Odebrecht inicia un diálogo con las autoridades para pagar reparaciones en Ecuador

Quito (EFE).- La constructora brasileña Odebrecht inició este miércoles un diálogo con las autoridades de Ecuador en el marco de un proceso de reparación integral por daños ocasionados por el escándalo de sobornos calculados en más de 35 millones de dólares.
El
representante de la firma para América Latina, Félix Martins, reconoció
este día en una breve comparecencia en la sede de la Procuraduría
General de Ecuador, en Quito, los «errores cometidos en el pasado y el
firme e indeclinable compromiso» con un proceso de reparación eficaz
para con las autoridades del Estado ecuatoriano.
Confió en que
este sea transparente y ofrezca resultados, de acuerdo a «los marcos
vigentes que establece la ley ecuatoriana y las prácticas
internacionales».
Martins mantuvo el primero de una serie de
encuentros con destacas instituciones judiciales y del Ejecutivo
ecuatoriano, encaminados a establecer un monto que compense los daños y
perjuicios económicos y de otra índole provocados por la constructora.
En
la reunión participaron la fiscal general del Estado, Diana Salazar; el
procurador general del Estado, Iñigo Salvador; el controlador general
del Estado, Pablo Celi, y el secretario anticorrupción del Gobierno
ecuatoriano, Iván Granda.
El procurador dio una breve declaración
ante los medios sin preguntas en la que subrayó que el iniciado hoy es
un «proceso de reparación integral de los daños que el país sufrió por
los actos de corrupción de Odebrecht en el pasado».
Manifestó que
la compañía ha reiterado su compromiso de cooperar con el Estado
ecuatoriano y que la negociación «no interferirá en la investigación que
lleva adelante la Fiscalía General del Estado, ni en los procesos de la
Contraloría, judiciales y administrativos que se encuentran en marcha».
Las
autoridades ecuatorianas subrayaron que los daños causados por la
compañía deberán abarcar la totalidad de las operaciones de Odebrecht en
Ecuador.
En este sentido, considerarán «tanto los daños
económicos sufridos en el país por diversos conceptos, como los daños
que ha sufrido el Ecuador en su cohesión social, política y moral por
los actos de la compañía».
El procurador no especificó los
conceptos no económicos que habría provocado la mala actuación de la
empresa brasileña, así como tampoco arrojó ninguna cifra aproximada del
monto al que las autoridades estiman podría ascender la reparación en su
totalidad.
Pero explicó que Odebrecht «ha ratificado su
compromiso de cooperación con el Estado ecuatoriano, particularmente en
las investigaciones de la Fiscalía General del Estado y en la resolución
de los temas pendientes con otras instituciones públicas».
Las
partes volverán a verse en la semana del 22 al 26 de este mes en una
nueva reunión en la que Ecuador propondrá una metodología de negociación
con base en parámetros reparatorios, cuantificación de los rubros
acordados, y un procedimiento que incluya un marco temporal de
cumplimiento de las obligaciones asumidas, precisó Salvador.
En
diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló
que Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en doce países de
Latinoamérica y África.
En el caso de Ecuador, afirmó que entre
2007 y 2016 la constructora brasileña pagó sobornos por más de 35,5
millones de dólares a «funcionarios del Gobierno», lo que supuestamente
le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
En
este país, el exvicepresidente Jorge Glas, elegido en 2017, fue
condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en relación a la
trama, acusado de haberse beneficiado de 13,5 millones de dólares en
sobornos pagados por la constructora para la adjudicación de contratos
de obra cuando fue responsable del ramo.
En total se investigan o
han sido investigados 14 proyectos de construcción que fueron
adjudicados a la firma brasileña, entre ellos el emblemático Metro de
Quito.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
informó recientemente que Odebrecht estaría detrás del pago de sobornos
por valor de 7 millones de dólares con los que se ganó las licencias de
construcción del Metro de Quito y la Ruta Viva, una carretera que
circunvala la capital ecuatoriana.
En paralelo, la Fiscalía
mantiene abierto un proceso en torno al llamado caso «Arroz verde», que
indaga la presunta participación de la firma brasileña en la supuesta
financiación irregular de la campaña política del partido Alianza País
(AP), en la época en que estuvo liderado por Rafael Correa, que gobernó
Ecuador entre 2007 y 2017.
Dentro de ese caso, cuya investigación
judicial se inició en mayo, hay dos exfuncionarias de la Corte
Constitucional procesadas y que trabajaron también en la Presidencia de
la República cuando Correa estaba a la cabeza.
