Correos revelan pedidos que llegaban a la Presidencia y Rafael Correa

La información encontrada en los dispositivos electrónicos personales de las investigadas en el caso Sobornos 2012-2016 Pamela Martínez y Laura Terán no solo indicaría la existencia de una “bien estructurada organización delictiva”, que exigía pagos a cambio de obras o la injerencia del gobierno de Rafael Correa en la justicia, sino también una serie de pedidos al expresidente, cuyo entorno se encargaba de gestionar.

En tanto avanza el procesamiento de la información extraída de celulares y computadoras, aparecen nuevos datos. Entre ellos están envíos de currículums y solicitudes para cargos, para revisar procesos judiciales de terrenos, hacer “excepciones” en la Ley de Educación Superior, asesorar en la compra de una vivienda…

Por ejemplo, en un correo del 2014 dirigido a Laura Terán se adjunta un PDF que lleva el nombre de uno de los abogados de Correa, Caupolicán Ochoa. Allí se escribe que él pediría ser considerado en los puestos de AP, pues diría tener “avidez política”. Aclara que “no quiere remuneración ni cargo, solo que se le permita opinar”.

Ochoa, según el correo, denunciaría que “son los estudios jurídicos y abogados de oposición a quienes los ministros contratan para los casos importantes” y se pide se le “dé la oportunidad” en los bancos del IESS, Pacífico y Central. El PDF termina con un supuesto pedido de Ochoa para que se considere a su hijo en una subsecretaría y a su hermano en el Iniap de Azuay.

A finales de julio pasado, Caupolicán Ochoa, luego de rendir su versión en el caso Sobornos, dijo que lo que había en el expediente eran referencias y que se remiten a versiones de terceros, pero nada relacionado con el tema de coimas.

En un correo compartido entre Terán y Martínez del 2013 se lee el pedido de un holandés especialista en panadería y pastelería, “compañero de la Universidad San Francisco” (donde Correa laboró como profesor de Economía). Allí se cita el malestar del extranjero por cuanto, con título de tecnología, la Ley de Educación no le permitía dictar clases y pedía “una excepción” para que la Senescyt le autorice dar cátedra. Bajo el título de “gestión”, los funcionarios de Correa responden que se “gestionó el reconocimiento… de su título como de nivel técnico o tecnológico”.

Para 2013, en otro recuadro con pie de página a nombre de Martínez y como título Katiuska Cepeda, se “solicita se la recomiende” para coordinadora de Salud del IESS. Como el cargo dependía del Consejo Directivo, Cepeda afirmaba contar con el voto del delegado de las Cámaras de la Producción.

Luis Muñoz, abogado de Laura Terán, afirma que AP y sus líderes se “metían en todo… para beneplácito y bienestar de quienes eran parte de AP y sus amigos”: en juicios de divorcio, de tránsito, nombramientos.

Otro de los correos, de abril del 2012, muestra supuestos pedidos de los entonces jugadores del EmelecÁngel Mena y Wilmer Zumba. El primero habría solicitado asesoramiento para adquirir una casa, mientras que el segundo deseaba importar un vehículo 4×4 libre de impuestos. En el caso de Zumba, funcionarios de Presidencia habrían dicho que se podría gestionar la exoneración y que dependería de Aduanas y el SRI.

En un cuadro relacionado con el exvocal del Consejo de la Judicatura transitorio Fernando Yávar se anota que este “solicita su autorización para que le asignen el consulado de Los Ángeles o el de Miami. Le han ofrecido la Embajada de Italia, pero no es de su interés. De igual manera, el Viceministerio de Gobierno, pero él teme las nuevas represalias que esa gestión pueda generarle”.