José Carlos Tuárez niega patrimonio de USD 372 000

 José Carlos Tuárez niega patrimonio de USD 372 000
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Quito.- Los cuatro integrantes de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) comparecieron ayer 29 de julio del 2019 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para presentar sus descargos y evitar que el pedido de juicio político en su contra pase al Pleno, donde podrían ser destituidos.

En total hay tres procesos. Uno contra el presidente del Cpccs, José Carlos Tuárez, por falta de probidad, pedido por el legislador Fabricio Villamar. Otro contra los cuatro vocales de mayoría (Tuárez, Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá), por iniciar un proceso de revisión del nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. Y un tercero por supuesto proselitismo de Tuárez y Gómez.

El primero en enfrentar los cuestionamientos fue Tuárez. Eliseo Azuero, presidente de la Comisión de Fiscalización, le consultó sobre su patrimonio.

Mencionó las pólizas cedidas a su favor para la compra de un camión. Tuárez se excusó de responder. Dijo que eso pertenece a su fuero interno y que su patrimonio no asciende a USD 372 000. La respuesta de Tuárez demoró 22 minutos y fue leída de una hoja.

Mientras esto ocurría, en los exteriores del Legislativo se produjeron enfrentamientos entre la Policía y ciudadanos que acudieron para mostrar su respaldo al Cpccs.

Con respecto al tema de la revisión de los nombramientos de la Corte Constitucional, Tuárez citó un pedido enviado a la propia Corte para que se verifique si hay acciones en contra del Cpccs por incumplimiento del dictamen y citó la respuesta de esa entidad, en la que asegura que no hay ninguna acción emprendida en ese sentido.

Ante la pregunta de Fausto Terán, sobre si pertenece a una orden religiosa, Tuárez dijo que continúa siendo fraile. “Nunca lo he negado. Siempre he dicho que soy un religioso. Actualmente, tengo exclaustración, un permiso que solicité para la campaña y aún está vigente”.

Daniel Mendoza (AP) le dijo a Tuárez que, tras su posesión, se lo vio haciendo proselitismo. “El debate cuando se trabajó la reforma a la Ley del Cpccs fue despolitizar la entidad. No sé si usted haya trabajado para eso con esas caravanas”, preguntó. Tuárez aseguró que sus actuaciones se enmarcan dentro de la legalidad .

Sobre su condición de sacerdote, dijo que la prohibición que establece la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es para quienes son representantes legales de cultos. Tuárez explicó que él es un sacerdote que no funge como representante legal de su orden.

Fabricio Villamar (independiente) señaló que la Ley es clara al establecer que la prohibición es para un representante de la iglesia. La normativa no se refiere al represente legal, como argumenta el principal del Cpccs.

Sobre la calificación de su candidatura para el Cpccs, Tuárez señaló que su postulación cumplió con todos los requisitos. “Hubo un análisis exhaustivo sobre cada candidatura”, adujo.

Finalmente, Tuárez mencionó que nunca conformó la comisión especializada para revisar el proceso administrativo por el cual se nombró a los jueces de la Corte Constitucional. El principal del Cpccs dijo que los tres asambleístas que buscan interpelarlo en el Pleno de la Asamblea lo hacen por animadversión hacia él.

Por otra parte, ayer la Unidad Judicial Norte 2, con sede en Guayaquil, no admitió la solicitud de medidas cautelares que buscaba detener el proceso de juicio político en contra del titular del Consejo de Participación y Control Social.

La resolución se hizo efectiva este lunes 29 de julio del 2019, pero la solicitud había sido presentada el pasado 25 de julio pasado por el ciudadano Miguel Iván Arroba Reinoso.

“No existe el acto donde se observe la vulneración de derechos constitucionales ni se ha demostrado la urgencia de las circunstancias, por lo que la acción planteada no es la correcta, ni la adecuada”, reza la resolución firmada por el juez Francisco Mendoza.

Agregó que en este caso en particular, están frente a una observación de índole administrativa y las medidas cautelares no tienen por objeto reparar el daño, sino solamente evitarlo o suspenderlo.

Hasta el cierre de esta edición, aún debían presentar sus descargos los consejeros Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio.

Fuente El Comercio

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