Cuando ser inocente no basta

 Cuando ser inocente no basta
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Eduardo Peña Triviño

Una de las garantías ciudadanas más apreciadas es la presunción de que toda persona es inocente mientras no tenga sentencia condenatoria ejecutoriada por un delito. Este derecho, sin embargo, es usado hasta el abuso por algunos que no merecen ser elegidos para ninguna función pública. Hemos visto que el proceso contra Correa y sus compinches ha sido manoseado hasta la saciedad por los abogados que se han valido de todos los recursos para dilatarlo a fin de que puedan inscribirse como candidatos en las próximas elecciones. El último recurso, el de casación, habrá tenido su desenlace ayer. Y gran parte de los ciudadanos esperamos que la sentencia de culpabilidad sea ratificada desechando el recurso. Tal vez los magistrados recuerden que “no se debe sacrificar la justicia por el incumplimiento de simples formalidades”. En el caso del cohecho, la Fiscalía ha aportado pruebas contundentes de la relación de causalidad y del perjuicio causado al Estado, por diversos delitos; y que los procesados han tenido todas las garantías para su defensa.

Esta experiencia nos obliga a prever el futuro. Los candidatos a cargos de elección popular deben reunir todos los requisitos (no son muchos) para ejercer la función a la que se postulan. Porque la igualdad de los ciudadanos ante la ley es un derecho reconocido y así podríamos tener como presidente de la República a un analfabeto. Es su derecho si reúne los otros requisitos. “Exagerar para ilustrar”, decía Gastón Chávez González. Pero los candidatos deben tener probidad notoria, que nadie puede discutir so pena de ser acusado por calumnia. Por consiguiente, no cabe prueba en contra. Pero si la ley dispusiera otro requisito, las cosas cambiarían.

Me atrevo a proponer que los candidatos a cargos de elección popular deben presentar certificaciones de la Fiscalía General o de los fiscales provinciales, de que no tienen ningún proceso incoado en su contra por la comisión de delitos de acción pública. (Porque hay delitos de acción privada que pueden producir acusaciones malévolas contra las personas). Me dirán que la iniciación de un simple proceso penal contra una persona viola sus derechos humanos. No lo creo porque los requisitos para acceder a ciertos puestos prescinden de la igualdad ya que no todos los ciudadanos tienen las virtudes que se necesitan para ejercer la Presidencia de la República o una representación popular como asambleístas, prefectos, alcaldes y más cargos de elección. Claro que es una exigencia, pero ¿cómo el pueblo evita que quienes cometieron delitos se presenten como candidatos exhibiendo la presunción de inocencia, siendo que se robaron millones y por alguna argucia legal salen o quedan impunes y libres?

Hemos visto la audacia con que Correa y sus partidarios pretenden volver al gobierno. ¿Vamos a soportar esa humillación más por parte de estos sujetos que se creen predestinados al gobierno para hundirnos más de lo que estamos, por su culpa? ¿Hasta cuándo vamos a soportar que se abuse de los legítimos derechos de los verdaderamente inocentes, a los cuales se perjudica con la blandura de las leyes y la impunidad otorgada por jueces venales? (O)

Tomado de diario El Universo

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Columnista

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