La última vez que se refirió a la situación que enfrenta en la Legislatura se dio el pasado 1 de marzo del 2022. A través de un mensaje difundido en redes sociales, acusó al correísmo de buscar repetir “una vieja historia de atropellos” en su contra.  

Aludió a que en el primer año de Gobierno de Rafael Correa fue encarcelada por supuesto sabotaje y terrorismo al haber organizado una huelga contra las empresas petroleras en Dayuma, en la provincia de Orellana, de la que fue prefecta por tres periodos.  

“Mi delito fue oponerme a sus abusos y a sus excesos. Soporté injustamente durante casi un año el infierno de la cárcel. Ninguna de las falsas acusaciones con las que pretendieron callarme pudieron ser probadas, al contrario, la justicia me declaró inocente y fui liberada”, dijo. 

La presidenta retomó el guion del jueves pasado, cuando después de que su presidencia fuera apelada por el correísmo y el PSC suspendió la sesión y acusó a estas bancadas de pretender “tomarse por asalto la Asamblea”, el Consejo de Participación (Cpccs) y designar Contralor y otras autoridades. 

Para la coordinadora del bloque correísta, Paola Cabezas, fue una muestra de que Llori está “desesperada” frente a la posibilidad de evaluar a su gestión. “Creo que la conducción de la presidenta nos está afectando como ente colegiado, y es evidente que hay un mal manejo de la Asamblea en su conjunto”, señaló. 

Otras crisis  

No es la primera vez que Llori enfrenta una crisis. El año pasado tuvo que sortear acusaciones de supuestas irregularidades en contratos para compra de vehículos y organización de eventos en la Asamblea.  

Entonces, apuntó a una campaña de descrédito del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.). Ella adujo incluso que se trataba de un acto de violencia política por su condición de mujer amazónica. 

Tras el escándalo, Llori solicitó la renuncia a todos sus colaboradores, pero solo salieron dos: los coordinadores de protocolo y el administrador general.  

Otra apelación  

Poco después, el 7 de diciembre del 2021, en la sesión 747 del Pleno el exsocialcristiano César Rohón apeló por primera vez la Presidencia, al rechazar la conducción de la sesión en el tratamiento del caso Pandora Papers. 

En esa ocasión, Llori salió victoriosa, después de que 123 asambleístas de todas las bancadas rechazaron el pedido de Rohón. Lo tomó como una reivindicación en el cargo que asumió el 14 de mayo con una mayoría ajustada de 71 votos, del oficialismo, Pachakutik y la Izquierda Democrática. 

“La actuación de la Presidenta tiene sus altos y bajos como cualquier persona”, dice Rohón tres meses después de ese episodio.” “Creo que la falta de experiencia ha sido visible en los inicios de esta Asamblea, ha ido consolidándose con el pasar del tiempo, pero lamentablemente creo que en algunos temas hay desconocimiento de la aplicación de la ley”. 

El legislador rechaza que ella haya optado por “cerrar las puertas de la Asamblea”, después de que el jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, apeló la presidencia cuando no dio paso a un pedido del correísmo de conformar una comisión para evaluarla.  

“No estoy de acuerdo con cerrar las puertas de la Asamblea. Cuando hay problemas, hay que enfrentarlos, hay que dar la cara y aplicar la ley. Por lo tanto, lo que se tiene que resolver es en el Pleno con todas las bancadas”, mencionó Rohón. 

División en Pachakutik  

En la bancada de Pachakutik se mantienen las posturas divididas. Mario Ruiz niega una conspiración en contra de Llori detrás del pedido de evaluar al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), que ella encabeza, por supuesto incumplimiento de funciones. 

Salvador Quishpe, otro de los integrantes del bloque, sostiene que los compañeros no están para empujarla fuera del cargo, y viabilizar que asuma el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.), sino para “darle una mano” y pedirle que enmiende sus errores. 

“Estamos pidiendo correctivos a nuestra compañera Guadalupe Llori, pero eso no significa sumarnos a los otros para destituirla del cargo, para que suba quién”, menciona Quishpe. 

El presidente Guillermo Lasso salió en defensa de Llori la semana pasada y la catalogó como una “guerrera”, tras rechazar los intentos de desestabilización. 

