llori salió victoriosa, después de que 123 asambleístas de todas las bancadas rechazaron el pedido de Rohón. Lo tomó como una reivindicación en el cargo que asumió el 14 de mayo con una mayoría ajustada de 71 votos, del oficialismo, Pachakutik y la Izquierda Democrática. 

“La actuación de la Presidenta tiene sus altos y bajos como cualquier persona”, dice Rohón tres meses después de ese episodio.” “Creo que la falta de experiencia ha sido visible en los inicios de esta Asamblea, ha ido consolidándose con el pasar del tiempo, pero lamentablemente creo que en algunos temas hay desconocimiento de la aplicación de la ley”. 

El legislador rechaza que ella haya optado por “cerrar las puertas de la Asamblea”, después de que el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, apeló la presidencia cuando no dio paso a un pedido del correísmo de conformar una comisión para evaluarla.  

“No estoy de acuerdo con cerrar las puertas de la Asamblea. Cuando hay problemas, hay que enfrentarlos, hay que dar la cara y aplicar la ley. Por lo tanto, lo que se tiene que resolver es en el Pleno con todas las bancadas”, mencionó Rohón. 

División en Pachakutik  

En la bancada de Pachakutik se mantienen las posturas divididas. Mario Ruiz niega una conspiración en contra de Llori detrás del pedido de evaluar al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), que ella encabeza, por supuesto incumplimiento de funciones. 

Salvador Quishpe, otro de los integrantes del bloque, sostiene que los compañeros no están para empujarla fuera del cargo, y viabilizar que asuma el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.), sino para “darle una mano” y pedirle que enmiende sus errores. 

“Estamos pidiendo correctivos a nuestra compañera Guadalupe Llori, pero eso no significa sumarnos a los otros para destituirla del cargo, para que suba quién”, menciona Quishpe. 

El presidente Guillermo Lasso salió en defensa de Llori la semana pasada y la catalogó como una “guerrera”, tras rechazar los intentos de desestabilización. 

La titular de la Asamblea ha optado por no conceder entrevistas en la Asamblea. Tampoco interviene en los debates del Pleno. Para dirigir las sesiones siempre recurre a lo que lleva escrito a su curul. 

Además de haber ocupado por tres periodos la Prefectura de Orellana (2004, 2009 y 2014), es una abogada de profesión, que en su momento fue activista a favor de los Derechos Humanos y dirigente estudiantil. 

Fuente: El Comercio Ec

Desde las 09:00 de este martes 4 de enero, los jueces de la Corte Nacional Mercedes Caicedo, Byron Guillén y Adrián Rojas conocerán los argumentos que mantiene el ahora exsecretario nacional de Inteligencia (Senain) del gobierno de Rafael Correa, Pablo Romero, para apelar a la sentencia de nueve años de cárcel que recibió como autor mediato del plagio del activista político Fernando Balda, hecho ocurrido en Colombia en el 2012.

El exlíder de la Senain pretende que en la fase de apelación se le declare inocente del delito de plagio por el que fue condenado, el 14 de agosto de 2020, de forma unánime por los jueces Iván León, Dilza Muñoz y David Jacho, luego que determinaron que él “obró con el ánimo de causar daño” y que su conducta “fue dolosa”.

Stalin Oviedo, en 2020 abogado de Romero, presentó el recurso ordinario de apelación adjuntando como prueba lo dicho desde Argentina en rueda de prensa, el 31 de agosto de 2020, por el exagente de inteligencia Raúl Chicaiza, quien también fue sentenciado en esta causa, junto con la exagente Jessica Falcón, a una pena reducida por la cooperación eficaz que dio a la Fiscalía.

En ese momento Oviedo sostuvo que Chicaiza en su rueda de prensa dio a conocer hechos relevantes que determinan una coacción contra él en la causa. Ese hecho, a su decir, invalidaría el testimonio anticipado, testimonio que para Oviedo “fue central” para condenar a Pablo Romero, quien se encuentra internado en el Centro de Rehabilitación de El Inca, en Quito, desde el 21 de febrero que llegó a Ecuador, luego de ser extraditado desde España.

