La última vez que se refirió a la situación que enfrenta en la Legislatura se dio el pasado 1 de marzo del 2022. A través de un mensaje difundido en redes sociales, acusó al correísmo de buscar repetir “una vieja historia de atropellos” en su contra.  

Aludió a que en el primer año de Gobierno de Rafael Correa fue encarcelada por supuesto sabotaje y terrorismo al haber organizado una huelga contra las empresas petroleras en Dayuma, en la provincia de Orellana, de la que fue prefecta por tres periodos.  

“Mi delito fue oponerme a sus abusos y a sus excesos. Soporté injustamente durante casi un año el infierno de la cárcel. Ninguna de las falsas acusaciones con las que pretendieron callarme pudieron ser probadas, al contrario, la justicia me declaró inocente y fui liberada”, dijo. 

La presidenta retomó el guion del jueves pasado, cuando después de que su presidencia fuera apelada por el correísmo y el PSC suspendió la sesión y acusó a estas bancadas de pretender “tomarse por asalto la Asamblea”, el Consejo de Participación (Cpccs) y designar Contralor y otras autoridades. 

Para la coordinadora del bloque correísta, Paola Cabezas, fue una muestra de que Llori está “desesperada” frente a la posibilidad de evaluar a su gestión. “Creo que la conducción de la presidenta nos está afectando como ente colegiado, y es evidente que hay un mal manejo de la Asamblea en su conjunto”, señaló. 

Otras crisis  

No es la primera vez que Llori enfrenta una crisis. El año pasado tuvo que sortear acusaciones de supuestas irregularidades en contratos para compra de vehículos y organización de eventos en la Asamblea.  

Entonces, apuntó a una campaña de descrédito del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.). Ella adujo incluso que se trataba de un acto de violencia política por su condición de mujer amazónica. 

Tras el escándalo, Llori solicitó la renuncia a todos sus colaboradores, pero solo salieron dos: los coordinadores de protocolo y el administrador general.  

Otra apelación  

Poco después, el 7 de diciembre del 2021, en la sesión 747 del Pleno el exsocialcristiano César Rohón apeló por primera vez la Presidencia, al rechazar la conducción de la sesión en el tratamiento del caso Pandora Papers. 

En esa ocasión, Llori salió victoriosa, después de que 123 asambleístas de todas las bancadas rechazaron el pedido de Rohón. Lo tomó como una reivindicación en el cargo que asumió el 14 de mayo con una mayoría ajustada de 71 votos, del oficialismo, Pachakutik y la Izquierda Democrática. 

“La actuación de la Presidenta tiene sus altos y bajos como cualquier persona”, dice Rohón tres meses después de ese episodio.” “Creo que la falta de experiencia ha sido visible en los inicios de esta Asamblea, ha ido consolidándose con el pasar del tiempo, pero lamentablemente creo que en algunos temas hay desconocimiento de la aplicación de la ley”. 

El legislador rechaza que ella haya optado por “cerrar las puertas de la Asamblea”, después de que el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, apeló la presidencia cuando no dio paso a un pedido del correísmo de conformar una comisión para evaluarla.  

“No estoy de acuerdo con cerrar las puertas de la Asamblea. Cuando hay problemas, hay que enfrentarlos, hay que dar la cara y aplicar la ley. Por lo tanto, lo que se tiene que resolver es en el Pleno con todas las bancadas”, mencionó Rohón. 

División en Pachakutik  

En la bancada de Pachakutik se mantienen las posturas divididas. Mario Ruiz niega una conspiración en contra de Llori detrás del pedido de evaluar al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), que ella encabeza, por supuesto incumplimiento de funciones. 

Salvador Quishpe, otro de los integrantes del bloque, sostiene que los compañeros no están para empujarla fuera del cargo, y viabilizar que asuma el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.), sino para “darle una mano” y pedirle que enmiende sus errores. 

“Estamos pidiendo correctivos a nuestra compañera Guadalupe Llori, pero eso no significa sumarnos a los otros para destituirla del cargo, para que suba quién”, menciona Quishpe. 