La titular de la Asamblea ha optado por no conceder entrevistas en la Asamblea. Tampoco interviene en los debates del Pleno. Para dirigir las sesiones siempre recurre a lo que lleva escrito a su curul. 

Además de haber ocupado por tres periodos la Prefectura de Orellana (2004, 2009 y 2014), es una abogada de profesión, que en su momento fue activista a favor de los Derechos Humanos y dirigente estudiantil. 

Fuente: El Comercio Ec

El 4 de noviembre, al responder un tuit del portal 4 Pelagatos, referente a que “Mónica Palacios era la última esperanza de los que quieren destituir al presidente. Dijo que tenía la prueba y se dedicó a insultar a Lasso. La Súper de Bancos de Panamá la desmiente. Y ahora esa comisión no sabe qué poner en su informe”, Ordóñez posteó: “Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes”.

Lo actuado por Ordóñez, asegura la denunciante, le ha causado un grave daño o sufrimiento psicológico ante la exposición a un peligro o amenaza originada en el comportamiento misógino y machista del ciudadano contra el cual presenta la queja, que afecta la convivencia pacífica de los asambleístas y la de quienes concurren o laboran en la Asamblea Nacional, esto es, conductas inapropiadas constitutivas de faltas graves y muy graves.

Palacios presentó el pedido al CAL en contra de Ordóñez por haber incurrido en una falta grave o muy grave tipificada en el numeral 1 del artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relacionada con agresión de palabra a una asambleísta dentro o fuera del recinto parlamentario.

Ese organismo parlamentario deberá dar curso a una investigación en la que conozca la versión de la legisladora que se considera afectada y el acusado, luego implementar una sanción.

Palacios en su queja pide que Ordóñez, por su inadecuado comportamiento y forma de actuar, evidentemente misógina y machista, sea sancionado con el máximo de la pena que el ordenamiento disciplinario permite, se disponga que se le ofrezcan disculpas públicas y se le conmine a no repetir en el futuro hechos como los que motivan esta queja en respeto a la majestad de la Función Legislativa.

En el escrito, Palacios describe que a través de diversos medios de comunicación, con motivo del escándalo internacional desatado por los denominados Pandora Papers, precedió a efectuar un proceso de investigación y entrega de documentos en la Asamblea Nacional, así como entrevistas, lo cual ocasionó diversas reacciones y unas fueron ataques a su honra y dignidad en medios escritos y redes sociales.

Que el 4 de noviembre de 2021, Diego Ordóñez, en su cuenta de Twitter, se manifestó sobre su persona. Lo publicado no corresponde a algo tolerable en una sociedad democrática, asegura.

Respecto de dicho comentario, señala el expediente, no puede expresarse de otra manera más que destila odio, revanchismo político, refleja una total misoginia, un brutal machismo, con un irrespeto total de género, pretendió ofenderla en su calidad de mujer, y demuestra unas ansias marcadas de erigirse aquel ciudadano en un ser referente seudomoralista.

Pero también incluye en el escrito que Diego Ordóñez, representante de Pichincha, el 5 de noviembre en la sesión de la Comisión de Régimen Económico solicitó disculpas públicas al bloque UNES. Luego el legislador retiró el comentario de la red social.

En la sesión del pleno del pasado lunes, en la que se debatió una resolución sobre la violencia de género, Ordóñez dijo llevar tiempo como gestor de la opinión pública y que en sus escritos y columnas, está la constancia de que es un igualitarista y defensor de la igualdad entre todos los géneros y que respeta la dignidad humana.

“Ese testimonio me da suficientes credenciales para levantar la voz, defenderme y rechazar las expresiones de algunas asambleístas”, apuntó y rechazó la acusación de Palacios a la que calificó de “injuriosa”.

Aseguró que su tuit no tuvo como fin ofender ni insultar a la asambleísta y que “el tubo” al que hizo referencia es un deporte.

El asambleísta hizo énfasis en que es responsable de lo que escribe, más no de que puedan entender quienes lo lean. Añadió que es necesario marcar una línea entre lo que es la violencia y las valoraciones políticas.

