La última vez que se refirió a la situación que enfrenta en la Legislatura se dio el pasado 1 de marzo del 2022. A través de un mensaje difundido en redes sociales, acusó al correísmo de buscar repetir “una vieja historia de atropellos” en su contra.  

Aludió a que en el primer año de Gobierno de Rafael Correa fue encarcelada por supuesto sabotaje y terrorismo al haber organizado una huelga contra las empresas petroleras en Dayuma, en la provincia de Orellana, de la que fue prefecta por tres periodos.  

“Mi delito fue oponerme a sus abusos y a sus excesos. Soporté injustamente durante casi un año el infierno de la cárcel. Ninguna de las falsas acusaciones con las que pretendieron callarme pudieron ser probadas, al contrario, la justicia me declaró inocente y fui liberada”, dijo. 

La presidenta retomó el guion del jueves pasado, cuando después de que su presidencia fuera apelada por el correísmo y el PSC suspendió la sesión y acusó a estas bancadas de pretender “tomarse por asalto la Asamblea”, el Consejo de Participación (Cpccs) y designar Contralor y otras autoridades. 

Para la coordinadora del bloque correísta, Paola Cabezas, fue una muestra de que Llori está “desesperada” frente a la posibilidad de evaluar a su gestión. “Creo que la conducción de la presidenta nos está afectando como ente colegiado, y es evidente que hay un mal manejo de la Asamblea en su conjunto”, señaló. 

Otras crisis  

No es la primera vez que Llori enfrenta una crisis. El año pasado tuvo que sortear acusaciones de supuestas irregularidades en contratos para compra de vehículos y organización de eventos en la Asamblea.  

Entonces, apuntó a una campaña de descrédito del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.). Ella adujo incluso que se trataba de un acto de violencia política por su condición de mujer amazónica. 

Tras el escándalo, Llori solicitó la renuncia a todos sus colaboradores, pero solo salieron dos: los coordinadores de protocolo y el administrador general.  

Otra apelación  

Poco después, el 7 de diciembre del 2021, en la sesión 747 del Pleno el exsocialcristiano César Rohón apeló por primera vez la Presidencia, al rechazar la conducción de la sesión en el tratamiento del caso Pandora Papers. 

En esa ocasión, Llori salió victoriosa, después de que 123 asambleístas de todas las bancadas rechazaron el pedido de Rohón. Lo tomó como una reivindicación en el cargo que asumió el 14 de mayo con una mayoría ajustada de 71 votos, del oficialismo, Pachakutik y la Izquierda Democrática. 

“La actuación de la Presidenta tiene sus altos y bajos como cualquier persona”, dice Rohón tres meses después de ese episodio.” “Creo que la falta de experiencia ha sido visible en los inicios de esta Asamblea, ha ido consolidándose con el pasar del tiempo, pero lamentablemente creo que en algunos temas hay desconocimiento de la aplicación de la ley”. 

El legislador rechaza que ella haya optado por “cerrar las puertas de la Asamblea”, después de que el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, apeló la presidencia cuando no dio paso a un pedido del correísmo de conformar una comisión para evaluarla.  

“No estoy de acuerdo con cerrar las puertas de la Asamblea. Cuando hay problemas, hay que enfrentarlos, hay que dar la cara y aplicar la ley. Por lo tanto, lo que se tiene que resolver es en el Pleno con todas las bancadas”, mencionó Rohón. 

División en Pachakutik  

En la bancada de Pachakutik se mantienen las posturas divididas. Mario Ruiz niega una conspiración en contra de Llori detrás del pedido de evaluar al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), que ella encabeza, por supuesto incumplimiento de funciones. 

Salvador Quishpe, otro de los integrantes del bloque, sostiene que los compañeros no están para empujarla fuera del cargo, y viabilizar que asuma el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.), sino para “darle una mano” y pedirle que enmiende sus errores. 

“Estamos pidiendo correctivos a nuestra compañera Guadalupe Llori, pero eso no significa sumarnos a los otros para destituirla del cargo, para que suba quién”, menciona Quishpe. 