El presidente Guillermo Lasso salió en defensa de Llori la semana pasada y la catalogó como una “guerrera”, tras rechazar los intentos de desestabilización. 

La titular de la Asamblea ha optado por no conceder entrevistas en la Asamblea. Tampoco interviene en los debates del Pleno. Para dirigir las sesiones siempre recurre a lo que lleva escrito a su curul. 

Además de haber ocupado por tres periodos la Prefectura de Orellana (2004, 2009 y 2014), es una abogada de profesión, que en su momento fue activista a favor de los Derechos Humanos y dirigente estudiantil. 

Fuente: El Comercio Ec

La titular del Parlamento no ha realizado nuevas convocatorias hasta este miércoles 2 de marzo del 2022, una vez de que el sábado pasado no hubo quórum para sesionar en modalidad virtual.

En un mensaje al país, difundido la noche del lunes 1 de marzo por las redes sociales de la Asamblea, la Presidenta se defendió frente a las acusaciones de las bancadas del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y el ala radical de Pachakutik (PK).

Supuestos intereses de opositores

Llori sostuvo que detrás de la propuesta de evaluación al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), que ella encabeza, existen intereses para tomarse esta Función y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que tiene a cargo la designación de autoridades como el Contralor General del Estado y vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, Esteban Torres, jefe de bloque del PSC; Ronny Aleaga, del correísmo; y Mario Ruiz, de Pachakutik, emplazaron a Llori a retomar las sesiones del Pleno solo en modalidad presencial. Si no lo hace, abrieron la posibilidad de promover una autoconvocatoria en el hemiciclo.

Los pasos para reunirse

“Yo no veo eso viable para esta semana pero, si la próxima semana se decide no tener plenos, evidentemente habrá que considerar esa figura que se dará con el respaldo de dos terceras partes de la Asamblea”, dijo Torres. Es decir, depende de la voluntad de al menos 92 de los 127 legisladores.

Sin embargo, la oficialista Nathalie Arias (Creo) y Wilma Andrade (Izquierda Democrática, ID), consideraron que no hay motivos para la autoconvocatoria. Ambos argumentaron que la prioridad la tiene ahora el tratamiento de la Ley de Inversiones, presentada por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.

“No se justifica (ese pedido) porque no es que estamos abandonando la responsabilidad de sesionar en el Pleno. Es una decisión particular para esta semana”, afirmó Arias.

Ruiz consideró que Llori tendría temor de que se conforme una comisión ad hoc para evaluarla. Sin embargo, su coideario Salvador Quishpe manifestó que no darán paso a que se pretenda removerla del cargo para que su puesto lo asuma Virgilio Saquicela (independiente), primer Vicepresidente, cómo ocurrió en el pasado con el caso Fabián Alarcón, quien se desempeñó luego como expresidente del Congreso Nacional.

Entre tanto, Torres anunció que se adelanta una investigación para determinar responsabilidades sobre lo ocurrido en el hemiciclo el jueves pasado, cuando las luces y micrófonos fueron apagados, después de que el legislador socialcristiano apeló la Presidencia.

Las puertas del hemiciclo permanecieron cerradas en horas de la mañana de este miércoles, aunque en las oficinas de las comisiones las sesiones se dieron con normalidad.

Fuente: El Comercio Ec

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, denunció que sus compañeros del movimiento Pachakutik tienen “pretensiones desestabilizadoras” y “conspiran” en su contra.

En su cuenta de Twitter, este 18 de febrero, textualmente escribió: “Da mucha tristeza, las pretenciones (sic) desestabilizadoras, de compañeros PK, que aunque tengamos diferencias y si aún se ponen descaradamente la wipala, al menos dejen que otra Bancada CONSPIRE y no demuestren la ambición”.

También señaló: “La inmadurez política, y la asquerosa actitud de ser desechables de Unes. ¡SON LA PEOR VERGÜENZA!, créanme que soy una hija de Dios, y me permitió descubrir su plan desestabilizador, esta es la mejor prueba de la conspiración asquerosa de los que se hacen llamar Pachakutiks”.

