Reducción del Congreso, menos recursos a partidos y fin del instituto electoral: la reforma política de López Obrador que ya rechazó la oposición
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Claudio Cruz / AFP
El oficialismo mexicano no cuenta con los votos necesarios para aprobarla.
La reforma política que la semana pasada presentó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tiene escasas probabilidades de ser aprobada en el Congreso debido a que en los últimos días la oposición en pleno ya anticipó su rechazo.
Para ser avalada, la iniciativa requiere una mayoría calificada de la que el oficialismo carece en el Poder Legislativo. De hecho, no contar con los votos necesarios le valió hace solo dos semanas el fracaso de una reforma eléctrica que se había constituido en uno de los principales y más ambiciosos objetivos de su Gobierno.
En la Cámara de Diputados, la reforma política apoyada por la bancada oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) necesita por lo menos 334 votos de 500, pero apenas cuenta con 277 sumando incluso a legisladores aliados. En el Senado tiene 75 de 128 escaños, pero precisa un mínimo de 85, así que en ninguno de los dos casos le alcanzan los números.
Otro factor que le juega en contra a López Obrador es que, a dos años para las presidenciales de 2024, con varios precandidatos ya en campaña, los principales actores políticos del país no quieren cambiar de manera sustancial las reglas del juego electoral, entre ellos partidos marginales que hoy lo apoyan pero que no van a votar a favor de que les recorten el millonario financiamiento público.
A pesar de que el escenario no es el más favorable, el mandatario ya envió al Congreso una iniciativa que propone una docena de modificaciones fundamentales al sistema político mexicano.
Los cambios
Uno de los puntos más controvertidos plantea que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos cada seis años a través del voto popular, antes de los comicios presidenciales, y que el Instituto Nacional Electoral (INE) desaparezca para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Actualmente, el INE se compone de 11 consejeros que fueron elegidos por dos terceras partes de la Cámara de Diputados, y cuatro de ellos, incluido el presidente del órgano, Lorenzo Córdova, culminarán su mandato de nueve años en abril de 2023.
La iniciativa oficialista plantea que a partir de ahora solo haya siete consejeros que serán elegidos por la ciudadanía de entre una lista de 60 nombres propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Este es uno de los puntos culminantes de la pelea que López Obrador ha mantenido con Córdova en particular y con el propio INE en general, ya que considera que ni el organismo ni sus integrantes son garantes de la democracia. Los enfrentamientos han sido públicos y constantes.
Por otra parte, la iniciativa prevé reducir las diputaciones plurinominales, que son aquellas que permiten acceder a una curul no a través del voto directo, sino de acuerdo con la proporción de sufragios que haya recibido cada partido. De esta forma, la Cámara de Diputados se quedaría con 300 de los 500 escaños con los que cuenta actualmente, y el Senado, con 128 de los 96 actuales.
Uno de los puntos más resistidos es la eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales, ya que difícilmente las organizaciones políticas aceptarán quedarse sin esos fondos multimillonarios. Además, la iniciativa también les reduce el tiempo de exposición en medios de comunicación.
Ahorro
A cambio, el presidente solo ofrece que los partidos conserven los recursos para las campañas electorales.
Otras novedades se refieren a la aplicación del voto electrónico y a la reducción del 40 % al 33 % del nivel de participación que se necesita para que los resultados de la consulta de revocación de mandato sean de aplicación obligatoria.
El mes pasado, cuando se llevó a cabo por primera vez este ejercicio de participación ciudadana, solo votó el 18 % del electorado. Y de todos los votantes, el 90 % eligió que López Obrador siga en su cargo hasta terminarlo en 2024.
Con respecto a la propaganda gubernamental, López Obrador propone una reglamentación más laxa que permita que las autoridades puedan exponer programas de servicios públicos e información sobre los procesos electorales sin amonestaciones, apercibimientos o sanciones como las que él recibió durante los procesos electorales de 2021 y 2022.
Según las cuentas del mandatario, con todas estas medidas el Estado ahorraría alrededor de 24.000 millones de pesos (unos 1.200 millones de dólares).
Reacciones
Cuahtémoc Cárdenas, uno de los dirigentes políticos más importantes de la historia de México, tres veces candidato presidencial y excompañero de partido de López Obrador, criticó de inmediato la reforma política al considerar que lesiona la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
«No veo cuáles serían las razones para una nueva reforma electoral, me inclino más por que podamos mantener una autoridad electoral autónoma del Gobierno», afirmó.
El diputado y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, advirtió que la propuesta del presidente no tiene ninguna posibilidad de avanzar en el Congreso, ya que carece de consenso, diálogo y un verdadero compromiso con la democracia.
«Es demagógica, son ocurrencias para tener una bandera rumbo a las elecciones [presidenciales de 2024] y tender una cortina de humo para ocultar los problemas que enfrenta el país», señaló al ratificar que esta es la misma posición que predomina en el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En el mismo sentido se pronunciaron los nueve gobernadores del PAN, quienes en sus cuentas en redes sociales defendieron al INE al considerar que ha asegurado tres alternancias políticas, es decir, las presidenciales de 2006, 2012 y 2018, «en paz, certidumbre y eficiencia», por lo que debe seguir siendo «el garante de la imparcialidad electoral en el país».
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, también rechazó por completo la posibilidad de que el organismo desaparezca.
«Nuestro sistema electoral es funcional, no creo que sea indispensable una reforma electoral, pero si hay una reforma que nos sirva para mejorar, para continuar ese proceso de cimentación y de robustecimiento de los logros democráticos que hemos alcanzado, pues bienvenida sea, siempre y cuando sea para resolver problemas y no para crearlos donde hoy no los hay», advirtió.
Fuente: RT
