El caso Metro de Quito se reactiva luego de 16 meses

 El caso Metro de Quito se reactiva luego de 16 meses
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Era febrero del 2018 y la Fiscalía ordenaba archivar la investigación que 10 meses antes se había abierto por la construcción del Metro de Quito. Esta decisión se tomó porque los investigadores “no encontraron evidencias de un delito”.

Pero un año y cuatro meses después, el tema se reactiva. Primero, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló información obtenida por el portal La Posta y que muestra cómo la constructora Odebrecht aparentemente desvió USD 7 millones en dos obras de Quito: Ruta Viva y el Metro.

Mientras el vicealcalde capitalino, Santiago Guarderas, aseguraba que investigarán esta información y que de hallar irregularidades en esta última obra irán a la Fiscalía a denunciar, el contralor Pablo Celi presentaba más información.

El funcionario confirmó que la construcción del Metro costó USD 11 millones más de lo planificado. Según el examen DNA5-0005-2017, la variación se debió a dos aspectos.

En el primero, la Contraloría detalla que en el 22 de abril del 2016, la Gerencia del Metro de Quito suscribió un acta de entendimiento con el consorcio Acciona-Odebrecht. ​

Allí se introdujeron cambios a las cantidades establecidas contractualmente en la tabla “cantidades y precios”. Eso hizo que se creen nuevos rubros, producto de las modificaciones realizadas a los diseños originales elaborados por el Metro de Madrid. ​

Según la Contraloría, a través de esa acta de entendimiento se dispusieron trabajos no contratados y otros bajo la modalidad “Costo más porcentaje”. Además se dispusieron “órdenes de variación”, que hicieron que los valores se incrementen. Estas órdenes se emitieron, por ejemplo, para retirar las instalaciones eléctricas aéreas y colocarlas de manera subterráneas, en el sector de la Jipijapa.

En el segundo punto, la Contraloría del Estado indicó que el diseño fue responsabilidad de la Comisión Técnica, puesto que se modificó el objeto del contrato principal.

Este procedimiento, a su vez, ocasionó dos cosas: que los diseños de ingeniería no sean definitivos y que se suscriba un contrato complementario, en el 2015, para ajustar, reformar o modificar los diseños.

El contralor Celi aseguró que en este caso no hay indicios penales, pero sí responsabilidades administrativas y civiles. Se señalaron tres glosas por USD 80 millones y se ordenó la destitución del exgerente del Metro de Quito. Tras conocer estos hechos, los exalcaldes Mauricio Rodas y Augusto Barrera defendieron sus gestiones.

“Las irregularidades de las que se habla (en las publicaciones de ICIJ) ocurrieron en la administración de Augusto Barrera. Queda claro que si ese pago de millones se pactó en el 2013, ni yo ni mi administración tienen absolutamente nada que ver. Repito, el que se haga pública esta información me alegra, porque me permite limpiar mi nombre. Eso no deja dudas”, sostuvo Rodas.

Un poco después, Barrera también emitió un comunicado y, entre otras cosas, dijo: “En mi administración se decidió suspender el proceso de licitación de la Fase 2 del Metro; en una primera instancia por la cercanía al proceso electoral del 2014 y posteriormente por los resultados de este. Las ofertas fueron entregadas en julio de 2014 (casi dos meses después del cambio de administración) y la contratación se firmó en noviembre del 2015, es decir, casi dos años después de la suspensión”.

El presupuesto del Metro, cuya extensión es de 22 km, alcanza los 2 009 millones y está previsto que comience a funcionar el primer semestre del 2020, con una capacidad de 400 000 pasajeros por día.

La actual Alcaldía aseguró que entregará todos los datos, para aclarar este tema.

El caso además será investigado por la Comisión Anticorrupción. El estudio incluirá las fases previas y de ejecución del Metro. “Habrá que revisar las convocatorias de las empresas internacionales”, indicó Jorge Rodríguez, integrante de la Comisión.

En la tarde, la empresa Odebrecht también se pronunció desde San Paulo y manifestó que la información conocida ayer a través de ICIJ ya fue entregada “a la Justicia de diversos países” y que los detalles no eran públicos por la confidencialidad de los procesos judiciales.

Fuente El Comercio

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