Llori se refiere al grupo de asambleístas de PK autodenominados “rebeldes y patrióticos” que comulgan con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, y que semanas atrás marcaron distancia de la dirección de Llori y de la coordinación del bloque.

Ellos intentan armar una comisión ad hoc que investigue las actuaciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que presidente Guadalupe Llori.

Las cabezas visibles de este grupo son Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Darwin Pereira, Ángel Maita y Patricia Sánchez.

Ruiz aclaró que no conspiran contra la presidenta de la legislatura, pero quieren saber razones por las cuales Llori demora en la calificación de los proyectos de derogatoria de la reforma tributaria que golpea a los ecuatorianos y sobre los criterios respecto a la calificación de las solicitudes de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por esa razón su coidearia presentó un proyecto de resolución para conocimiento del pleno.

Comentó que Llori tiene la misma línea del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien calificó de anarquista a Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Este grupo de asambleístas insistirá en la aprobación de la resolución en el pleno, afirmó Ruiz, pues considera que debería crearse esa comisión para que se corrijan las actuaciones de la administración de la Función Legislativa; si han hecho bien las cosas, no tienen por qué temer, anotó. “Si a eso ella (Guadalupe Llori) llama conspiración, está fuera de contexto”, subrayó el legislador de Imbabura por Pachakutik.

Ruiz preguntó por qué el CAL no califica los proyectos de derogatoria de la ley tributaria, y que este “se enreda de gana” por quedar bien con (Guillermo) Lasso. En ninguna parte de la norma dice que el CAL debe enviar al pleno para que interprete la ley.

El CAL debe cambiar y no solo la presidenta de la Asamblea Nacional, insistió el legislador; si las autoridades han hecho bien, no tienen por qué temer, sentenció.

Este Diario pidió la versión de la presidenta del Parlamento pero no hubo respuesta.

Pero el jefe de la bancada de Pachakutik, Rafael Lucero, aclaró que no todos los legisladores del bloque comparten con el grupo de asambleístas que se llaman rebeldes y que no conocían del texto de la resolución planteada por la legisladora Pazmiño el pasado 17 de febrero.

En este documento se exige la no intromisión de las distintas funciones del Estado respecto de las atribuciones y funciones constitucionales y legales para llevar a cabo los concursos de designación de autoridades por parte del CPCCS, y la conformación de una comisión pluripartidistas ad hoc, para investigar el cumplimiento de las funciones del Consejo de Administración Legislativa, que preside Llori.

Se propone que la comisión ad hoc estará integrada por cinco miembros: Peter Calo (Pachakutik), Fernando Cedeño (UNES), Lucía Placencia (ID), Francisco Jiménez (CREO) y Pedro Zapata (PSC).

La proponente considera que el CAL ha tramitado las solicitudes de juicio político con criterios arbitrarios que irrespetan el orden cronológico de presentación, convirtiendo a la Asamblea Nacional en un foro de deliberación pública servil a los intereses del Gobierno.

El pasado 8 de febrero, Pazmiño, Ruiz y legisladores de los bloques del Partido Social Cristiano (PSC) y Unión por la Esperanza (UNES), anunciaron la presentación de un juicio político en contra de cuatro consejeros del CPCCS, que hace la nueva mayoría en esa institución del Estado.

La comisión pluripartidista, según el proyecto de resolución, conocerá e investigará el presunto incumplimiento de funciones en el que incurrieron los miembros del CAL durante la tramitación de los juicios políticos presentados contra los consejeros y consejeras del CPCCS, sin perjuicio de otros hechos que podrán investigarse en virtud de las respectiva denuncias que podrán ser presentadas ante el seno de esta comisión, para lo cual se actuará de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; y, en lo que fuere aplicable, el artículo 166 ibídem.