“Estamos en el escenario en que no podemos decir absolutamente nada, no podemos hacer un cuestionamiento, porque a partir de eso podría establecerse eso como un acto de violencia de género”, lamentó.

Según Palacios, la forma de actuar de su colega irrespeta los deberes como legislador, establecidos en el numeral 12 del artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y se encuentra incursa en lo establecido en los artículos 170.1 y 171.4 de la LOFL, y 5.1 y 6.4 del reglamento para el trámite de faltas administrativas en las que puedan incurrir los asambleístas y su sanción.

Según el procedimiento, una vez calificada la queja se notificará al asambleísta contra quien se ha dirigido para que proceda a contestar en el plazo de tres días, quien podrá solicitar ser escuchado ante el CAL. La solicitante también intervendrá en la sesión. Con la contestación emitirá una resolución en la que concluirá si se ha incurrido en la falta e impondrá una sanción. No existe plazo para que se presente la resolución. (I)

Fuente: El Universo

Villavicencio hizo este anuncio este lunes 25 de octubre de 2021, tras una sentencia en la cual la Corte Constitucional determinó que las resoluciones de la CIDH deben ser acatadas por el Estado ecuatoriano.

El ahora legislador recordó que esto no se cumplió en 2014 cuando él, el diputado Cléver Jiménez y el médico Carlos Figueroa fueron procesados por una querella por supuestas injurias en contra de Correa.

“En las próximas horas iniciaré una acción legal de repetición en contra de todos los operadores de justicia y en particular de Rafael Correa por el grave daño causado a nuestras familias”, dijo.

Agregó que en esta demanda incluirá al exministro de Justicia, Gustavo Jalkh, y todos los jueces que desacataron la resolución de la CIDH, incluidas Mariana Yumbay, Lucy Blacio y Gladis Terán.

Villavicencio catalogó de “histórico” al fallo de la Corte y sostuvo que “se confirma que Rafael Correa metió las manos en la justicia al ordenar a la Corte Nacional, a la Policía, a las Fuerzas Armadas”, que no acataran la resolución de la CIDH.

Por otra parte, anunció que en las próximas horas iniciará una acción penal por calumnias en contra del legislador Luis Almeida “por una gravísima imputación”, al haberlo acusado de ser un “violador de mujeres” y de atacar a tres legisladoras, en la sesión 734 del Pleno.

“Jamás he faltado el respeto a ninguna legisladora. Yo no voy a permitir una sola acusación más de ningún legislador en mi contra, tendrán que responder ante la justicia”, puntualizó. También dijo que pedirá que actúe el Comité de Ética de la Asamblea.

Fuente: El Comercio Ec

Con esos dirigentes políticos de oposición y esa mayoría de asambleístas, salvo excepciones, resulta difícil atender los acuciantes problemas que sufre la mayoría de ecuatorianos. En lugar de contribuir a la búsqueda de soluciones, están dedicados a buscar el fracaso del gobierno aunque eso será del país y afectará a los que más necesitan.

Con sus acciones desafiantes, han quedado al descubierto. Luego de sus fracasos electorales y frustraciones políticas, como fuera el fallido pacto vergonzoso para dirigir la Asamblea, hoy intentan imponerle y someterle al Ejecutivo, sin importarles la nación.

La sesión en la que se destituyera a la segunda vicepresidenta de la Asamblea fue una demostración de algo que debiera avergonzarles por las mutuas acusaciones entre legisladores salpicados de otras irregularidades, incluida su presidenta, hasta establecer cuáles son peores.

Si bien un sistema democrático funciona con una necesaria oposición, con pesos y contrapesos, en la Legislatura se han juntado al menos tres sectores que hacen la mayoría y que intentan bloquear las iniciativas del Ejecutivo, aunque luego por cálculo político quieren suavizar la posición hablando de diálogo para ganar tiempo, mientras avanza el proceso de investigación de los Pandora Papers y que tiene como objetivo al Presidente.

