La Locura

Por: Ramiro Rivera Molina

Lo que ha sucedido con las garantías jurisdiccionales, entre otras, la acción de habeas corpus, evidencia la tradicional cultura inclinada a burlar las reglas o torcerlas para favorecer intereses impúdicos, pero justificados por la corrupción y la degradación de las instituciones.

Es una desgracia que los mecanismos que protegen la libertad y la integridad de las personas, – en los casos de Glas, el de uno de los líderes de la banda de Los Choneros, o del narcotraficante holandés, – han devenido en dispositivos para proteger a delincuentes, extendiéndoles comprobantes de impunidad. En esta indeseable realidad, que la cuestionada presidenta de la Asamblea Nacional, donde se supone, rige el principio de la legalidad, presente una denuncia a la fiscalía, para anular las expresiones y votos de la oposición, resulta un chiste.

Que la señora Guadalupe Llori pretenda judicializar los votos y las opiniones de 81 asambleístas, es pintoresco y una morrocotuda torpeza. No importa quienes sean, las etiquetas ideológicas que representen o las mezquindades que arrastren. Las resoluciones del parlamento están sujetas al control constitucional. Acudir con una denuncia ante la fiscalía para neutralizar a los adversarios y anular la discusión que se produce en la asamblea, por mediocre que sea, no tiene sentido alguno, ni siquiera en Macondo, pueblo inventado por la magistral pluma de Gabriel García Márquez. Macondiano, que una jueza les otorgue a los actores de la bronca, cinco días para que “lleguen a un acuerdo de conciliación”. Triste y risible. ¿Es lo que da la tierra?

No se puede ni se debe ignorar, aunque resulte impopular al confundirse con la inmunidad, que en el ejercicio de la representación parlamentaria no hay responsabilidad jurídica, por las opiniones y votos. Es la llamada inviolabilidad. No cabe entonces judicializar las expresiones y los votos. La inviolabilidad es una regla vigente en todas las sociedades democráticas.

Fuente: El Comercio