La comisión recibirá dentro de un plazo de cinco días todas las denuncias de asambleístas que se presenten en contra del CAL. (I)

Fuente: El Universo Ec

La posibilidad de que la Asamblea Nacional entre a tramitar dos proyectos de ley que buscan la eliminación de los efectos tributarios de la ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 dependerá de las dos delegadas que tiene la Izquierda Democrática en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El CAL está convocado para este viernes 28 de enero a las 16:00, para conocer y resolver sobre los proyectos de ley derogatoria del decreto-ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal presentados por legisladores de las bancadas de Pachakutik y Unión por la Esperanza (UNES) en noviembre y diciembre de 2021. En la sesión plenaria del martes pasado, 86 legisladores se pronunciaron porque se debata un pedido de que el CAL tramite los dos proyectos de ley presentados.

Los votos de las legisladoras Yeseña Guamaní y Johanna Moreira delegadas de la Izquierda Democrática ante el CAL, podrían inclinar la balanza sobre el trámite de los proyectos. Los votos a favor provienen de los asambleístas Darwin Pereira (Pachakutik) y Ronny Aleaga (UNES); se desconoce la posición que asumirán Guadalupe Llori (Pachakutik) y Virgilio Saquicela (BAN); en tanto que Nathaly Arias (CREO) se acogerá al informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL).

El 29 de noviembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso, ordenó la publicación como decreto ley en el Registro Oficial de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19, donde explicó que el proyecto de ley de carácter económico urgente se discutió en segundo debate el 24 y 26 de noviembre de 2021, en la Asamblea Nacional, sin haberse aprobado, negado o modificado.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, este 26 de enero, manifestó que este Gobierno es respetuoso de la división de poderes y que entiende que puede haber siempre temas políticos al respecto.

Sin embargo, aclaró que de acuerdo con su entender “la ley se aprobó por el ministerio de la ley, está en funcionamiento, en plena ejecución y debería seguir en ese sentido”. Reconoció que la reforma tributaria puede generar para pequeños sectores de la población una mayor presión, que siempre es progresiva. Es decir, mientras más altos son los ingresos, mayor es la presión tributaria. En todo caso se ratificó en que esta ley afecta al 3,5 % de la población.

Dijo que lo más importante que debe saber la ciudadanía es que el esfuerzo de una parte de la población ecuatoriana se debe traducir en mejoras profundas en el tema del gasto para ir fortaleciendo las finanzas públicas y enfocar los gastos para sectores que más lo necesitan. En este sentido, señaló que existe el compromiso del Gobierno de que el gasto público sea muy austero y no inflarlo.

Informe UTL

El informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) recomienda al CAL no calificar los dos proyectos presentados por los legisladores Viviana Veloz (UNES), Patricia Sánchez, Salvador Quishpe y Ángel Maita (Pachakutik), porque no cumplen con los requisitos formales establecidos en los artículos 134, 135, 136 y 301 de la Constitución; pero los proponentes recuerdan que el documento no es vinculante y que será el Consejo Administrativo quien resuelva si viabilizan el trámite de las propuestas.

Los artículos aludidos por la UTL tienen relación con la competencia para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público. Argumentan que es el presidente de la República el único competente para presentar a trámite un proyecto que suprima o cambie impuestos.

El objetivo de los dos proyecto, presentados por UNES y Pachakutik, es derogar todo el cuerpo normativo que fue publicado en el Registro Oficial 587 del 29 de noviembre de 2021, por lo tanto, dejar sin efecto todas las reformas aplicadas a 22 cuerpos normativos, relacionadas con la modificación de los rangos de la tarifa progresiva del impuesto a la renta, la nueva deducción de gastos personales, la eliminación del impuesto a la herencia para los hijos del causante o para el cónyuge sobreviviente, las contribuciones temporales al patrimonio de las personas naturales y de las sociedades, entre otras reformas tributarias que entraron en vigencia en enero de 2022.

En el análisis formulado por la UTL se recalca que la ley en vigencia busca la cobertura del impacto económico en las finanzas públicas generado por la pandemia y sus consecuencias directas en el empleo público y privado, y promover la sostenibilidad fiscal, el reordenamiento del sistema tributario y seguridad jurídica para la reactivación económica. Estimaciones realizadas por el SRI prevén un impacto positivo de la reforma tributaria, puesto que se estima que la recaudación se incremente en $ 1.406,43 millones, lo que representa el 10,36 % de los ingresos tributarios estimados para el 2021.