Nulidad, corrección de la valoración de la prueba, indebida aplicación del delito de secuestro agravado y la ausencia de responsabilidad de Pablo Romero en el delito de plagio serían algunos de los puntos en los que giraría la apelación.

Chicaiza aseguró desde Argentina que el caso Balda fue político, que no se dio el secuestro del activista político y que aunque dice que recibió presiones para que involucrara a superiores y del Ejecutivo se mantiene en que todo lo que dijo en su testimonio anticipado es verdad.

“Del 100 % del testimonio anticipado el 95 % es real, nadie lo está negando, y el 5 % es una presión política donde si no mentíamos o no hacíamos lo que decía el presidente del Consejo de Participación Ciudadana no se nos otorgaba la cooperación eficaz”, indicó Chicaiza, quien al ser consultado si en el caso Balda era inocente o no Rafael Correa, respondió que eso no lo podría decir “porque no es ni juez ni parte”.

El expresidente Correa mantiene por el plagio de Fernando Balda un llamado a juicio en suspenso, el cual no ha podido concretarse, pues el delito de plagio no se puede juzgar en ausencia y el exmandatario, desde mediados del 2017, se encuentra radicado en Bélgica.

En paralelo, la Fiscalía ha avanzado con diligencias en la investigación previa abierta contra Pablo Romero por el supuesto mal uso de recursos públicos para el secuestro de Balda.

El 18 de noviembre último, la fiscal general Diana Salazar dispuso varias diligencias, entre ellas, oficiar al hoy Centro de Inteligencia Estratégica, antes Senain, para que le remita copias certificadas de la información de carácter desclasificada concerniente a las operaciones Guayacán y Wilson. Aparentemente se estaría tras hechos que configurarían el delito de peculado.

Durante el proceso judicial por el plagio de Balda se señaló que había existido una planificada y sistematizada ejecución de las operaciones Guayacán y Wilson, operaciones que consistían en verificar, identificar y establecer las acciones que hacía Fernando Balda en ese país. Para esos seguimientos se habrían usado recursos públicos de Fondos Especiales de la entonces Senain, para así evitar que las autoridades de control puedan identificar la ilicitud de esos actos y el destino de esos fondos públicos, sostenía la Fiscalía General.

La sentencia contra Pablo Romero se basó en el delito de plagio tipificado en los artículos 188 y 189, numeral 4, del Código Penal anterior, hoy calificado como secuestro en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el artículo 161.

El 15 de julio pasado, un Tribunal de la CNJ declaró a Romero y a tres exfuncionarios públicos más inocentes del delito de peculado en el denominado caso Caminito. (I)

Fuente: El Universo Ec

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó internacionalmente al Ecuador por el proceso judicial y las sanciones en contra de El Universo y Emilio Palacio, en el régimen de Rafael Correa; el “proceso de justicia indígena” de la Conaie en contra de los asambleístas de Pachakutik; y, las declaraciones del presidente Guillermo Lasso sobre Leonidas Iza, acusándole de ser anarquista y advirtiendo que terminará “con sus huesos en la cárcel”, tienen algo en común: ser ejemplos de distintos niveles de irrespeto a los derechos, a la democracia y al pluralismo.

El señor Correa desprecia profundamente toda forma de pensamiento y opinión que contraríe sus ideas. Con el escrito que presentó a la Corte Interamericana por el caso contra El Universo y con las declaraciones posteriores a la sentencia, no deja en duda que su mirada sobre los medios y la libertad de expresión no han cambiado en nada; que la explicación -incluso pedagógica- de la Corte Interamericana sobre el porqué las actuaciones del Estado son violatorias de los derechos, le parecen irrelevantes; no da señal de comprender los abusos cometidos o de cambiar su lógica autoritaria y poco respetuosa de los derechos. Confirma que lo único que le importa es que le den la razón y por eso se entusiasmó con el voto salvado de Zaffaroni, quien opina desde la política y no desde el derecho.