El bloque mayoritario, luego de perder las elecciones, sueña con el retorno al poder para volverle a meter mano en la justicia y revisar las sentencias condenatorias por corrupción comprobada en contra de sus líderes y llevarle al país hacia el camino desastroso de Venezuela. A ellos se suma el segundo bloque, que se alió inicialmente con el sector oficialista hasta captar las principales dignidades y luego se pasó a la oposición en busca del estallido que propicia el principal dirigente indígena, que intenta imponer sus designios extremistas y violentos por sobre la racionalidad. Se han unido a pesar de que los primeros cuando gobernaron les persiguieron, agredieron y enjuiciaron. En política no hay dignidad.

El tercer bloque, que sobrevive con su líder frustrado por no llegar al poder, desde las sombras presiona, vaticina el fracaso del régimen e intenta imponer sus políticas populistas y demagógicas, sin contribuir a la búsqueda de soluciones.

No se dan cuenta que están bloqueando no solo las propuestas del gobierno sino las aspiraciones y angustias de cerca de seis millones que no tienen pleno empleo; son indiferentes frente al drama de la desnutrición crónica infantil y la pobreza, que han crecido aún más con la pandemia. Debatan y propongan pero no obstaculicen. Con la política criolla no hay que ser ingenuos ni caer en los engaños. El Ecuador debe estar consciente y atento frente a los intentos de desestabilización de esta clase de políticos que le tiene secuestrado al país.

Tomado de diario El Comercio ec.

El señor Presidente de la República se maneja con el calendario lunar. El miércoles 13 de este octubre era cuarto creciente. Tenía, pues, que mostrarse crecido y se creció al denunciar la existencia de un Triunvirato de la Conspiración integrado por los caballeros Rafael Correa, Leonidas Iza y Jaime Nebot, “interesados en dar un golpe a la democracia”, y sacarlo del poder.

Tan brutal puñetazo de un banquero manso de corazón me noqueó. Vi bajar de las nubes a santa Mariana de Jesús, la que había profetizado que la futura república equinoccial habría de desaparecer no por sismos ni erupciones volcánicas sino por los malos gobiernos. Llevaba una azucena en la mano. Me la pasó por el rostro y oí susurrarme al oído: – “Rafael conspira, porque Lasso ha labrado su fortuna en cincuenta y un años de trabajo continuo; Correa, tan solo en diez. Ecuador necesita eficiencia; por tanto, Lasso debe regresar a Guayaquil. Leonidas conspira, porque a los quince de edad enseñaba catecismo al pueblo de Dios en Cotopaxi y ahora Iza aspira a caminar por un sendero luminoso; Lasso pertenece al Opus Dei y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un banquero entre en el Reino de Dios; por tanto, Lasso debe regresar al Banco de Guayaquil; Jaime conspira, porque Guillermo no ama a los pobres, y Nebot los adora; por tanto, que Lasso salga de Carondelet”. Me despertó a la realidad el “Aullido de los perros a la luna, a la luna pálida”. (J.A.Siva).

La actitud tinosa y firme del señor Lasso al prometer que volvería a enviar a la Asamblea Nacional la “Ley buscando oportunidades” dividida en tres leyes y corregida luego de aceptar el parecer de muchos, sin buscar más conflictos por la inconstitucionalidad en el origen del rechazo; los golpes de pecho de los “conspiradores” arrepentidos y contritos y su firme propósito de enmienda para trabajar por la patria desangrada; la invitación de la señora Guadalupe Llori, presidente de la Asamblea, a dialogar con el Ejecutivo para juntos curar el desangre son señales de paz y de esperanza.

En estas nuevas circunstancias, el aliado natural del Ejecutivo debería ser el partido político Pachakutik. El correísmo persiguió a los indígenas y a la propia Llori; el Socialcristianismo por boca de su máximo líder opinó que los indios deberían volver al páramo; la Izquierda Democrática, en 1990, comprendió las aspiraciones indígenas y dio pasos de justicia nunca vistos hasta entonces, salvo en los gobiernos militares del 63 y el 72. Si Pachakutik no apoya a Lasso, cometerá un error histórico. Se dividirá. Matará a la gallina de los huevos de oro. Ahora es la hora de la Conaie.

Entonces, podríamos salir de la Constitución de 2008, causa del desangre de Ecuador. Lasso, El Justo, saldrá bien librado de los Papeles de Pandora. Y los triunviros serán tan solo una mala noche de verano. La Tri nos muestra el camino, los Olímpicos de Japón, también. Amén.