En representación de la bancada de UNES, Pabel Muñoz advirtió que no tiene sentido lo que señala la UTL respecto de la competencia exclusiva del presidente de la República, porque en la Constitución existe un artículo lapidario, dijo.

Se refiere a la última parte del 140 de la Constitución, donde otorga a la Asamblea Nacional la atribución para modificar o derogar, en cualquier tiempo, un proyecto calificado de urgente y que haya sido publicado como decreto-ley por parte del presidente de la República. Y el trámite deberá ser ordinario.

Muñoz además señaló que tampoco es válido el argumento que tienen las autoridades económicas de que para el trámite ordinario del proyecto derogatorio debe haber un informe económico por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual no es cierto, anotó, porque la última parte del artículo 74 del Código de Planificación y Finanzas Públicas aclara que ese requisito corre únicamente para las iniciativas que provengan del Ejecutivo.

El asambleísta de UNES alertó que la UTL no toma como referencia el precedente legislativo del 2019, cuando la Asamblea Nacional por pedido de legisladores de CREO tramitó la derogatoria de un proyecto publicado como decreto-ley sobre el impuesto verde.

Además, Muñoz sostuvo que el informe de la UTL está viciado, pues a ratos se direcciona hacia la calificación del proyecto, pero termina con la sugerencia de no calificación. La única salida es que el CAL razone con base en tres elementos: el artículo 140 de la Constitución, artículo 74 del Código de las Finanzas Públicas y el precedente jurídico de la legislatura anterior.

La legisladora Patricia Sánchez, de Pachakutik, quien presentó el proyecto derogatorio el 30 de noviembre de 2021, afirmó que existe la base legal suficiente para que su propuesta sea calificada por el Consejo de Administración. Si no es así “seguramente obedecerá a presiones políticas del Gobierno, pero vamos a seguir insistiendo”, subrayó.

Sánchez dijo que el legislador Darwin Pereira, delegado de Pachakutik en el CAL, votará por la calificación del proyecto derogatorio, y dijo desconocer la posición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien también tiene un voto en el CAL.

Son siete votos en el CAL, añadió la legisladora nacional, y esos votos van a tener que expresarse en sintonía con lo que la sociedad está pidiendo, pues se ha visto que la gente está tomando conciencia de los efectos nocivos del proyecto que tiene relación con la carga impositiva de la clase media. “El CAL tiene la responsabilidad política de definirse de qué lado de la historia está”, advirtió Sánchez. (I)

Fuente: El Universo Ec

Darwin Pereira, Patricia Sánchez, Peter Calo, Fernando Cabascango, Salvador Maita, Mireya Pazmiño, Mario Ruiz y Joel Abad, asambleístas de Pachakutik, anunciaron que no asistirán a las reuniones de la bancada convocadas por el coordinador nacional de la organización, Marlon Santi Gualinga, para evaluar la actividad legislativa en el 2021 y planificar la agenda del 2022.

“No asistiremos a las reuniones de bancada convocadas por el jefe de bloque, Rafael Lucero, ni a ninguna reunión convocada por la coordinación nacional que no sea un Consejo Político Ampliado del MUPP-18, dentro del cual se agende dentro del orden del día la evaluación individual y colectiva de los compañeros y compañeras asambleístas de la bancada”, señalaron los legisladores en una carta remitida al coordinador nacional del movimiento.

En documento de cuatro páginas, fechado a este jueves 6 de enero, los ocho asambleístas manifiestan que las votaciones en el pleno de la Asamblea Nacional son la “clara prueba” de que varios legisladores se encuentran alejados de la línea política organizacional del movimiento y cercanos al Gobierno, señalando a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y al jefe de bancada, Rafael Lucero.

