Gobierno veta parcialmente ley de registro de violadores y pedófilos

 Gobierno veta parcialmente ley de registro de violadores y pedófilos
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El presidente de la República, Lenin Moreno, aplicó un veto parcial por razones de inconstitucionalidad al proyecto de Ley Orgánica de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, porque genera un trato discriminatorio por razones de pasado judicial.

El Ejecutivo, en su objeción, señala que si bien la iniciativa es loable porque establece una inhabilidad a las personas con sentencia ejecutoriada por delitos cometidos en contra de la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes para ejercer un cargo, profesión, empleo, oficio o voluntariado, pero la propuesta del legislativo de crear un registro contraviene derechos y garantías de las personas y deberes primordiales del Estado contemplados en la Constitución e instrumentos internacionales.

La propuesta de ley establece la obligación a las entidades, autoridades, personas jurídicas o naturales que requieran contratar a una persona para un empleo que involucre una relación directa con niñas, niños y adolescentes de verificar que la persona interesada no se encuentra inscrita en el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta disposición, según el Ejecutivo, generaría una desventaja, y su contenido estaría viciada de inconstitucionalidad por el fondo.

Frente a ello, la legisladora Lourdes Cuesta (antes CREO), proponente del proyecto, cuestiona que el Ejecutivo generalice que se está impidiendo ejercer un trabajo al violador, cuando el texto aprobado por la Asamblea se refiere a un empleo que involucre una relación directa con menores.

En el veto, el Ejecutivo propone que en lugar de un registro se introduzca en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la obligatoriedad de imponer adicionalmente la pena de inhabilitación para el ejercicio profesional, mediante sentencia, en todos los casos de delitos contra la integridad sexual o reproductiva cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes.

Con ello, se alcanzaría el mismo objetivo propuesto en la ley, pero mediante un mecanismo apegado a derecho, pues lo que se plantea es que sea un juez quien obligatoriamente establezca como penal adicional al tipo penal en estos casos, una penal de inhabilidad profesional.

Cuesta recuerda que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Asamblea, y que antes de su aprobación de revisó la Constitución, legislación comparada, tratados internacionales y opiniones consultivas de la CIDH, precisamente para evitar este tipo de interpretaciones desde el Ejecutivo.

La legisladora azuaya afirma que esto pasa por un tema político, y “para mí este gobierno es un gobierno defensor de violadores”. Cuestionó que en el proyecto de reformas al COIP, que también fue vetado parcialmente, establecía la obligación del Estado de proteger a niñas, niños y adolescentes, que el violador pueda ser juzgado en ausencia, y precisamente, ese tema fue vetado también por inconstitucionalidad, apuntó. (I)

Fuente: El Universo

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