Tomado de diario El Comercio ec.

Quien ha sufrido un grave accidente necesita de rehabilitación. De lo contrario, queda con un defecto físico, por ejemplo, cojera. Es lo mismo con la economía, luego del terrible accidente pandémico.

En una evaluación del efecto de la pandemia en la economía nacional, el Fondo Monetario destaca que fue una de las más afectadas de la región, por dos efectos agravantes: la difícil situación fiscal preexistente y la insuficiente conectividad, que dificultó el teletrabajo y la teleducación. Ambas, añadimos, son herencia del correísmo: la dilapidación de los ingresos petroleros y de los créditos externos, y la excesiva carga tributaria a los servicios de telefonía móvil.

La crisis golpeó más duramente a las actividades económicas que dependen de la cercanía física con el cliente: hoteles, restaurantes, comercios. Establecimientos de esta índole despidieron masivamente, al no poder pagar los sueldos. Hoy la tendencia es a que no retomen todo el personal despedido, que la recuperación de la crisis sea con menos empleo formal que antes. De no remediarse esta situación, no habrá plena rehabilitación.

Aquí juega una combinación de factores. Primero, se acelera la tendencia al reemplazo de obreros y empleados con máquinas. La industria textil solía ser gran empleadora, con sus talleres repletos de obreros. Hoy, son pocos, operando máquinas inteligentes. Las oficinas tenían secretarias, telefonistas, mensajeros. Hoy las centrales telefónicas conectan automáticamente con la extensión requerida, la correspondencia es electrónica. Los bancos eran gran empleadores de cajeros, hoy reemplazados con cajeros automáticos. Segundo, la legislación laboral nacional responde a las realidades de hace 100 años, cuando cundía el trabajo infantil, se maltrataba a los obreros, no había seguridad social. El despido es muy oneroso, la legislación premia la conflictividad.

Unidos los dos factores, hoy los patronos prefieren invertir en equipos que reemplacen a la mano de obra, con lo cual no se crean plazas de empleo. Las máquinas requieren menos espacio que las personas, por lo que las oficinas y almacenes se reducen.

Los más perjudicados son los trabajadores de poca preparación. Es este entorno es necesaria la capacitación laboral para reubicarlos. Una parte del salario de cada trabajador se destina a financiar el Secap, organismo público para esa tarea. Pero el Secap mantiene cerradas y en deterioro sus instalaciones en Durán, que se supone son las que sirven al Gran Guayaquil. Se bota la plata para la capacitación.

La salida de la crisis necesita un plan coherente en lo fiscal, laboral, incentivos a la producción, rehabilitación de la seguridad social, manejo eficiente del aparato estatal. De lo contrario, la economía quedará permanentemente afectada.

En nuestro sistema presidencialista, le corresponde al presidente dirigir la rehabilitación. Guillermo Lasso nos ofrece un plan integral. Logró el primer objetivo, control de la pandemia, y el segundo requiere importantes reformas legales; pero la Asamblea rehúsa tratarlas.

La Asamblea desempeña un papel crucial en un sistema democrático, pero la actual opta por erigirse en obstáculo a la rehabilitación.

Están haciendo un daño permanente a la sociedad. Son las pequeñas estaturas, diría Pareja Diezcanseco. (O)

Tomado de diario El Universo

La decisión se tomó este viernes 9 de julio del 2021, una vez que el Parlamento tramitó las objeciones formuladas por el presidente Guillermo Lasso al proyecto de Ley contra la Violencia Digital, que incluye reformas al COIP.

La reforma sustituye el numeral 1) en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, para que la persona que, por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil, sea sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días.

El Parlamento también se ratificó en la transitoria tercera del proyecto, la cual dispone a las autoridades educativas del nivel básico y superior incluir en las mallas curriculares o programas académicos y asignaturas que permitan promover una cultura saludable de consentimiento, una vida libre de violencia tanto on line como off line, prevenir la violencia sexual digital y todo tipo de estereotipos y tabús propios de la cultura de la violación, así como fortalecer la lucha contra los delitos informáticos.