“Hemos asistido con profunda inquietud y asombro a la conducta de cierto sector de legisladores que, contando con la permisibilidad de la dirección nacional, han favorecido con su proceder y conducta política los intereses y objetivos de un régimen profundamente antipopular y antinacional, como constituye el de Guillermo Lasso Mendoza, heredero lineal y en posta de las políticas nocivas de los últimos Gobiernos de la época”, dice la carta.

Uno de los firmantes, el asambleísta Mario Ruiz, expresó que están solicitando un consejo político ampliado; y no es que no quieran conversar: hay que conversar, incluso con asambleístas de otras bancadas, “no se diga con nuestros propios compañeros”.

“Hay que conversar. Pero para analizar, evaluar políticamente la coyuntura actual, se tiene que hacer en un consejo político ampliado, no en una reunión de amigos, donde estamos ahí cada cual con resentimientos o tal vez preocupándonos de cosas personales”, dijo Ruiz.

En tanto, Lucero aclara que la reunión no fue convocada por él, sino por el coordinador nacional de Pachakutik; que las acusaciones del grupo de ocho asambleístas están fuera de contexto, y que están buscando excusas y pretextos políticos para querer imponer su tesis.

“Al inicio fueron diez; ahora ya no son diez, son ocho. Y simplemente se da cuenta de que quieren imponer una agenda de ellos, con miras a las elecciones internas del movimiento Pachakutik, porque en el mes de mayo se realizarán las elecciones del nuevo coordinador nacional”, señaló.

Lucero agregó que está por confirmarse la realización de la reunión, convocada para la tarde de este lunes, porque tres asambleístas y varios asesores están con COVID-19.

Pachakutik llegó a la Asamblea con 27 asambleístas electos; 2 se retiraron y, de los 25 que quedan, los 8 en mención se autoproclaman como “Pachakutik rebelde y patriota”.

En diciembre del 2021, la bancada de Pachakutik ya mostró su división en la Asamblea. La presidenta del organismo, Guadalupe Llori, como miembro de Pachakutik cuestionó al dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, por pretender dividir a la bancada.

Entre los hechos que mostraron votaciones divididas se registran la abstención en la moción de archivo de la reforma tributaria y la votación en contra del informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por Fernando Cabascango, del bloque Pachakutik, sobre los denominados Pandora Papers. (I)

Los asambleístas Salvador Quishpe, José Cabascango, Peter Calo, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Ángel Maita, Joel Abad, Patricia Sánchez y Darwin Pereira comparecieron en una rueda de prensa, en la víspera del receso parlamentario.

Ante los micrófonos anunciaron que se declaran en rebeldía frente a la coordinación de la bancada y marcaron distancias con algunas votaciones en el Pleno, aunque descartaron su separación del bloque.

Pereira hizo un llamado al coordinador de movimiento Pachakutik, Marlon Santi, y al presidente de la Conaie, Leonidas Iza, a que “tomen las riendas de este asunto”.

“Es algo que lo tenemos que analizar casa adentro, pero si esa coordinación nos pide que votemos por políticas neoliberales, nos declaramos en rebeldía”, acotó.

El jefe de bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, salió el paso de esas declaraciones y señaló que los nueve defienden “agendas personales y quieren imponer decisiones sin consensuar”.

De hecho, en la sesión del Pleno en la que se trató el caso Pandora Papers, Lucero y Ruiz tuvieron una acalorada discusión en el hemiciclo al punto que otros legisladores intervinieron para evitar un incidente.

“Desde hace unos dos meses atrás, ellos vinieron buscando tener la bancada, agotaron todo el esfuerzo liderado por Mario Ruiz y tienen sus intereses personales”, expresó Lucero.

El jefe de bloque de Pachakutik apuntó que al Comité ejecutivo nacional del movimiento le corresponde decidir un posible proceso disciplinario.

Además, señaló que la Conaie se ha convertido en un actor político cuyo dirigente, Leonidas Iza, aspira a postularse a la Presidencia de la República en las próximas elecciones con posturas radicales.

