¿Cómo bajar el gasto?
Mauricio Pozo Crespo (columnista)
Resulta bastante fácil desde un cómodo escritorio de analista criticar todo como también es muy común proponer cualquier cosa sin analizar la factibilidad económica, social o política. De igual forma, es repetitivo escuchar opiniones teñidas por la ideología o la pura teoría. Lo importante es entender que los problemas deben ser resueltos y no ser escondidos o postergadas las soluciones.
En política económica no existen soluciones mágicas o que complazcan a todos, cualquier alternativa conlleva un costo y algún sector generará reacción. Lo de fondo es que las decisiones favorezcan a las mayorías, resuelvan los problemas y colaboren con la estabilidad, el crecimiento económico y el progreso en un escenario de justicia y equidad. Si bien es cierto que el Gobierno ha avanzado en evitar que el gasto público siga creciendo como en años anteriores, así como ha tenido que incorporar gastos que estuvieron ausentes varios años como fue el aporte del 40% de las pensiones del Estado al IESS, lamentablemente el problema del gasto del sector público, no solo del Gobierno central, sino de todo el fisco consolidado, no ha sido resuelto. El Presupuesto General del Estado para el 2020, en una cifra corregida, es de USD 26.123 millones. El ingreso fiscal de este año es de USD 20.284, determinando un déficit de USD 5.839 millones. En 2019 el déficit fiscal fue de USD 4.406 millones y los años anteriores registraron cifras no muy distantes. Esto quiere decir que el problema sigue. Los gastos son muy superiores a los ingresos, lo que obliga a que el gobierno siga pensando en cómo obtener más recursos, sea por impuestos o por deuda. Escenario perverso.
USD 18.667 millones son gastos corrientes y USD 7.456 millones son gastos de capital. Dentro de los gastos corrientes, USD 8.897 corresponden a sueldos y salarios, USD 2.139 millones a bienes y servicios y USD 3.613 millones son intereses de la deuda pública. Estos 3 conceptos son los más representativos. En el caso de sueldos, si se pretende evitar más despidos del sector público, la única opción es replantear el nivel salarial. Una negociación que ahorre el 20% significaría cerca de USD 1.800 millones anuales. El caso de bienes y servicios necesita también un esfuerzo importante. Los 60.000 carros del sector público deben venderse todos, o casi todos. Así se puede tener un ahorro de USD 200 anuales en mantenimiento, seguros, etc., más lo que significa el ahorro en nómina de choferes que deberán recibir una liquidación justa y digna. Los intereses de la deuda bajarán en función de una renegociación amigable y de mercado, donde se puede bajar unos USD 500 millones anuales. Lo que no es gobierno central, es decir, en entidades públicas y gobiernos seccionales el problema de excesos es aún mayor. Si solo financiamos esto, la factura se la estamos pasando a todo el país.
Tomado de diario El Comercio Ec.