La resolución se tomó después de un debate del que participaron ocho asambleístas, casi todas mujeres, quienes destacaron la necesidad de contar con un instrumento jurídico que permita combatir las formas de violencia sexual digital, como la difusión de imágenes privadas sin consentimiento.

El proyecto irá en los próximos días al Registro Oficial. (I)

Fuente: elcomercio.com

Por unanimidad, el Legislativo acogió las recomendaciones sugeridas en el documento que elaboró la asambleísta de Pachakutik, Mireya Pazmiño. El informe de la legisladora plantea que las autoridades efectúen procesos de control y auditoría por el mal uso de recursos públicos durante el último año.

Según el análisis de la Comisión, el informe de Moreno solo se cumplió en un 11,5%. Además, consideraron que no hubo verificación de datos ni cifras presentadas. “El expresidente indica que han suscrito 155 contratos de inversión extranjera  con diversos países del mundo por 3,2 millones de dólares, pero no se establece ninguna fuente de confirmación”, ejemplificó.

Además, en el informe mencionaron que Moreno no cumplió con ninguna de las propuestas del Plan Toda Una Vida ni el Plan de Desarrollo y que esto no se debe a escases de ingresos, como aseguró el exmandatario.

Durante el debate, los participantes señalaron a Moreno de generar desempleo, no construir las viviendas de índole social que ofreció y que tuvo un mal manejo de la pandemia. “Fue nefasto”, dijo el asambleísta de CREO, Guido Chiriboga.

Sin embargo, asambleístas como Salvador Quishpe y Diego Ordóñez consideraron que la mala administración del expresidente también se debió a que heredó una caja fiscal sin recursos.

Antes de la votación, el parlamentario Juan Fernando Flores propuso enviar copias de la resolución legislativa a la Contraloría y a la Fiscalía. De los 124 asambleístas presentes, todos votaron a favor de rechazar el informe.

Con este antecedente, las organizaciones de control recibirán una notificación en la que se exhorta sus respectivas indagaciones. También se podría dar paso a un juicio político para su censura. (I)

Fuente: eltelegrafo.com.ec

El informe no vinculante elaborado por la Comisión de Régimen Económico y aprobado con cinco votos que vinieron de UNES, PSC y Pachakutik, también recomienda remitir el expediente a la Contraloría General del Estado para que inicie los exámenes y audite la administración de Moreno, así como a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación fiscal porque el texto presentado por el exmandatario contiene afirmaciones que carecen de veracidad.

La Bancada Acuerdo Nacional (BAN), integrada por legisladores oficialistas de CREO y del sector de minorías, se abstuvo en la votación del informe elaborado por la comisión, y que hoy conocerá el pleno de la Asamblea, que podrá aprobarlo o negarlo con una mayoría absoluta de votos.

El asambleísta Pabel Muñoz (UNES) considera que el problema del informe del exmandatario se centra en la falta de cuidado en la elaboración técnica, a más de estar incompleto; por ello, es fundamental determinar si Lenín Moreno cumplió o no su propia planificación.

Sin sesgo y con objetividad, se puede determinar que Moreno cumplió el 11,4 % de sus metas, eso habla de un claro incumplimiento de funciones, añade Muñoz, quien participó en la elaboración del informe no vinculante para conocimiento del pleno.

Frente a este incumplimiento, anticipa que el pleno tiene que determinar si cabe un juicio político, aunque una interpelación depende mucho de la voluntad de un legislador que consolide un expediente, consiga las firmas y lo presente.

Muñoz comenta que en su bloque hay voluntad política y los argumentos para enjuiciar a Moreno, pero la pregunta es “merece la pena dedicarle tiempo a esto”, cuando el país tiene preocupaciones más serias como la crisis institucional alrededor de la Contraloría del Estado; o las reformas legales que seguramente vendrán del Gobierno para enfrentar la pandemia.

“El debate es si Lenín Moreno llega a tener la importancia que tienen otros temas en el país como para iniciar un juicio político, cuando el país sabe que el exmandatario le falló al país”, esa tesis llevará a reflexionar a la bancada de UNES.

El asambleísta Diego Ordóñez (CREO) dice que se abstuvo de votar por un informe que no fue elaborado por la subcomisión que se designó, sino por el asesor de la presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño (PK), y el exministro correísta Carlos de la Torre.

