Juicio político a Christian Cruz se debatiría el próximo martes en el pleno de la Asamblea Nacional

 Juicio político a Christian Cruz se debatiría el próximo martes en el pleno de la Asamblea Nacional
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El enjuiciamiento político en contra de Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) prevé sustanciarse el próximo martes en el pleno de la Asamblea Nacional.

El presidente de la Legislatura, César Litardo informó este 6 de octubre, que convocará a la sesión para ese día, después de que la Comisión de Fiscalización y Control Político notificó dentro del plazo de 48 horas, con la resolución de aprobación del informe en el que se resolvió proseguir con la interpelación a Cruz.

El expediente se aprobó con diez votos afirmativos de los legisladores de esa Comisión, el domingo 4 de octubre, y en cuyas conclusiones se detalla que Cruz habría incumplido funciones al expedir el reglamento para la Administración, Utilización, Mantenimiento y Control del Parque Automotor del Consejo, y el reglamento interno para la autorización, cálculo, pago y liquidaciones de viáticos y movilizaciones de los trabajadores.

En tanto que, la ley que rige al Consejo determina que la reglamentación interna la aprobará el pleno del organismo.

Respecto de las dudas sobre posibles anomalías en la obtención de su carné con el 81% de discapacidad visual y auditiva en el 2009, la Comisión legislativa reconoció que si bien es un documento obtenido antes de su participación en el CPCCS, consideran que demuestra la «falta de probidad para el desempeño de funciones».

El funcionario tramitó este documento en el contexto del concurso de méritos para la elección de los vocales del CPCCS, que realizaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el 2009.

Cruz, en una rueda de prensa del lunes pasado, advirtió que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar por sus derechos. Según dijo, están afectando su honor y el de su familia con este proceso político.

Calificó «de imaginarios» las acusaciones que plasmó el legislador Kronfle en su pedido de enjuiciamiento político.

E insistió que la Comisión de Fiscalización no estaba facultada para proceder, porque existe un pronunciamiento de la Procuraduría del Estado en el que se señala que dicha Mesa no podía reestructurarse antes de los dos años en funciones, además, que no se contó con el número de firmas necesarias para dar paso a la interpelación.

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Javier Alava

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