Este viernes se reinstala la audiencia de procedimiento directo contra asambleísta Yofre Poma

 Este viernes se reinstala la audiencia de procedimiento directo contra asambleísta Yofre Poma
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A las 09:00 de este viernes se reinstalará la audiencia de procedimiento directo por el delito de paralización de servicio público contra el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yofre Poma, y ocho personas más. Cerca de la media noche del jueves último el juez David Jacho decidió suspender el primer día de esta diligencia.

La mañana de este jueves, previo a instalar la audiencia el juez Jacho, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió declarar la reserva de la diligencia, argumentando que el delito que se analizaba afecta a la estructura del Estado ecuatoriano.

El primer punto que se evacuó en la audiencia fue el pedido de cambio de medidas cautelares que hizo la defensa de Poma; del prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez; y del comunicador José Gómez. La decisión de Jacho fue negar el pedido de todos.

Inmediatamente se instaló la etapa de evaluación en la que los procesados adujeron que existían suficientes vicios que nulitan todo lo actuado.

El abogado de Chávez, Julio Sarango, afirmó que uno de los vicios que afectan al proceso es que todos no fueron puestos inmediatamente a órdenes de una autoridad competente. En cambio, Gustavo García, abogado de Poma, señaló que en este caso a toda costa se quiere sentenciar a su cliente y así despojarlo de su cargo de asambleísta.

Poco más de dos horas le tomó al juez Jacho analizar los elementos escuchados en la fase de evaluación de la audiencia. La resolución: el magistrado no encontró vicios que afecten la validez del proceso e instaló la fase preparatoria de juicio y de juzgamiento que duró hasta la madrugada.

Los nueve sospechosos de este caso fueron detenidos el 7 de octubre pasado en la provincia de Sucumbíos, mientras participaban en una manifestación que, según Fiscalía, habría terminado con el ingreso violento de manifestantes a instalaciones de un pozo de Petroamazonas.

La teoría fiscal es que los detenidos ingresaron con violencia a las instalaciones estatales y obligaron a dos técnicos a paralizar el bombeo de petróleo a través del Sote (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano). La paralización se habría dado entre las 18:06 y las 20:25, evitando el bombeo de 31.296 barriles de petróleo que produjo un perjuicio para el Estado de $1.7 millones. (I)

Fuente: El Universo

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