Que la gestión del gobierno de Lenín Moreno no puede ser juzgada sin analizar los efectos perniciosos de los diez años del gobierno previo: tendencia decreciente en la evolución del PIB; el incremento desmedido de deuda pública en tasas de interés onerosas; aumento insostenible del gasto fiscal; inexistencia de fondos de ahorro y contingencias; deterioro del mercado laboral; despilfarro y corrupción sin precedentes; y, debilitamiento moral y funcional de la institucionalidad.

Ordóñez afirma que un análisis objetivo y responsable no puede tener la retaliación política como motivación. La oportunidad de elaborar un juicio a la gestión del gobierno de Moreno debe servir para mostrar lo inadecuado y destructivo, en términos de crecimiento sostenido y sostenible del PIB, empleo y oportunidades, del modelo estatista de gasto y deuda que caracterizó a los últimos 14 años de la historia económica y social de este país.

Análisis y conclusiones del informe

En el informe presentado por el exmandatario, según la Comisión de Régimen Económico, no se encontró ninguna redacción que permita contextualizar la información cualitativa y cuantitativa expuesta en el marco de la realidad económica, social y política del país, como elemento de base para que pueda realizarse una evaluación adecuada de la gestión del Gobierno anterior.

Que el endeudamiento externo aparece en el informe como el mayor logro económico, cuando el incremento neto del endeudamiento externo significa un retroceso a cifras similares a las del año 2001, que no vino acompañado de mejoras en el crecimiento, en los indicadores de pobreza ni en una mejora significativa de las reservas internacionales del país.

El documento del exmandatario señala que al cierre del periodo gubernamental las decisiones han permitido que en cuatro años se reviertan positivamente varios indicadores y pongan al Ecuador nuevamente en el camino del progreso y el desarrollo, sin especificar el indicador. Pero que de la revisión de información económica realizada se concluye que ninguno de los indicadores relacionados a actividad económica, empleo, desigualdad o pobreza muestran tal reversión positiva, lo que abona en la percepción de que se procura generar una imagen tergiversada de lo que fue en realidad la gestión del Gobierno anterior en materia económica.

En lo social, el informe no presenta datos específicos respecto a la ejecución presupuestaria desagregada por programa o tipo de atención vinculados a la Red de Protección Social; es un informe declarativo, no cuenta con fuentes de referencia, datos o estadísticas que lo confirmen.

Además, los datos relacionados a beneficiarios y presupuestos ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social difieren de manera relevante con los datos proporcionados en el informe de gestión presidencial.

El informe presentado no evidencia las estrategias de reducción del gasto corriente para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, ni del impacto en el presupuesto relacionado a la protección social.

Las cifras sobre vacunación, señaladas en el informe de Moreno, de un 70 % de la población ecuatoriana vacunada, corresponden a 12.425.893 personas, cifra que no concuerdan con lo señalado en el mismo documento en que se indica que se han aplicado 1,6 millones de dosis y hasta fines de mayo 401.335 personas cuentan con su segunda dosis de vacunas.

Las cifras de educación presentadas en el informe del exmandatario no corresponden con las cifras de la propia cartera de Estado y las de otros órganos oficiales, en las que se evidencian avances menores a los reportados.

En torno a seguridad, se concluye que el informe adolece de vaguedad, no muestra las cifras de ejecución presupuestaria necesarias para identificar el uso de los recursos asignados en los objetivos que señala en su plan de periodo. Por lo tanto, no es posible establecer la ejecución presupuestaria específica del periodo 2017- 2021, lo cual impide completamente hacer una evaluación en términos del uso de recursos.

Conclusiones

El informe del exmandatario no presenta una estructura ordenada para la exposición de la información, lo que dificulta su evaluación y contraste, a lo que se suman inconsistencias en las cifras cuando una misma variable se presenta más de una ocasión.

Muchas de las cifras, en cuanto a supuestos logros en materia económica, social, de seguridad y de vivienda, están sobredimensionadas y no corresponden a los datos oficiales, muchos de ellos públicos.

