Juez que dictó medidas sustitutivas a 18 aprehendidos en hospital dice haberse apegado al COIP; su resolución generó cuestionamientos en la opinión pública
Afuera del hospital del centro de Guayaquil fueron detenidas 18 personas que se movilizaban en vehículos, en cuyo interior se hallaron armas. Foto: El Universo
Los detenidos son la esposa, el hijo, los primos y amigos del hombre que fue baleado en un auto blindado. Deben presentarse cada semana ante el fiscal del caso.
Por transporte de armas y asociación ilícita se procesó este miércoles a los 18 detenidos en el hospital Luis Vernaza, quienes supuestamente daban seguridad a alias Joselo, José R. L., el hombre de 41 años que sobrevivió a un intento de asesinato el martes 7 de junio en una plaza comercial del cantón Daule, en la provincia del Guayas.
Luego de la audiencia de flagrancia, el juez José Miguel Torres López les concedió medidas cautelares a todos y eso desató cuestionamientos de la opinión pública a través de redes sociales. El caso se volvió mediático porque en dos clínicas privadas de Guayaquil no quisieron admitir al herido por su peligrosidad y porque habría llegado acompañado de hombres armados.
De hecho, en un centro hospitalario del sur de la ciudad hubo un cruce de balas, aparentemente entre bandas delictivas.
Pero, ¿quiénes estaban afuera del hospital y cómo se dio la captura?
EL UNIVERSO conversó con el juez Torres, quien sostuvo que entre los detenidos estaban la esposa del herido, su hijo, sus primos y amigos cercanos. Indicó que la investigación determinará si pertenecen o no a una banda.
El juez aclaró que los procesados supuestamente estaban comiendo chaulafán en el estacionamiento, sentados a unos 10 metros de los tres carros en los que después se hallaron las armas de fuego.
A algunos de ellos, dijo, se les encontraron las llaves y al revisar los vehículos, escondidas en los paneles se hallaron las armas, refirió el juez. Y añadió que en el parte policial no se determina quiénes entraron en los carros, quién conducía, quiénes son los dueños o a quiénes pertenecen las armas de fuego.
Hasta que esto se determine mediante la investigación, los procesados se deberán presentar cada viernes ante el fiscal.
“El artículo 534 del COIP determina textualmente que los elementos de convicción deben ser claros, precisos y justificados y que la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva”, expresó Torres.
El juez indicó, además, que a algunos de los detenidos, según la versión de los mismos procesados, los habrían aprehendido en un local de comida. “Ahí hasta se detuvo al señor que cuidaba los carros”, comentó el juez.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Danny Vizueta sostuvo que los gendarmes notaron la presencia sospechosa del grupo de personas, quienes no habrían deseado registrarse en la bitácora de ingreso, y luego de ello, se les realizó una requisa a ellos y a tres automóviles en los que se movilizaban.
Durante la revisión, personal policial aseguró que encontró tres armas de fuego (una con uno de los detenidos y dos camufladas en los vehículos), 321 municiones, 1.016 dólares y 250 euros en efectivo.
El juez Torres indicó que en la audiencia de flagrancia no le habrían presentado ningún video. Dijo que esa prueba se presentaría en la audiencia de procedimiento directo, donde se resolverá la situación legal de los 18 procesados, quienes de ser hallados culpables pueden ser sentenciados de tres a cinco años de cárcel.
De no presentarse a firmar cada viernes, el juez ordenará la localización y captura de los procesados. (I)
Fuente: El Universo Ec
