Habeas corpus permite liberación de seis menores de edad procesados por actos violentos en Contraloría

 Habeas corpus permite liberación de seis menores de edad procesados por actos violentos en Contraloría
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Mediante un habeas corpus otorgado por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, la noche de ayer, seis adolescentes que permanecían en internamiento preventivo desde el 13 de octubre pasado, por ser parte de las 33 personas que fueron detenidas por irrumpir violentamente y destruir el edificio matriz de la Contraloría, quedaron en libertad.

La detención de los seis menores de edad y los 27 adultos se dio al interior de la Contraloría en donde se registraron actos violentos que terminaron en varios incendios que afectaron la mayor parte de la estructura del edificio. El acto se dio durante las manifestaciones contra las medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Lenin Moreno.

Según la Defensoría Pública, la Sala Civil y Mercantil de la Corte de Pichincha habría declarado la existencia de una vulneración al derecho a la libertad física y psíquica, debido a una detención arbitraria.

Aunque se ordenó la inmediata libertad de los adolescentes, el proceso judicial contra ellos continúa. El defensor público Luis Altamirano está a cargo del caso.

Paralelamente continúa el procesamiento de los 27 mayores de edad acusados del delito de terrorismo.

La tarde del 13 de octubre pasado, la jueza de flagrancia Eliana Carvajal decidió ordenar para 14 de ellos prisión preventiva, mientras que para los restantes 13 definió las medidas cautelares de presentación periódica ante el fiscal del caso y prohibición de salida del país.

Horas antes de esta decisión, la misma jueza Carvajal ordenó el internamiento preventivo en el Centro Virgilio Guerrero, en el norte de Quito, de los seis menores de edad también procesados en esta causa. Inmediatamente un juez competente en temas de menores ordenó contra ellos la apertura de una instrucción fiscal de 30 días.

El delito de terrorismo tipificado en el artículo 366 numerales 2 y 9 del Código Orgánico Integral Penal (Coip) mantiene una pena de 10 años a 13 años de cárcel.

Durante los actos violentos en la Contraloría General del Estado se registraron hechos vandálicos contra la edificación, su mobiliario y la documentación que reposa en esa institución que audita contratos y los comportamientos administrativos de los funcionarios públicos. Hasta el día de hoy el edificio no es seguro para su ocupación.

Autos oficiales, buses y varios pisos quedaron completamente destruidos por los varios incendios que iniciaron los manifestantes. (I)

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