El señor Iza, por su parte, firmó lo que debe ser el ejemplo más elaborado de desfiguración de la justicia indígena y una pieza de museo sobre arrogación de funciones jurisdiccionales. Una organización de carácter político de tercer nivel, que aglutina la representación de distintos pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, no tiene competencia alguna para aplicar justicia indígena; no importa cuantas referencias hagan a la Constitución y al Convenio 169 de la OIT, lo que existe no es un conflicto interno en una comunidad, sino temas políticos para los que existen normas específicas; las reglas que se quieren aplicar no califican para derecho consuetudinario, derecho ancestral o derecho propio de un pueblo o nacionalidad indígena; y, no existe competencia territorial. Sostener lo contrario sería transformar a una organización política, la Conaie, en un Estado paralelo, con poder para emitir normas y juzgar a cualquiera en nombre de un poder que no tienen. Al señor Iza y a sus asesores les haría bien leer con atención la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia.

Que Guillermo Lasso, presidente de la República, califique a un opositor político como “anarquista” y que desde su posición amenace con “poner sus huesos en la cárcel”, es revivir las prácticas del correísmo; estigmatizar y asumir que desde el Ejecutivo se puede “juzgar y sancionar” a quien no piensa igual, es muy peligroso. Ser opositor no convierte a una persona en delincuente; son sus acciones, cuando estas configuran un delito, las que se persiguen. Lasso, con esas declaraciones, se puso a nivel de Iza y de Correa.

Tomado de diario El Comercio ec.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa tildó de «sinvergüenza» al también exmandatario de ese país, Lenín Moreno (2017-2021), por entregar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y facilitar su extradición a EE.UU., que fue autorizada recientemente por una corte de Londres.

La decisión de que sea extraditado fue tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Londres, corte que se consideró satisfecha con las garantías de la parte estadounidense de que Assange no será sometido al duro régimen, conocido como medidas administrativas especiales, cuando esté bajo custodia en el país norteamericano.

Todo este proceso en contra de Assange se ha llevado a cabo en la Justicia británica, luego de que el fundador de WikiLeaks fuera detenido en abril de 2019 en la embajada de Ecuador en Londres. La aprehensión se produjo después de que el gobierno de Moreno le retirara el asilo del que gozó durante siete años, y que le fue concedido en 2012 durante la administración de Correa.

En entrevista con RT, Correa consideró que Moreno «negoció con la cabeza de Assange» desde que inició su mandato.

En ese sentido, explicó que el 30 de mayo de 2017, apenas seis días después de asumir el cargo, el exmandatario «ofreció entregar a Assange a cambio de ayuda financiera de los EE.UU.», durante una reunión con Paul Manafort, exjefe de campaña de Donald Trump.

Correa hizo referencia al artículo 41 de la Constitución de Ecuador, que habría sido violado por Moreno al expulsar a Assange de la Embajada de Quito en Londres, que señala: «Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia».

«Moreno destrozó la Constitución ecuatoriana», enfatizó. Durante la entrevista, Correa recordó que su administración le entregó el asilo a Assange «porque no había ninguna garantía al debido proceso».

«Un regalo»

Assange es acusado en EE.UU. de cargos por espionaje y piratería informática, tras la publicación de cientos de miles de páginas con documentos militares secretos y cables diplomáticos sobre las actividades del país norteamericano en las guerras en Irak y Afganistán, que fueron difundidos por su portal de filtraciones WikiLeaks desde 2010. Los cargos conllevan una sentencia máxima de 175 años de prisión.

Correa ironizó que la aprobación de su extradición a EE.UU. «es un regalo por el Día de los Derechos Humanos», que se celebra justo este 10 de diciembre.

«Que paradoja que el Día Internacional de los Derechos Humanos se cometa tremendo atentado a los derechos humanos de un periodista, por el pecado de haber dicho la verdad», añadió.

El exmandatario también calificó de «doble moral» e «hipocresía total» todo este proceso contra el australiano.

«Por denunciar crímenes de guerra, en lugar de sancionar a los criminales de guerra, los criminales de guerra persiguen al que denunció«, dijo.

