Se tramitaría extradición de expresidente Correa y otros 6 condenados en caso Sobornos

 Se tramitaría extradición de expresidente Correa y otros 6 condenados en caso Sobornos
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Una vez que la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 quede ejecutoriada -posiblemente la próxima semana- se iniciarían al menos siete procesos de extradición contra algunos de los condenados a prisión por el delito de cohecho pasivo agravado y que se conoce que están fuera del país, indica eluniverso.com.

Ellos son: el expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica desde hace más de tres años; el exsecretario de la Administración y exministro de Turismo, Vinicio Alvarado, quien estaría en Venezuela; el exministro de Transporte y extitular de la Secretaría del Agua, Walter Solís, que supuestamente se halla en Estados Unidos; y los empresarios Rafael Córdova, Mateo Choi y William Phillips. El primero tiene registro de entrada a Países Bajos, el segundo está en Corea del Sur -donde nació- y el otro también en Estados Unidos.

La exministra de Vivienda María de los Ángeles Duarte está refugiada en la embajada de Argentina en Ecuador, que se considera como territorio de ese país. Mientras que el exlegislador Christian Viteri dijo que está en el exterior, pero no se sabe dónde.

El trámite de extradición se aplica en los casos de delitos comunes, no políticos. Y tiene que cumplir algunos pasos y requisitos, explican juristas especializados en Derecho Internacional y en Derecho Penal consultados por este Diario.

El internacionalista Carlos Estarellas indica que la Ley de Extradición ecuatoriana, vigente desde el 2000, contempla un sistema de extradición mixto en el que intervienen tres instituciones: la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Cancillería y el Ministerio de Gobierno y Policía.

En principio, agrega, deben existir tratados de extradición entre las naciones involucradas en el proceso, en el que se detallen expresamente los delitos o sus equivalentes; estos instrumentos pueden ser bilaterales o colectivos. Pero si no los hay puede apelarse al principio de “reciprocidad internacional”, es decir, una cooperación entre naciones.

A la CNJ le corresponde pedir a la Cancillería que envíe la nota diplomática en la que solicita al país respectivo la extradición de un ciudadano. En el caso Sobornos 2012-20126 sería a Bélgica, Estados Unidos, Venezuela, Argentina y Corea del Sur.

La Corte Nacional tiene que estudiar la legislación de estos países para poder armar el expediente que se enviará, señala el penalista Nicolás Salas.

Pero en general, según las normas locales e internacionales, se requieren documentos como la copia de la sentencia condenatoria o el auto de prisión preventiva; detalles de la identidad del extraditable y su ubicación, si la tiene; y facsímiles de las leyes penales aplicadas en el caso.

Cuando el pedido se ha realizado, la nación requerida analiza el pedido. No es que detiene al extraditable y lo envía a su país de origen inmediatamente, pues no se trata de una deportación, que se aplica en caso de haber problemas migratorios.

Si conoce su sitio de residencia, primero lo notifica y se inicia un proceso judicial para determinar si procede o no la solicitud.

Si no se sabe su ubicación, el país que lo requiere puede pedir a la Policía internacional (Interpol, en inglés) que emita una “alerta roja”, lo busque y lo entregue a las autoridades; pero para ello previamente efectúa un análisis del caso para descartar que se trate de un tema político y no penal. Es en este punto en que entra en escena el Ministerio de Gobierno, tanto para hacer el pedido como para receptar aquellos del exterior.

El caso de Duarte es distinto porque ella solicitó asilo a Argentina. De aceptársele el pedido, no podría aplicársele la extradición. Lo que podría hacer el Gobierno ecuatoriano es negarle el salvoconducto para que pueda viajar a ese país, opina Estarellas. Esto ya lo hizo, por ejemplo, el gobierno británico cuando Ecuador le dio asilo al hacker australiano Julian Assange, quien permaneció casi seis años en la embajada en Londres.

El proceso de extradición no tiene plazos de vencimiento o de ejecución, ya que depende de la decisión del país requerido, señala Salas.

Puede durar años, como ocurre con el de los hermanos Roberto y William Isaías, los exdueños del Filanbanco, quienes se hallan en Estados Unidos. Están sentenciados por peculado. Uno de sus abogados -que prefiere mantener la reserva- señala que Ecuador ha realizado cuatro pedidos de extradición desde el 2000 y que todos han sido negados; esto, dice él, porque no han podido demostrar el delito ante las autoridades norteamericanas. Pero Estarellas considera que pudo haber influido que el tratado de extradición con EE. UU. data de 1872 y fue enmendado en 1939 (es el más antiguo que ha suscrito Ecuador) y contempla delitos que ya ni existen, y la tensa relación que existía con el expresidente Correa.

