El veto al proyecto de ley sobre aborto por violación entra al pleno de la Asamblea Nacional sin votos a favor ni en contra

Para allanarse a la objeción parcial del Ejecutivo se necesita de 70 votos; y para ratificarse en lo aprobado por la Asamblea, de 90 voluntades.

La decisión de la Corte Constitucional de devolver a la Asamblea Nacional el veto presidencial de la “Ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación” puso en aprietos al Legislativo, porque no existen votos para allanarse ni para ratificarse en el texto inicial.

La puja por los votos se mantuvo durante todo el día para tratar de convencer a los catorce legisladores que se abstuvieron y asegurar la presencia de siete asambleístas que en la sesión de aprobación no acudieron al pleno.

La sesión para resolver sobre el veto presidencial está convocada para este 14 de abril a partir de las 18:00.

Son tres temas los que confrontan a la Asamblea Nacional con el Ejecutivo en el proyecto de ley del aborto por violación: la temporalidad, los requisitos y la objeción de conciencia; a más de ello, la consideración del aborto como un derecho frente a como una excepción, que es como lo concibe el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el texto de la objeción.

Respecto a la temporalidad, la Asamblea determinó que la interrupción del embarazo se realice hasta las 12 semanas de gestación, con excepción de niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad e interculturalidad, cuyo plazo se amplía hasta las 18 semanas.

En cambio, el Ejecutivo planteó que la interrupción del embarazo debe realizarse hasta las 12 semanas de gestación sin excepciones.

En torno a los requisitos, el Parlamento determinó que basta con la suscripción de un formulario en la casa de salud para que la niña, adolescente o mujer pueda acceder al aborto. En tanto que el Ejecutivo plantea que debe haber una denuncia previa en Fiscalía o, a su vez, una declaración juramentada de la víctima.

Sobre la objeción de conciencia, la Asamblea determinó que el médico puede hacer uso de ese derecho, pero al mismo tiempo garantizar la derivación de la paciente. Y, en cambio, el Ejecutivo propone que la objeción de conciencia puede ampliarse hasta toda una casa de salud privada.

Otra de las observaciones que formuló el Ejecutivo se refiere al trato del aborto como un derecho y no como una excepción a su penalización, pues sostiene que la ley debe regular la práctica de acuerdo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que la sentencia de la Corte no implica el reconocimiento de un nuevo derecho. Además, en la objeción sugiere el cambio del nombre por “Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación”.

Posiciones y votos

Frente al veto parcial del Ejecutivo, la Asamblea Nacional está fraccionada. En contra del proyecto de ley se mantienen 41 legisladores: 14 de UNES, 11 de BAN, 7 de PSC, 5 de IND, 3 de PK y 1 de ID.

A favor de la moción de ratificación existen de momento 75 voluntades: 29 de UNES, 17 de PK, 12 de ID, 9 de BAN, 4 de PSC y 4 de IND.

Cuando se aprobó este proyecto de ley en segundo debate hubo catorce abstenciones y siete legisladores también estuvieron ausentes.

El legislador Alejandro Jaramillo (antes ID), presidente de la Comisión de Justicia, espera activar una moción de ratificación que presentó antes de la resolución de consulta a la Corte Constitucional, y para ello busca alcanzar los 92 votos a base de consensos. De no darse esa votación, dijo que se presentará una tercera moción para que la votación se realice por bloques.

La legisladora Johanna Moreira (ID) mantiene conversaciones con aquellos legisladores que se abstuvieron en las votaciones por el proyecto de ley, y no descarta presentar una resolución para acoger parte de las objeciones y en otros textos ratificarse.

El oficialismo, según los legisladores Ana Belén Cordero y Juan Fernando Flores (BAN), apuesta por el allanamiento tácito si el pleno de la Asamblea no logra los votos, pues el plazo para que el Legislativo se pronuncie vence el viernes 15 de abril, tomando en cuenta que el veto del Ejecutivo ingresó el 16 de marzo pasado.

Este sector político cuestionó que el Parlamento haya perdido tiempo consultando a la Corte, pues ahora, a puertas de que venza el plazo para su pronunciamiento, lo único que resta es la votación.

Y el legislador Flores insistió en que ellos esperan un allanamiento tácito y que cualquier moción que se presente la bancada oficialista no la votará, pues esperarán que concluya el plazo para el pronunciamiento de la Asamblea.

La legisladora de UNES Pierina Correa dijo ser del grupo provida y que espera que su moción por el allanamiento obtenga los 70 votos, “porque es el que más se acerca y respeta la sentencia de la Corte Constitucional, a diferencia del texto aprobado por la Asamblea”.

Correa dijo que con el Ejecutivo coinciden en la temporalidad que propone que el aborto por violación podría realizarse hasta las 12 semanas, así como en los requisitos que se proponen en el veto presidencial. (I)

Fuente: EL Universo Ec