Del mismo modo, especuló que si Assange hubiera revelado secretos de China, de Rusia o de los gobiernos de izquierda latinoamericanos, «estaría siendo aplaudido por toda la gran prensa internacional, homenajeado en los congresos de EE.UU., en el Parlamento del Reino Unido». Sin embargo, como sacó a la luz documentos de un «país hegemónico», ahora «es un criminal».

De acuerdo con Correa, este proceso busca un «efecto demostración», para que «nadie más se atreva a denunciar los secretos de las grandes potencias».

Fuente: RT

María Elsa Viteri se desempeñó como Directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y docente de esta misma institución, desde 1989 hasta 1992, en la del Universidad del Pacífico y la Politécnica del Litoral.

Durante su carrera universitaria fue parte del movimiento Alianza Estudiantil creado por el expresidente Rafael Correa y coincidieron en el Instituto de Investigaciones Económicas de la misma universidad donde llegó a desempeñarse como directora del mismo.

María Elsa Viteri fue parte del equipo económico durante el mandato de Rafael Correa y el de Lenín Moreno. En noviembre del 2018, fue presentada como candidata del Partido Socialista para la Prefectura del Guayas. Así mismo su nombre fue considerado para ser parte del binomio junto a Andrés Arauz, pero declinó la propuesta y explicó que su presencia puede interpretarse como «dañina» para el proyecto político de su partido, Centro Democrático, por lo que decidió hacer «a un lado» su «entusiasmo, compromiso y dedicación en aras del éxito del proyecto».

Su fallecimiento fue confirmado a través de la cuenta de twitter del expresidente Rafael Correa.

Sus restos serán velados en la sala 6 del Parque de la Paz en Guayaquil.

“De ninguna manera estamos viviendo una conmoción social. Hay un problema de seguridad, sí; hay un problema de crisis económico, pero no de conmoción social como pintorescamente quieren calificar esta situación ciertos sectores políticos”, comentó el primer mandatario en el marco de un evento en Guayaquil que conmemoró los 30 años del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.

Poniéndole nombre y apellido, el primer mandatario insiste en que es el correísmo el que está detrás de este discurso. “A ellos quiero darles una noticia: sus intentos deliberados por causar una conmoción social no van a ser escuchados por el pueblo ecuatoriano. En el supuesto paro nacional de días anteriores, el Ecuador les dio un mensaje claro:queremos trabajar y paz”.

De esta manera, Lasso responde a sus detractores políticos que intentan arrastrar al pleno de la Asamblea Nacional a un proceso de destitución del primer mandatario. Al menos así lo recoge el informe del caso Pandora Papers, aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales, que recoge esta recomendación. Aún no hay una fecha establecida para el debate de este documento, pero se prevé que sea la próxima semana.

Bancadas como la del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y parte de Pachakutik se suman a la oficialista en el rechazo al documento. El correísmo y otra parte de Pachakutik están a favor.

Fuente: Expreso Ec

La investigación está dirigida en contra de 25 personas, jurídicas y naturales, que militan en partidos de izquierda, autodenominados «progresistas». 

Entre estas se señala al excandidato presidencial Andrés Arauz y a Juan Carlos Monedero, politólogo español, quien participó como observador en las últimas elecciones en Ecuador, uno de los fundadores del partido de izquierda Unidas Podemos. Además ha sido asesor del régimen de Venezuela.

También son investigados los accionistas del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), los españoles Sergio Martín Carrillo y Alfredo Serrano; el argentino Guillermo Oglietti y el ecuatoriano Mauro Alejandro Andino Alarcón, quien también fue director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

En este caso aparecen, además, empresas vinculadas a Podemos, como la misma CELAG, la Consultorianeurona S.A., la mexicana Neurona, Ingeniería de Control IFP, Global Business Consultants y Vibe Corporation VBCO.

En España, Neurona ha sido señalada por contratos “simulados” que ascendieron a 363.000 euros, ya que además de Ecuador opera en Bolivia, México y España.