El presidente Guillermo Lasso salió en defensa de Llori la semana pasada y la catalogó como una “guerrera”, tras rechazar los intentos de desestabilización. 

La titular de la Asamblea ha optado por no conceder entrevistas en la Asamblea. Tampoco interviene en los debates del Pleno. Para dirigir las sesiones siempre recurre a lo que lleva escrito a su curul. 

Además de haber ocupado por tres periodos la Prefectura de Orellana (2004, 2009 y 2014), es una abogada de profesión, que en su momento fue activista a favor de los Derechos Humanos y dirigente estudiantil. 

Fuente: El Comercio Ec

La titular del Parlamento no ha realizado nuevas convocatorias hasta este miércoles 2 de marzo del 2022, una vez de que el sábado pasado no hubo quórum para sesionar en modalidad virtual.

En un mensaje al país, difundido la noche del lunes 1 de marzo por las redes sociales de la Asamblea, la Presidenta se defendió frente a las acusaciones de las bancadas del correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC) y el ala radical de Pachakutik (PK).

Supuestos intereses de opositores

Llori sostuvo que detrás de la propuesta de evaluación al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), que ella encabeza, existen intereses para tomarse esta Función y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que tiene a cargo la designación de autoridades como el Contralor General del Estado y vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, Esteban Torres, jefe de bloque del PSC; Ronny Aleaga, del correísmo; y Mario Ruiz, de Pachakutik, emplazaron a Llori a retomar las sesiones del Pleno solo en modalidad presencial. Si no lo hace, abrieron la posibilidad de promover una autoconvocatoria en el hemiciclo.

Los pasos para reunirse

“Yo no veo eso viable para esta semana pero, si la próxima semana se decide no tener plenos, evidentemente habrá que considerar esa figura que se dará con el respaldo de dos terceras partes de la Asamblea”, dijo Torres. Es decir, depende de la voluntad de al menos 92 de los 127 legisladores.

Sin embargo, la oficialista Nathalie Arias (Creo) y Wilma Andrade (Izquierda Democrática, ID), consideraron que no hay motivos para la autoconvocatoria. Ambos argumentaron que la prioridad la tiene ahora el tratamiento de la Ley de Inversiones, presentada por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.

“No se justifica (ese pedido) porque no es que estamos abandonando la responsabilidad de sesionar en el Pleno. Es una decisión particular para esta semana”, afirmó Arias.

Ruiz consideró que Llori tendría temor de que se conforme una comisión ad hoc para evaluarla. Sin embargo, su coideario Salvador Quishpe manifestó que no darán paso a que se pretenda removerla del cargo para que su puesto lo asuma Virgilio Saquicela (independiente), primer Vicepresidente, cómo ocurrió en el pasado con el caso Fabián Alarcón, quien se desempeñó luego como expresidente del Congreso Nacional.

Entre tanto, Torres anunció que se adelanta una investigación para determinar responsabilidades sobre lo ocurrido en el hemiciclo el jueves pasado, cuando las luces y micrófonos fueron apagados, después de que el legislador socialcristiano apeló la Presidencia.

Las puertas del hemiciclo permanecieron cerradas en horas de la mañana de este miércoles, aunque en las oficinas de las comisiones las sesiones se dieron con normalidad.

Fuente: El Comercio Ec

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, denunció que sus compañeros del movimiento Pachakutik tienen “pretensiones desestabilizadoras” y “conspiran” en su contra.

En su cuenta de Twitter, este 18 de febrero, textualmente escribió: “Da mucha tristeza, las pretenciones (sic) desestabilizadoras, de compañeros PK, que aunque tengamos diferencias y si aún se ponen descaradamente la wipala, al menos dejen que otra Bancada CONSPIRE y no demuestren la ambición”.

