Colectivo pide a la Corte Constitucional suspender efectos de la resolución de amnistías hasta que trate el fondo de su demanda de inconstitucionalidad

La Asamblea Nacional, con 99 votos a favor, aprobó en paquete amnistiar a 268 personas incluidas en un informe de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Que en el auto de admisión la Corte Constitucional (CC) suspenda los efectos de la resolución de la Asamblea que otorgó las 268 amnistías hasta que se conozca el fondo de la causa y que la CC rompa el principio de la cronología para que trate el caso con anterioridad son los pedidos que se adjuntaron a la demanda de inconstitucionalidad que representantes de un colectivo quiteño presentaron la mañana de este martes.

Andrés Castillo, uno de los integrantes de este colectivo que suma a representantes de sectores comerciales, empresariales, profesionales, entre otros, de Quito, asegura que esta es una de varias acciones que se interpondrán para echar abajo la resolución del Legislativo.

Según él, lo que se busca es que la CC trate con rapidez el caso y de no ser así, al menos, disponga la suspensión de los efectos de la resolución. Que ya existirían antecedentes para que se dé el adelanto de la cronología de los casos en el ente constitucional, dijo.

Castillo adelantó que la demanda está dirigida a la resolución que abarca las 268 personas amnistiadas, pues la Asamblea no tomó en cuenta los pedidos de analizar caso por caso y emitió una resolución en paquete, que incluye a todos los casos.

“Estamos atacando a un solo documento jurídico que incluye a todos los amnistiados, sin embargo hemos hecho particular énfasis en aquellos ciudadanos que fueron investigados y juzgados por delitos de terrorismo y secuestro, los cuales son expresamente prohibidos por la ley de ser otorgados las amnistías”, señaló Castillo, al tiempo que insistió en que acompañarán también la acción de protección presentada por el exlegislador Andrés Páez, para dar de baja el paquete de amnistías.

Sobre el tema de las acciones constitucionales que han emprendido varios sectores en la capital por las amnistías, Marlon Santi, coordinador del Movimiento Pachakutik (PK), en rueda de prensa realizada este martes anunció que emprenderán acciones para dar “protección” a los más de 200 amnistiados.

“El Ecuador necesita un proceso de justicia y que esto recaiga en una paz verdadera de convivencia armónica en el país”, apuntó Santi, mientras criticó el que se esté estigmatizando al llamar a los indígenas y luchadores sociales como delincuentes.

Según Santi, el plantear acciones de protección en instancias de justicia frente a las amnistías no cabe ni tiene legalidad, porque, aseguró, la autoridad máxima en el tema de amnistías es la Asamblea. Pese a ello, mencionó, han solicitado amicus curiae a instituciones internacionales como el Foro Permanente de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, entre otros, para que den observaciones al Estado ecuatoriano, pues han sido instancias que han dado atención a lo que estaba pasando en Ecuador.

A Castillo le parece bien que estos temas sean debatidos en los medios de comunicación y jurídicamente en los tribunales y en la Corte Constitucional, y no en las calles rompiendo vidrios, ni secuestrando a periodistas.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, quien es otro de los líderes del colectivo quiteño, espera que sea la CC la que dé de baja esta decisión de amnistía respaldada por 99 asambleístas. Aseguró que en esta demanda no existe ningún interés político, sino que simplemente es una acción para defender los intereses de Quito y los ecuatorianos.

“Lo más importante aquí es que la ciudadanía comprenda el daño que la Asamblea y el Gobierno le están haciendo al país y a la ciudad de Quito con las amnistías que promovieron. La gente y la ciudadanía tenemos que entender que los terroristas y los delincuentes no se pueden burlar de los quiteños y los ecuatorianos, no podemos seguir permitiendo la destrucción y la violencia como medio de una protesta política. Debe haber orden y se debe cumplir con la ley”, refirió Alarcón. (I)

Fuente: El Universo Ec