O pocos meses, como pasó con el exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero, quien fue extraditado desde España en febrero pasado, luego de que octubre del 2018 se dictara en su contra una orden de prisión preventiva dentro del caso del plagio del activista político Fernando Balda en Bogotá. Es decir, en 19 meses. Romero fue sentenciado a nueve años de prisión hace pocas semanas.

Fausto Jarrín, quien es abogado defensor de Correa, está seguro de que de darse este pedido en contra de su cliente, el Reino de Bélgica lo negará. Primero, porque afirma que la sentencia “es ilegal, inconstitucional y absurda”; y segundo porque el tratado de extradición que tiene Ecuador con esa nación es muy antiguo (data de 1887) y no tiene delitos actualizados.

Recuerda, asimismo, que la Interpol ya se negó a emitir la difusión roja para detener a Correa a pedido de la justicia ecuatoriana, “porque se han violentado normas de los derechos humanos, y creo que esa será la línea que asumirán los organismos internacionales a los que acudamos para defendernos”. La primera vez fue el año pasado, cuando también fue llamado a juicio por el caso Balda; y hace pocas semanas, cuando se ratificó en segunda instancia la condena por el caso Sobornos 2012-2016.

Hasta mayo pasado había 133 trámites en curso

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) tiene abiertos 133 trámites de extradición, según cifras de la entidad cortadas al 16 de mayo pasado.

El país con más requerimientos es Estados Unidos, con 47; lo siguen Colombia, con 17; España, con 16; Perú, con 15; y Chile, Rusia, Venezuela e Italia, con 4 cada uno. Además hay dos pedidos en los que no se conoce el paradero de los sentenciados.

La CNJ informó, asimismo, que el 2020 se inició con 124 causas de extradición. Al 16 de mayo habían ingresado 13 nuevos expedientes: 12 activos o petición de Ecuador a otros países; y 1 pasivo o requerimiento de otra nación a las autoridades. Y se habían archivado 5 por distintos motivos.

En el reporte del organismo de justicia se indica que hasta el 16 de mayo de 2020 se habían concedido 3 extradiciones activas (es decir, pedidos aceptados por otros países) y se habían recibido 3 extraditables entregados por sentencias concedidas en el 2019. Aparte, un pedido de extradición recibido desde Italia se mantiene en trámite. (I)

Nómina de sentenciados

1. Exfuncionarios condenados como autores mediatos, coautores y cómplices

Rafael Correa, expresidente de la República
Fue condenado como autor mediato por instigación, la pena es de ocho años de prisión. Reside en Bélgica. También ha sido llamado a juicio por el plagio del activista Fernando Balda, pero el proceso está suspendido, pues este delito no puede ser juzgado en ausencia. La Fiscalía lo indaga por otros casos.

Jorge Glas, exvicepresidente de la República
Fue condenado como autor mediato por instigación, la pena es de ocho años de prisión. Al momento cumple una sentencia de seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht; está en la cárcel de Latacunga. Pero tiene, además, un llamado a juicio por supuestas irregularidades en la exploración del campo Singue.

Vinicio Alvarado, exministro de Turismo
Considerado como el “hombre fuerte” de la propaganda en el régimen de Rafael Correa, ocupó además la Secretaría de la Administración de la Presidencia. Fue condenado como coautor del delito de cohecho pasivo agravado; la pena también es de ocho años de cárcel. Se conoce que está en Venezuela; desde ese país rindió versiones.

Alexis Mera, exsecretario jurídico
También fue sentenciado a ocho años de cárcel en calidad de coautor del delito de cohecho pasivo agravado. Al momento cumple arresto domiciliario en su casa, en Guayaquil. Lleva un grillete electrónico. Fue el “cerebro jurídico” en el régimen de Rafael Correa y, tras dejar el poder en el 2017, se convirtió en su abogado personal.

María de los Ángeles Duarte, exministra de Vivienda
También fue ministra de Obras Públicas y aspirante a la Alcaldía de Guayaquil. Fue condenada a ocho años de cárcel como coautora; hasta hace pocas semanas cumplía la medida de presentación periódica ante las autoridades y uso de grillete electrónico, pero ingresó a la Embajada de Argentina en Ecuador para pedir asilo político.

Walter Solís, exministro de Obras Públicas
También fue ministro de Vivienda y Secretario Nacional del Agua. Fue condenado a ocho años como coautor del delito de cohecho agravado. También fue llamado a juicio por peculado en la contratación de obras en proyectos de agua en Manabí. Pero la audiencia de juzgamiento se ha diferido en varias ocasiones.

Christian Viteri, exlegislador de AP
Fue condenado a ocho años de prisión como coautor del delito de cohecho agravado. A él se lo acusó de participar en los manejos irregulares del gasto electoral de Viviana Bonilla, que fue candidata a la Alcaldía de Guayaquil por Alianza PAIS en el 2014. El exlegislador era su jefe de campaña.

