La mayor parte de las víctimas de muertes violentas registradas en lo que va del año en Guayaquil, Durán y Samborondón tenía entre 16 y 38 años

El 92 % de las muertes violentas están relacionadas con violencia criminal por conexiones con el micro y narcotráfico, según la Policía.

El estallido alarmó a los moradores del bloque 2 de Bastión Popular antes de las 07:00 del domingo 20 de febrero pasado. Al salir de sus domicilios, el escenario era macabro. En una de las aceras del 3er pasaje 38C NO estaba el cuerpo de un joven de 21 años decapitado, producto de la detonación de un explosivo.

Los restos de la cabeza quedaron esparcidos en la zona. Tan solo la semana anterior, el 14 de febrero, dos hombres de 33 y 34 años aparecieron colgados en un puente del vecino cantón Durán.

Aquello da cuenta de la violencia criminal con la que conviven varios sectores de Guayaquil y los cantones Durán y Samborondón, que conforman la Zona 8. Ante esos casos recientes, en medio del temor por hablar, moradores de varias zonas dicen estar preocupados e incluso con temor de mantenerse viviendo en esos lugares por la escalada de violencia.

En los tres cantones ya se contabilizan al menos 200 casos del 1 de enero hasta el viernes 25 de febrero de este año, una cifra que supera en más del triple a los sucesos acontecidos en el mismo periodo del 2021, en que hubo 62.

En estos casos, regularmente, han estado inmersas personas jóvenes, incluso menores de edad que han salido afectados como víctimas colaterales.

Luego del hecho suscitado con el explosivo, esa misma tarde, cerca de las 15:45, a pocas cuadras, en la vía que colinda el bloque 2 de Bastión Popular con Mucho Lote 1, dos adolescentes, de 14 y 16 años, que acompañaban a su padre murieron a tiros tras el ataque de sujetos que se bajaron de un vehículo y abrieron fuego en presencia de otras personas que aguardaban en la zona por el mismo servicio. El progenitor, que tenía antecedentes penales, se salvó de morir al lanzarse a una zanja.

Una vecina del sector contó que al percatarse de los disparos, corrió hacia el interior de su inmueble y se lanzó al piso por temor a que una bala perdida la alcance. “Ya la gente se priva de venir a comprar, en las noches la gente teme ir a comprar, hasta a uno de la miedo salir a tomar aire, imagínese por ahí me salpica una bala”, comentó la mujer, que tiene un pequeño negocio de venta de artículos en el mismo inmueble.

Justamente, la noche del martes, sujetos llegaron a disparar a la fachada de tres inmuebles situados en las manzanas 775 y 776, a la vuelta del lugar donde hallaron al joven asesinado con explosivo y a unas cuadras de la escena del crimen de los adolescentes.

Aún asombrado y con temor, un ciudadano que reside en las inmediaciones de una de las viviendas afectadas dijo que ya analizaba cambiarse de lugar de alquiler por los niveles de violencia en esa zona, donde las autoridades han manifestado que se convive con una disputa de bandas por el expendio de drogas.

“Se está poniendo fea la cosa”, comentó al recordar que tan solo a la vuelta de aquellas viviendas, a unos 100 metros, apareció el joven decapitado.

En el Distrito Pascuales, que incluye a Bastión Popular, una de las zonas más conflictivas, hasta esta semana se registraban al menos 25 muertes violentas.

El mayor Freddy Borja, jefe subrogante de Operaciones del Distrito Pascuales, mencionó que las víctimas mortales en esa zona en su mayoría suelen presentar antecedentes penales por tráfico de sustancias, robo agravado y tenencia de armas.

En el suroeste de Guayaquil también hay inquietud de parte de los moradores. La tarde del lunes pasado, en las calles 31 y la C, en el Batallón del Suburbio, hubo un caso de sicariato en una barbería. Ahí, un joven murió abatido. Tras ello, servidores policiales comenzaron una persecución para detener a dos sujetos sospechosos del crimen, quienes avanzaron varias cuadras y luego de irrespetar algunas señales de tránsito colisionaron con un vehículo y murieron en el cruce de las calles 41 y la J.

Desde el interior de su vivienda, Daniel, un vecino que lleva más de tres décadas en la zona, comentó que hasta para salir al portal de la casa lo piensa dos veces. A él le preocupa ser alcanzado por una bala perdida.

La semana pasada recordó que sujetos balearon a un joven a una cuadra del accidente, por lo que considera que los controles policiales deberían tener mayor apoyo de militares y dirigirse sobre todo a los choferes de motos.

Christian Hermosa, jefe del Circuito Batallón, enfatizó que se realizan controles a motocicletas en varios puntos de la zona, ya que ese tipo de automotor es uno de los más utilizados para cometer delitos, entre esos los asesinatos.

El subteniente ratificó que solo en esa zona se contabilizaban quince muertes violentas, en su mayoría, con personas de 21 a 25 años y con antecedentes penales.

A nivel de la Zona 8, el 92 % de las muertes violentas, según el general Víctor Zárate, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, están relacionadas con violencia criminal por conexiones con el micro y narcotráfico. Bandas buscan ganar la hegemonía en la oferta de sustancias ilícitas en distintos espacios, como calles y puertos marítimos.

La mayor parte de víctimas son jóvenes de 16 a 38 años, indicó. Algunos de ellos han tenido problemas anteriormente con sustancias ilícitas o se dedican a esa actividad.

Asimismo, varios hechos recientes han tenido a menores que han estado en la escena como víctimas colaterales, como lo sucedido el 6 de enero pasado con dos niños de 9 y 11 años que murieron en las calles 33 y Capitán Nájera en medio de un ataque a bala que iba dirigido a otras personas.

El pasado viernes, otros dos menores, de 9 y 14 años, recibieron impactos de bala en una pierna y brazo, respectivamente. Ellos se encontraban estables.

Un porcentaje de las víctimas recientes son personas que han salido de la cárcel. Tan solo en la última semana, el miércoles 23, una persona de 22 años fue asesinada en La Fragata y otra de la misma edad murió bajo la misma modalidad en la coop. San Francisco 1, el jueves 24. En ambos casos, según datos policiales, las víctimas habían salido de la cárcel semanas atrás.

Precisamente, como parte de las labores, la Policía realiza un plan poscarcelario con un respectivo mapeo para dar seguimiento a la situación de las personas que salen de prisión, ya que estas podrían ser víctimas potenciales de grupos delictivos. “Porque (algunos de ellos) quieren regresar a su territorio y continuar con el expendio, cuando ya ha sido ocupado por otra organización, y ahí empiezan los conflictos”, explicó el general.

Entre otras medidas, la Policía también trabaja en la intensificación de operativos con todas las unidades preventivas para contener la violencia y con equipos de inteligencia desarticular a las organizaciones en sus sitios de influencia, sobre todo, en las zonas más conflictivas. (I)

Fuente: El Universo Ec