“La Conaie no está trabajando en función de la línea social que ellos tienen, están pasando a ser un actor político más. Eso incide en lo que están planteando los nueve asambleístas; están planteando una agenda política para las elecciones venideras porque andan ofreciendo candidaturas y están trabajando para eso”, apuntó Lucero.

Desde el jueves 16 de diciembre el Parlamento entrará en receso hasta después de las fiestas de Navidad y fin de año.

Fuente: El Comercio Ec

En la lista se incluye al jefe de del bloque Rafael Lucero y a todos quienes forman parte de la Dirección Nacional del Movimiento Pachakutik. La discordia se produce tras la votación de la noche del 7 de diciembre que no dio paso al juicio político al presidente Guillermo Lasso por la investigación denominada Pandora Papers.

“Vienen actuando abiertamente protegiendo los intereses del Gobierno, contrarios a los principios y al proyecto político del Movimiento Indígena y organizaciones sociales, lo que nos deja en una posición de incoherencia total frente al pueblo ecuatoriano”, señala el comunicado de la Conaie.

La carta firmada por el Consejo de Gobierno advierte que la actitud de los asambleístas de Pachakutik que votaron en contra del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, que podía derivar hasta en la destitución del mandatario, será puesta en conocimiento de las bases para tomar una resolución.

En contraparte, la misiva “saluda y apoya” el trabajo de los legisladores Fernando Cabascango y Mario Ruiz que apoyaron el informe al interior de la comisión, aunque ayer Cabascango hizo una moción retirando la recomendación más polémica del informe, que sugería el juicio político al presidente, pese a lo cual tampoco obtuvo el apoyo total de su bloque.

Fuente: Expreso Ec

Los asambleístas defienden sus posiciones respecto al tratamiento y debate del caso Pandora Papers, que este martes 7 diciembre no fue aprobado en el Pleno.

Cabascango, que está en la línea de que Lasso sea investigado por los Pandora Papers, insistió en que en la Asamblea sí se abordó la referida vinculación.

“En algunos intervenciones se considera que sí ha tenido participación (en paraísos fiscales), pero que ahora ha transferido sus posesiones a sus familiares o cercanos, eso también está prohibido por el pacto ético. En eso (los asambleístas) nos dan la razón”, dijo Cabascango en entrevista con Ecuavisa.

Previamente a la sesión en la Asamblea Nacional, la Contraloría General del Estado archivó la investigación del caso. Al respecto, Cabascango señaló que hay preocupación por dicha determinación.

“Me quedan las dudas sobre qué hizo la Contraloría para que de la noche a la mañana ya tenga una resolución, porque cuando comparecieron manifestaron que no tenían información y que tenían un proceso de seis meses para hacerlo. Luego cuando la Comisión de Garantías Constitucionales inicia un proceso de investigación sobre la legitimidad del nombramiento del Contralor, aparece la resolución”, afirmó Cabascango.

En el mismo espacio de entrevistas, también habló el asambleísta de Creo, Francisco Jiménez, quien señaló que la investigación del Legislativo únicamente tuvo fines políticos y buscaba la destitución del Presidente, sin argumentos.

Acotó que el pedido de exhorto no tiene ninguna efectividad. “Solo es una declaración de buenas intenciones, es casi un premio de consuelo antes las otras dos mociones que no pasaron. Se ha buscado confundir a la ciudadanía para generar ambigüedades donde no existen”, aclaró.

Para Jiménez, tras el debate del caso en el Pleno, la investigación “quedó enterrada”.

Fuente: El Comercio Ec

La tendencia parece estar marcada. El pleno de la Asamblea Nacional retoma esta tarde el debate y la resolución sobre el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales en torno a la investigación al presidente Guillermo Lasso y su relación con los llamados Pandora Papers.

Mientras algunas bancadas ya tenían decidida ayer su postura, otras necesitarán incluso hasta antes de la reunión, programada para las 15:30, para definir si votarán a favor o en contra del documento, que ha generado polémica e incluso una investigación en la Fiscalía.

La Izquierda Democrática (ID) ratificó ayer a EXPRESO, -medio de donde tomamos esta información-, que no votará por el informe que, entre otras cosas, sugiere un proceso que podría terminar con la destitución del presidente Lasso invocando el artículo 130 de la Constitución, que habla de casos de crisis política o conmoción social.

