La Ley de Inversiones llega a debate decisivo con las fuerzas en contra
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, incluyó el segundo debate de esta Ley en el orden del día de la sesión que se realizará en el Pleno el 22 de marzo. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO
Con un panorama incierto para su aprobación, la Ley de Inversiones impulsada por el Ejecutivo pasará a su segundo y definitivo debate en el Pleno de la Asamblea. La sesión se realizará mañana, 22 de marzo del 2022, sin que el oficialismo haya asegurado los 70 votos que se requieren para aprobar el texto.
La Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes, solo controla 28 curules. Hasta el fin de semana pasado, el bloque del correísmo (48 curules) anunció que votará en contra y en Pachakutik (27) había criterios divididos.
La mayor posibilidad de llegar a acuerdos para esta Ley se ubica en los bloques del Partido Social Cristiano (14) y la Izquierda Democrática (15). Sin embargo, solo suman 29. Sus delegados en la Comisión de Desarrollo Económico votaron a favor del informe.
Pedidos de ajustes
El jefe de bloque del PSC, Esteban Torres, consideró necesario que en el segundo debate se hagan precisiones en temas como mercado de valores, control de seguros y alianzas público-privadas, que son puntos más sensibles.
“Esperamos que el día de la votación haya la suficiente madurez para incluir estas observaciones y ojalá buscar un texto de consenso para que sea aprobada esta ley y para que, por supuesto, no haya un escenario de ministerio de La Ley o de archivo que, creemos, es inconveniente”, señaló Torres.
División en bloques
El jefe de bloque de la ID, Marlon Cadena, consideró que se debe “precautelar el patrimonio del país” y no dar paso a la privatización de sectores estratégicos para “beneficiar a los grandes capitales”. Durante el primer debate en el Pleno, los asambleístas de la ID evidenciaron posturas divididas sobre este proyecto de ley. Incluso, la vicepresidenta de la Comisión, Wilma Andrade (ID), reconoció “un panorama gris” para que el proyecto sea aprobado.
Pachakutik solo logró una posición orgánica al aprobar las268 amnistías en un solo paquete. Su coordinador, Rafael Lucero, mencionó que esta ley ha provocado un intenso debate en su bancada.
“Hemos hecho primero una aclaración: una cosa es privatización y otra concesión. Se han hecho aportes a la ley y aspiramos a que esos aportes sean acogidos por el Presidente”, expresó.
Sin embargo, por lo menos los nueve asambleístas del ala radical de Pachakutik, que se autocalifican de rebeldes, apostarán por el archivo. Así lo anunció Darwin Pereira, uno de ellos, al señalar que se trata de un proyecto privatizador.
Ronny Aleaga, del bloque correísta, aseguró que el informe para segundo debate “no cumple con las expectativas” que tenían; por ello su representante, Carlos Zambrano, fue uno de los tres que votaron en contra en la Comisión de Desarrollo Económico.
“Nos quieren meter gato por liebre. Es una ley privatizadora, de atracción de inversiones, lo que tratan de hacer es acabar con lo poco que queda del Estado y entregar a la empresa privada”, argumentó.
Oficialismo
¿La suerte ya está echada? La oficialista Nathalie Arias cree que no. “No es un tema sencillo, sin duda, pero veo improbable el archivo; veo espacios para hacer ajustes para poder tener las adhesiones necesarias. Veremos sobre la marcha qué es lo sucede”.
Francisco Jiménez, asambleísta de Creo, dijo que lo que ocurra con esta propuesta “sería un indicador, prácticamente concluyente, del derrotero que va a seguir la Institución”.
“Si es que las bancadas insisten en negarse a cualquier tipo de progreso, pues eventualmente estaríamos ya en un marco de obstrucción del Legislativo al trabajo del Ejecutivo”, advirtió.
Bolsas de Valores
Los representantes de las bolsas de Valores de Guayaquil y Quito y la Asociación de Casas de Valores pidieron que se reformaran los artículos 154 y 162 del proyecto de Ley de Atracción de Inversiones.
Su preocupación se centra en que las subastas públicas de títulos valores de deuda interna no sean ejecutadas en las bolsas de valores.
En un comunicado señalaron: “Separar la negociación de valores del sector público de los del privado significa crear mercados paralelos que no favorecen a la transparencia ni a la formación de precios, en un mercado en crecimiento”.
Fuente: El Comercio
