Las armas asesinas

José Ayala Lasso (columnista)

Hay personas que, al referirse a la violencia desatada en nuestro país, dicen que las armas utilizadas son inocentes y que la responsabilidad de su uso violento o ilegal recae en quienes las emplean. Ciertamente, un objeto inerte no ejecuta actos de voluntad, pero no lo es menos que quien lo usa con fines perversos, si no lo tuviera fácilmente a su disposición, pensaría dos veces antes de delinquir. Por lo tanto, la lucha debe llevarse a cabo en ambos frentes: el Estado debe cumplir los deberes que le incumben en cuanto a la buena formación cívica y ética de todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, adoptar medidas eficaces para controlar estrictamente la producción, venta y tenencia de armas y garantizar la seguridad ciudadana.

En los Estados Unidos, la segunda enmienda, promovida por los fundadores de ese país, permitió el libre acceso de todo ciudadano a las armas. Probablemente, en esos tiempos de nacimiento de nuevas colonias en las vastedades de la tierra americana, la ausencia de autoridades hizo necesario que cada colono pudiera contar con medios para protegerse, pero ahora rige en toda la federación un sistema democrático y descentralizado y la justicia está institucionalizada para proteger los derechos ciudadanos. Es verdad que la delincuencia subsiste pero, para defenderse de ella, el ciudadano tiene la ley a su disposición. La permisividad en la venta de armas ha tenido consecuencias graves, no ha servido para combatir la violencia criminal y ha fomentado el odio y los instintos de venganza.

La muerte de decenas de mujeres, hombres y niños en los criminales atentados que cada vez son más frecuente en el territorio yanqui no ha sido suficiente para conmover a sus autoridades, que han optado por la inacción o las piadosas lamentaciones, sin atreverse a confrontar a las poderosas organizaciones que defienden y promueven el uso de armas, todo ello para no perder el importante electorado que dichas asociaciones controlan.

El auge de la delincuencia en el Ecuador ha llevado también a muchas personas a pedir que se autorice la tenencia de armas como medida de auto protección, especialmente en el campo y en el mar. Una mirada superficial al problema podría concluir dándoles la razón, puesto que proliferan las víctimas del robo sistemático del producto y de los instrumentos de su trabajo. Sin embargo, bien analizada la situación, tales delitos de robo pronto se convertirían en homicidios. No cabe desconocer el papel determinante que juega el tráfico de drogas en esta materia.

El gobierno tiene datos e informaciones que debe examinar a fondo para responder al clamor ciudadano. Su deber esencial es garantizar la seguridad de la población, razón por la que se torna indispensable que la decisión que adopte sea el resultado de una reflexión madura y serena.

Tomado de diario El Comercio Ec.