En el informe no se encontró ninguna redacción que permita contextualizar la información cualitativa y cuantitativa expuesta en el marco de la realidad económica, social y política del país, como elemento de base para que pueda realizarse una evaluación adecuada de la gestión del Gobierno anterior.

Recomendaciones

Rechazar el informe de gestión del expresidente de la República Lenín Moreno Garcés, por haber cumplido solo 11,4 % de las metas de su propio Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, resaltando también que este documento fue entregado fuera de tiempo y en su elaboración no ha habido orden ni rigurosidad en el manejo de la información, presentándose cifras inconsistentes en el mismo documento, así como datos que discrepan de las estadísticas oficiales, además de que incluye afirmaciones sin los sustentos adecuados.

Solicitar que la secretaria general de la Asamblea Nacional remita copias de la resolución adoptada por el pleno y el expediente elaborado por la Comisión de Régimen Económico, y del informe de gestión del expresidente a la Contraloría General del Estado, para que inicie los exámenes y auditorías de administración, gestión y las demás que correspondan por el incumplimiento notorio tanto de metas en lo económico y social, así como de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, sumado a una evidente falta de atención y de provisión de los recursos mínimos necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos en el marco de la pandemia COVID-19.

Que se evidencia que el informe del exmandatario está incurso en falsedad ideológica. Precisamente porque son afirmaciones que carecen de veracidad; además de ello, son falsas las ideas en las que se quiere afirmar como verdaderas; en tal virtud, el pleno de la Asamblea Nacional debe remitir este informe a la Fiscalía General del Estado para el inicio de una investigación fiscal y a la Comisión de Fiscalización para el inicio del juicio político. (I)

El documento, que se compone de 45 páginas, fue aprobado con los votos de la presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño (Pachakutik), el vicepresidente Jhonny Terán (PSC), y los asambleístas de la bancada correísta Pabel Muñoz, Blasco Luna y Ana Herrera.

Los asambleístas Diego Ordóñez y Guido Chiriboga, se abstuvieron, tras señalar que este documento habría sido elaborado con “sesgo político” por el asesor de la Comisión Carlos de la Torre, exministro de Moreno, crítico a su gestión.

Sin embargo, la Presidenta salió al paso de estas acusaciones y enfatizó que en la redacción del texto se dio en función de los criterios de los legisladores. De la Torre estuvo en la sesión en modalidad virtual. El texto pasará a resolución del Pleno de la Asamblea.

También se abstuvieron Byron Maldonado, de Creo, y Eithel Zambrano (exID), quienes no intervinieron en el debate.

En su parte fundamental, el documento, que se basa en el último informe enviado por Moreno a la Asamblea, tiene estas recomendaciones:

1. Rechazar el Informe de Gestión del expresidente de la República Lenín Moreno Garcés por haber cumplido solo 11,4% de las metas de su propio Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, resaltando también que este documento fue entregado fuera de tiempo y en su elaboración no ha habido orden ni rigurosidad en el manejo de la información, presentándose cifras inconsistentes en el mismo documento, así como datos que discrepan de las estadísticas oficiales, además de que incluye afirmaciones sin los sustentos adecuados.
2. Solicitar que la Secretaría General de la Asamblea Nacional remita copias de la Resolución adoptada por el Pleno, así como del presente informe y del Informe de Gestión del expresidente Lenín Moreno Garcés a la Contraloría General del Estado, para que, en el marco de sus competencias, inicien los exámenes y auditorías de administración, gestión y las demás que correspondan por el incumplimiento notorio tanto de metas en lo económico y social, así como de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, sumado a una evidente falta de atención y de provisión de los recursos mínimos necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos en el marco de la pandemia COVID19.
3. En consideración a las conclusiones expuestas, se evidencia que el Informe del Moreno “está a nuestro juicio incurso en falsedad ideológica. Precisamente, porque son afirmaciones que carecen de veracidad. Además de ello, son falsas las ideas en las que se quiere afirmar como verdaderas; en tal virtud, pedimos al Pleno de la Asamblea Nacional que se remita este informe a la Fiscalía General del Estado para el inicio de una Investigación Fiscal y a la Comisión de Fiscalización para el inicio del juicio político”. (I)

Fuente: elcomercio.com