El jefe de la bancada de la ID, Alejandro Jaramillo, señaló que el país no está viviendo tal situación, por lo tanto no se prestarán para que avancen estos intentos desestabilizadores. “Lo que sí creemos es que el presidente Lasso, aun cuando no tiene obligación de acudir a la Asamblea, debería hacerlo de forma voluntaria y que despeje las dudas que han quedado en el aire. Para eso, se necesita aprobar una resolución”, señaló Jaramillo.

En esa misma línea se ha pronunciado el Partido Social Cristiano (PSC). Esteban Torres, coordinador del partido en la Asamblea, dijo ayer que no ha variado en estos días la postura manifestada por esta organización política en el comunicado emitido el 7 de noviembre pasado.

“Cualquier informe que quiera ir más allá de lo que puede hacer el pleno de la Asamblea, que es enviar la documentación a las instancias de control que tienen que continuar las investigaciones, no contará con nuestro respaldo”, señaló Torres.

Pachakutik era hasta ayer la gran incógnita. El bloque tenía previsto reunirse por la tarde porque aún no existía una postura definida.

El jefe de bloque, Rafael Lucero, le dijo ayer a este Diario que la mayoría no está de acuerdo con la recomendación de iniciar un juicio político al mandatario. “Si sacan el punto uno, que es el polémico, nosotros podríamos aprobar lo demás del informe”, argumentó.

Con este panorama, los únicos que se han pronunciado por la aprobación del documento son los integrantes de Unión por la Esperanza (UNES), que sí ven los méritos para iniciar un proceso de fiscalización al primer mandatario.

Polémica

La primera recomendación pide que se verifique la inobservancia por parte del presidente al Pacto Ético, aprobado en la consulta popular de 2017, lo que configura un incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el art. 130 de la Constitución por conmoción interna y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales.

Presencia

Los legisladores de la comisión también piden que la Asamblea apruebe una resolución para que el Pleno disponga que, en un plazo de ocho días, el presidente Lasso comparezca ante el Legislativo para que cumpla con la entrega de información y responda las preguntas de los asambleístas.

Fiscalización

El documento pide que se proceda con el enjuiciamiento político en contra de las autoridades que no comparecieron y no facilitaron información requerida dentro de este caso. Adicionalmente, resuelve enviar este informe a la Fiscalía, Contraloría, Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Bancos.

Fuente: Expreso Ec

Según el informe técnico, el régimen orgánico presentado por los dirigentes de esta organización presentaría varias inconsistencias por lo que no cumple con los requisitos impuestos por el Código de la Democracia.

Por ejemplo, se evidenció que el símbolo de Somos Agua contiene una gama de colores que se asemejan a los de la bandera de Ecuador, lo que está impedido en el artículo 316 de la Ley Orgánica Electoral.

Tampoco, incluye en su propuesta el mecanismo que aplicará para propiciar la participación de jóvenes en este movimiento y no menciona el procedimiento interno para la elección de candidatos de elección popular.

Sin embargo, Somos Agua tiene la posibilidad de subsanar estas fallas detectadas por el CNE, para volver a insistir en el pedido de inscripción. La negativa fue apoyada por la presidenta Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita, y los consejeros Elena Najera y José Cabrera.

Pérez ingreso el pedido el 19 de agosto pasado, luego de que se desafilio de Pachakutik, partido por el que corrió para las presidenciales de inicios de este año.

Según el dirigente y activista, esta iniciativa se autodenomina “ecofeminista”, porque defenderá a la mujer, a la naturaleza, además de las luchas de los pueblos oprimidos y excluidos.

El acceso a las claves permite a las aspirantes a ser organizaciones políticas acceder a los formularios para la recolección de firmas, que es el siguiente paso para la inscripción.

Somos Agua busca participar en las elecciones seccionales de 2023 y en las presidenciales de 2025 con candidatos propios.

Fuente: Expreso Ec