Viviana Bonilla, legisladora
Fue gobernadora del Guayas y candidata a la Alcaldía de Guayaquil en el 2014; la Fiscalía señaló que su campaña se financió con fondos ilegales. Fue condenada como coautora a ocho años de cárcel. Tenía como medida cautelar la presentación periódica ante las autoridades; ahora está prófuga.

Pamela Martínez, exasesora presidencial
Exjueza constitucional. Fue condenada como coautora del delito de cohecho pasivo agravado. Inicialmente tuvo la pena de ocho años, pero recibió una rebaja del 40 % por la cooperación eficaz que dio a la Fiscalía, o sea 32 meses. El Tribunal de Casación le dio, finalmente, el 10 %; es decir 9 meses y 22 días.

Laura Terán, exfuncionaria
Fue asistente de Pamela Martínez en la Presidencia de la República y en la Corte Constitucional. Fue sentenciada como cómplice por cohecho pasivo agravado, pero recibió beneficios por ser cooperadora eficaz de la Fiscalía. Su pena quedó en tres meses y seis días de cárcel. Ella ya estuvo presa seis meses.

2. Empresarios condenados en calidad de autores directos

Rafael Córdova
Accionista de Mercantil Técnica Córdova (Metco), empresa que según el expediente fue gestionada por Jorge Glas para la entrega de sobornos a través del cruce de facturas entre el 5 de septiembre de 2012 y el 27 de noviembre de 2014, y entregas en efectivo. Fue sentenciado como autor directo a ocho años de cárcel.

Bolívar Sánchez
Consta como accionista mayoritario de Sanrib Corporation, empresa que según el expediente fue gestionada por Jorge Glas para la entrega de sobornos a través del cruce de facturas entre el 13 de octubre de 2012 y el 1 de marzo de 2014, y entregas de dinero en efectivo. Fue sentenciado como autor directo a ocho años de cárcel.

Mateo Choi
Se registra como el apoderado de la SK Engineering & Construction (SK), empresa gestionada por Jorge Glas para el pago de sobornos a través del cruce de facturas entre el 2 de octubre de 2012 y el 21 de abril del 2014 y entregas en efectivo. También fue condenado a ocho años de prisión como autor directo.

William Phillips Cooper
Se registra como accionista de las empresas Azulec S. A., en liquidación, y Caterpremier, gestionadas por Jorge Glas para el pago de sobornos recibiendo en 2014 la adjudicación de un contrato con la EP Petroecuador a través de la primera compañía, según el expediente. Condenado a ocho años de cárcel como autor directo.

Víctor Manuel Fontana
Accionista mayoritario de Fopeca, empresa gestionada por María de los Ángeles Duarte para el pago de sobornos a través del cruce de facturas entre el 9 de enero de 2013 y el 10 de enero de 2014 y entregas en efectivo, recibiendo a cambio la adjudicación de 14 contratos de obras. Condenado a ocho años como autor directo.

Édgar Salas León
Registrado como accionista de la empresa Construcciones y Servicio de Ingeniería (Consermin), gestionada por María de los Ángeles Duarte para la entrega de sobornos a través del cruce de facturas y entregas en efectivo. La empresa habría recibido siete contratos de obras. Condenado a ocho años de prisión como autor directo.

Ramiro Galarza
Registrado como accionista de Construcciones y Servicio de Ingeniería (Consermin), empresa gestionada por María de los Ángeles Duarte para la entrega de sobornos a través del cruce de facturas entre el 6 de noviembre de 2012 y el 21 de enero de 2014, y entregas en efectivo. Sentenciado a ocho años como autor directo.

Teodoro Calle
Accionista mayoritario de la empresa Técnica General de Construcciones (TCG), que según el expediente fue gestionada por María de los Ángeles Duarte para el pago de sobornos a través del cruce de facturas y entregas en efectivo. Recibió la adjudicación de 14 contratos. Fue sentenciado a ocho años de cárcel como autor directo.

Pedro Verduga
Aparece como accionista mayoritario de Equitesa, Equipos y Caminos S. A., empresa gestionada por los exministros María de los Ángeles Duarte y Walter Solís para el pago de sobornos. Recibió, según el expediente del caso, la adjudicación de 17 contratos de obras. Fue condenado como autor directo a ocho años de cárcel.

Alberto Hidalgo
Se registra como subintendente de Hidalgo & Hidalgo. En primera instancia se le emitió una pena de ocho años como autor directo, pero esta se reformó en segunda instancia y recibió una pena de 32 meses como cómplice. El Tribunal de Casación cambió su calidad de cómplice a autor directo, pero la pena quedó en 32 meses de cárcel. (I)

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Paúl Herrera

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