Sobre Ecuador, el periódico español Vozpópuli informó en marzo sobre el contrato por más de $ 20 millones entre Neurona y la campaña de UNES.

El expresidente Rafael Correa dijo, a través de su cuenta de Twitter, que la apertura de la investigación es una represalia a la investigación que los asambleístas correístas han liderado sobre el caso los Papeles de Pandora. “¡Ya es descarado! Nadie dude de que esta es la “respuesta”del Gobierno a los Pandora Papers”.  

Marcerla Aguiñaga, líder del partido de la Revolución Ciudadana, dijo que mañana miércoles se dará una rueda de prensa. «Sin embargo, es evidente que se trata de una retaliación, por la investigación de los Papeles de Pandora y por exigir que el Presidente de la cara al país».

A las 18:30, la Fiscalía confirmó que la investigación se abrió en junio pasado, a partir de la denuncia de Carlos Andrés Aguilar Pazmiño, del movimiento ciudadano Patria Sin Corrupción.  También dijo que el único investigado es Andréz Arauz. Sin embargo, en el documento filtrado se notifican a 25 personas sobre la investigación. 

Fuente: Expreso Ec

Villavicencio hizo este anuncio este lunes 25 de octubre de 2021, tras una sentencia en la cual la Corte Constitucional determinó que las resoluciones de la CIDH deben ser acatadas por el Estado ecuatoriano.

El ahora legislador recordó que esto no se cumplió en 2014 cuando él, el diputado Cléver Jiménez y el médico Carlos Figueroa fueron procesados por una querella por supuestas injurias en contra de Correa.

“En las próximas horas iniciaré una acción legal de repetición en contra de todos los operadores de justicia y en particular de Rafael Correa por el grave daño causado a nuestras familias”, dijo.

Agregó que en esta demanda incluirá al exministro de Justicia, Gustavo Jalkh, y todos los jueces que desacataron la resolución de la CIDH, incluidas Mariana Yumbay, Lucy Blacio y Gladis Terán.

Villavicencio catalogó de “histórico” al fallo de la Corte y sostuvo que “se confirma que Rafael Correa metió las manos en la justicia al ordenar a la Corte Nacional, a la Policía, a las Fuerzas Armadas”, que no acataran la resolución de la CIDH.

Por otra parte, anunció que en las próximas horas iniciará una acción penal por calumnias en contra del legislador Luis Almeida “por una gravísima imputación”, al haberlo acusado de ser un “violador de mujeres” y de atacar a tres legisladoras, en la sesión 734 del Pleno.

“Jamás he faltado el respeto a ninguna legisladora. Yo no voy a permitir una sola acusación más de ningún legislador en mi contra, tendrán que responder ante la justicia”, puntualizó. También dijo que pedirá que actúe el Comité de Ética de la Asamblea.

Fuente: El Comercio Ec

A través de un oficio, un delegado del procurador Íñigo Salvador, pidió que los magistrados Walter Macías, Marco Rodríguez y Mercedes Caicedo “dispongan el embargo de las cuentas de los sentenciados y la transferencia de valores a la cuenta de la judicatura. Posteriormente deberán ser remitidos a la cuenta del Tesoro Nacional”.  

Esto ocurre luego de que el 4 de junio del 2021, la Secretaria del Tribunal indicara que Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez, Laura Terán, Viviana Bonilla y Christian Viteri, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle, Pedro Verduga y Mateo Choi no han pagado la reparación integral al Estado ecuatoriano. 

Cuando estas personas fueron sentenciadas por cohecho, jueces impusieron un pago total de USD 14,7 millones. Los autores y coautores del delito debían pagar USD 778 224 y los cómplices USD 368 632.   

Hasta el momento solo los empresarios Víctor Fontana y Alberto Hidalgo, también condenados en este caso, pagaron la parte de la reparación que les correspondía.   

Si los sentenciados no tienen dinero en sus cuentas bancarias, la Procuraduría pedirá el embargo de bienes muebles e inmuebles de las 18 personas.   