También señaló: “La inmadurez política, y la asquerosa actitud de ser desechables de Unes. ¡SON LA PEOR VERGÜENZA!, créanme que soy una hija de Dios, y me permitió descubrir su plan desestabilizador, esta es la mejor prueba de la conspiración asquerosa de los que se hacen llamar Pachakutiks”.

Llori se refiere al grupo de asambleístas de PK autodenominados “rebeldes y patrióticos” que comulgan con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, y que semanas atrás marcaron distancia de la dirección de Llori y de la coordinación del bloque.

Ellos intentan armar una comisión ad hoc que investigue las actuaciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que presidente Guadalupe Llori.

Las cabezas visibles de este grupo son Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Darwin Pereira, Ángel Maita y Patricia Sánchez.

Ruiz aclaró que no conspiran contra la presidenta de la legislatura, pero quieren saber razones por las cuales Llori demora en la calificación de los proyectos de derogatoria de la reforma tributaria que golpea a los ecuatorianos y sobre los criterios respecto a la calificación de las solicitudes de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por esa razón su coidearia presentó un proyecto de resolución para conocimiento del pleno.

Comentó que Llori tiene la misma línea del presidente de la República, Guillermo Lasso, quien calificó de anarquista a Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Este grupo de asambleístas insistirá en la aprobación de la resolución en el pleno, afirmó Ruiz, pues considera que debería crearse esa comisión para que se corrijan las actuaciones de la administración de la Función Legislativa; si han hecho bien las cosas, no tienen por qué temer, anotó. “Si a eso ella (Guadalupe Llori) llama conspiración, está fuera de contexto”, subrayó el legislador de Imbabura por Pachakutik.

Ruiz preguntó por qué el CAL no califica los proyectos de derogatoria de la ley tributaria, y que este “se enreda de gana” por quedar bien con (Guillermo) Lasso. En ninguna parte de la norma dice que el CAL debe enviar al pleno para que interprete la ley.

El CAL debe cambiar y no solo la presidenta de la Asamblea Nacional, insistió el legislador; si las autoridades han hecho bien, no tienen por qué temer, sentenció.

Este Diario pidió la versión de la presidenta del Parlamento pero no hubo respuesta.

Pero el jefe de la bancada de Pachakutik, Rafael Lucero, aclaró que no todos los legisladores del bloque comparten con el grupo de asambleístas que se llaman rebeldes y que no conocían del texto de la resolución planteada por la legisladora Pazmiño el pasado 17 de febrero.

En este documento se exige la no intromisión de las distintas funciones del Estado respecto de las atribuciones y funciones constitucionales y legales para llevar a cabo los concursos de designación de autoridades por parte del CPCCS, y la conformación de una comisión pluripartidistas ad hoc, para investigar el cumplimiento de las funciones del Consejo de Administración Legislativa, que preside Llori.

Se propone que la comisión ad hoc estará integrada por cinco miembros: Peter Calo (Pachakutik), Fernando Cedeño (UNES), Lucía Placencia (ID), Francisco Jiménez (CREO) y Pedro Zapata (PSC).

La proponente considera que el CAL ha tramitado las solicitudes de juicio político con criterios arbitrarios que irrespetan el orden cronológico de presentación, convirtiendo a la Asamblea Nacional en un foro de deliberación pública servil a los intereses del Gobierno.

El pasado 8 de febrero, Pazmiño, Ruiz y legisladores de los bloques del Partido Social Cristiano (PSC) y Unión por la Esperanza (UNES), anunciaron la presentación de un juicio político en contra de cuatro consejeros del CPCCS, que hace la nueva mayoría en esa institución del Estado.

La comisión pluripartidista, según el proyecto de resolución, conocerá e investigará el presunto incumplimiento de funciones en el que incurrieron los miembros del CAL durante la tramitación de los juicios políticos presentados contra los consejeros y consejeras del CPCCS, sin perjuicio de otros hechos que podrán investigarse en virtud de las respectiva denuncias que podrán ser presentadas ante el seno de esta comisión, para lo cual se actuará de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa; y, en lo que fuere aplicable, el artículo 166 ibídem.

