Dirigentes de la UNE se atan con papel plástico afuera del Ministerio de Economía para exigir la equiparación salarial

La Corte Constitucional debe resolver sobre una demanda de inconstitucionalidad a la LOEI y el veto presidencial.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) radicaliza las medidas de hecho para exigir al Gobierno nacional que disponga los recursos para la equiparación salarial de los docentes, aprobada por la Asamblea Nacional en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Este viernes, 13 de mayo, cinco dirigentes y estudiantes del movimiento social se adhirieron con sogas y papel film (plástico) a postes ubicados en los alrededores de la Plataforma Gubernamental, ubicada en el norte de Quito, en donde funciona el Ministerio de Economía y Finanzas.

La presidenta de la UNE, Isabel Vargas, fue una de las que se ataron a uno de los postes con plástico y exigió a la Corte Constitucional (CC) que “actúe con independencia” y falle a favor de las reformas a la LOEI.

A la par, este viernes, se cumple el undécimo día de huelga de hambre que mantienen varios dirigentes sociales de la UNE y otros ciudadanos, en solidaridad con los maestros en los exteriores de la Corte Constitucional.

Estas acciones se dan en el contexto del trámite de una demanda de inconstitucionalidad presentada a la CC en contra de la reforma a la LOEI que aprobó la Asamblea Nacional en marzo del 2021 para que se incremente el salario de los maestros; y por el veto total por inconstitucionalidad que emitió el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la reforma a la misma ley, por el que el Legislativo se ratificó en la equiparación salarial en marzo del 2022.

El juez sustanciador de las causas y presidente de la CC, Alí Lozada, escuchó en una audiencia pública a las partes procesales este jueves, y representantes de la Presidencia de la República ratificaron que no existe el presupuesto para financiar el incremento de los salarios.

Las cifras oficiales señalan que se requerirían anualmente $ 496 millones para ello, por lo que se pidió a la CC que declare inconstitucional lo actuado por el Legislativo, que no contempló las fuentes para presupuestarlo.

La Asamblea Nacional dispuso en la ley que los recursos provengan de los ingresos por el incremento de los precios del petróleo y de la tributación.

Sin embargo, el Ejecutivo expuso que los ingresos por impuestos a través de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal no son permanentes, sino temporales, lo que no permitiría sostener en el tiempo este financiamiento.

La Corte tendría hasta finales de mayo para pronunciarse, tomando en cuenta que el artículo 139 de la Constitución establece que, si la objeción del Ejecutivo se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial, requerirá un dictamen que lo emitirá dentro del plazo de 30 días.

Si el dictamen confirma la inconstitucionalidad total de la ley, será archivada; y si fuera parcial, la Asamblea deberá realizar las enmiendas necesarias y enviar al Ejecutivo para su sanción.

Si se dictamina que no hay inconstitucionalidad, el Legislativo la promulgará para su vigencia. (I)

Fuente: El Universo Ec