Según esa entidad el empresario Rafael Córdova ha propuesto una fórmula de pago. Además, Pedro Verduga Coello, hijo del sentenciado Pedro Verduga Cevallos, quien falleció, solicitó que se envíe una notificación a todos los herederos de su padre.   

Las 20 personas fueron sentenciadas por formar parte de una estructura delictiva que pedía sobornos a contratistas del Estado a cambio de pagos ilegales para financiar las campañas de Alianza PAIS. (I)

Fuente: elcomercio.com

El viernes último, el nuevo Tribunal de Ejecución del caso Sobornos, integrado por Walter Macías (ponente), Marco Rodríguez y la conjueza Mercedes Caicedo, quien actúa en reemplazo del juez Adrián Rojas, emitió el “mandamiento de ejecución” y dio el término de cinco días para que los condenados paguen su parte de lo impuesto como reparación económica por el daño infligido al Estado a través del acto de corrupción definido en sentencia existió.

Contra quienes se emite el “mandamiento de ejecución” son los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, sentenciados a ocho años de cárcel en calidad de autores mediatos por instigación; Alexis Mera, ex secretario jurídico de la Presidencia; los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte; la exasesora de Presidencia Pamela Martínez y los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri, exfuncionarios públicos condenados a ocho años de cárcel como coautores.

Además, los empresarios a quienes se les definió una pena de ocho años de cárcel como autores directos del delito de cohecho: Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle, Pedro Verduga y Mateo Choi.

Finalmente, quien deberá pagar los $ 368.632 de reparación integral, debido a que fue declarada cómplice del delito de cohecho, será la exasistente presidencial Laura Terán. El 27 de mayo pasado, la defensa de Terán informó al Tribunal de “su imposibilidad material de cumplir con el mandamiento de ejecución”.

A finales de septiembre pasado, el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016, que se transformó en Tribunal de Ejecución y que para ese momento estaba integrado por los jueces juez Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela, procedió a ejecutar el componente económico de la reparación integral y dio 30 días a los condenados para que paguen su parte proporcional de la reparación total que alcanza los $ 14′745 297,16.

Hasta el momento los empresarios también condenados en este caso, Víctor Fontana y Alberto Hidalgo, son los únicos que han pagado en su totalidad la reparación integral dispuesta de $ 778.000 y $ 368.000, respectivamente. Hidalgo fue hallado finalmente culpable en calidad de autor directo, pero mantuvo la reparación integral de los acusados como cómplices que se le impuso en la sentencia de apelación o de segunda instancia.

Alejandro Sarzosa, parte de la defensa del empresario Rafael Córdova, señaló que su cliente no cuenta con los recursos económicos, sobre todo en efectivo, para satisfacer esta obligación y por ello, hace unas semanas planteó una fórmula hecha para cancelar la reparación integral.

La fórmula de pago planteada consiste en dimitir una serie de bienes que están a nombre de Rafael Córdova: dinero en efectivo que estaría retenido por orden judicial (más o menos $ 123.000 en cuentas bancarias); bienes inmuebles que están a su nombre (aproximadamente $ 330.000) y la diferencia que se pueda cancelar a plazos.

Para poder establecer una fórmula de cuántos años, qué dividendos, en cuántas cuotas, a qué interés, la defensa del empresario ha solicitado que eso se lo haga a través de una mediación. A finales del 2020 la defensa de Córdova planteó una medición con la Procuraduría para resolver este tema, pero no señaló una fórmula de pago como en este caso. La PGE en ese momento se opuso a que se dé paso a una mediación.

El empresario Pedro Verduga, de 82 años, en noviembre pasado, presentó dos formas para pagar la reparación económica que le toca como autor directo. La primera opción era una dimisión de bienes y la segunda en efectivo a través de una compensación de créditos por los valores que, dice Verduga, le adeuda el Estado, por las obras en las que ha participado y no le han cancelado hasta el momento.

De no cumplir los sentenciados con el pago en el término dispuesto, desde el lunes 14 de junio próximo se procederá con el embargo de bienes y valores que hayan sido retenidos en cuentas a cada uno de los condenados en el sistema financiero local. (I)

Fuente: eluniverso.com