La comisión recibirá dentro de un plazo de cinco días todas las denuncias de asambleístas que se presenten en contra del CAL. (I)

Fuente: El Universo Ec

En la lista se incluye al jefe de del bloque Rafael Lucero y a todos quienes forman parte de la Dirección Nacional del Movimiento Pachakutik. La discordia se produce tras la votación de la noche del 7 de diciembre que no dio paso al juicio político al presidente Guillermo Lasso por la investigación denominada Pandora Papers.

“Vienen actuando abiertamente protegiendo los intereses del Gobierno, contrarios a los principios y al proyecto político del Movimiento Indígena y organizaciones sociales, lo que nos deja en una posición de incoherencia total frente al pueblo ecuatoriano”, señala el comunicado de la Conaie.

La carta firmada por el Consejo de Gobierno advierte que la actitud de los asambleístas de Pachakutik que votaron en contra del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, que podía derivar hasta en la destitución del mandatario, será puesta en conocimiento de las bases para tomar una resolución.

En contraparte, la misiva “saluda y apoya” el trabajo de los legisladores Fernando Cabascango y Mario Ruiz que apoyaron el informe al interior de la comisión, aunque ayer Cabascango hizo una moción retirando la recomendación más polémica del informe, que sugería el juicio político al presidente, pese a lo cual tampoco obtuvo el apoyo total de su bloque.

Fuente: Expreso Ec

A las 15:50 se instaló la sesión una vez que se comprobó que había quórum (135 presentes y 2 vía telemática), por parte de la directora de esta primera reunión, Pierina Correa.

La primera moción presentada esta tarde fue la de Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano. Tras el análisis legal esa candidatura no pasó y se dio un nuevo receso de 15 minutos que duró una hora.

Los asambleístas dijeron que no se podía volver a nominar a Kronfle, pues se trata de una misma sesión. Se recordó que él ya fue candidato ayer y no obtuvo los votos.

Esteban Torres dijo que sí era legal mocionar nuevamente a Kronfle.

Al final no pasó es moción y tras el receso hubo una nueva moción. Guadalupe Llori, de Pachakutik, fue elegida nueva presidenta de la Asamblea. Ella logró 71 votos afirmativos, 15 negativos, 51 abstenciones.

En la primera sesión por ley se eligen las autoridades (presidente, vicepresidentes y cuatro vocales del Consejo de Administración de la Legislatura -CAL-).

Yeseña Guamaní, asambleísta, dijo que debe haber una reducción del número de legisladores, pero indicó que hay prioridades como salud, empleo, educación, etc.

Las nuevas autoridades electas presidirán la función legislativa por dos años.

Ayer hubo tres intentos fallidos para elegir presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional. El movimiento oficialista CREO no apoyó el acuerdo entre socialcristianos y correístas. Henry Kronfle del PSC logró 68 votos y el faltaron 2. En la reconsideración consiguió 69 y por un voto no pudo hacerse otra vez la elección.

Con eso ayer se rompió la alianza entre CREO y el Partido Social Cristiano (PSC), y con eso queda en el aire nombramientos como Pascual del Cioppo como embajador en España y de Henry Cucalón como gobernador del Guayas, cuota política de Jaime Nebot en el gobierno del presidente electo Guillermo Lasso.

El otro asambleísta propuesto ayer fue Salvador Quishpe quien sólo sumó 44 votos. Luego la terna de Rina Campaín (CREO), Salvador Quishpe (Pachakutik) y Bella Jiménez (ID) logró sólo 24 votos.

Tras los tres intentos fallidos del viernes para elegir presidente de la Asamblea se evidenció que el bloque del movimiento CREO, del presidente electo, sumó el apoyo de doce asambleístas de minorías.

CREO en la nueva Asamblea Nacional tiene doce asambleístas y no llega a ser bancada, pues se requieren de 14. Unidos con los independientes suman 24. (I)

Fuente: eldiario.ec