Parece que la pandemia ha trastocado la forma que tienen las personas de interpretar la realidad. Hoy lo normal parece anormal y lo anormal podría instalarse y ser regla común. La reacción social a un programa de Carlos Vera en TC Televisión incita a pensar que, como sucede en las catástrofes y la guerra, la inversión de la lógica está aquí para quedarse.

Que los ciudadanos critiquen, por ejemplo, que los medios públicos se dediquen a amplificar las visiones del Gobierno de turno sin posibilidad a incluir distintas ideas, es predecible y deseable. Pero que se quejen cuando un medio público le da voz a un criterio distinto al del Gobierno en algún tema específico, es ilógico. Lo segundo sucedió en contexto de la pandemia, después de que Carlos Vera invitara a su programa Vera A Su Manera transmitido en TC, a voces contrarias a la vacunación para escuchar su postura.

Hay que aclarar que en el programa no se invitó a fuentes solamente de una misma postura, lo cual no sería el mejor estándar de buen periodismo, sino que Vera permitió la reflexión acerca de la vacunación desde varias perspectivas. Además, el programa contó con la presencia de un médico, un pediatra, un genetista, un epidemiólogo: todos a favor de la vacunación. Hubo un criterio técnico, así como visiones desde lo social y lo legal. Por ejemplo, se entrevistó también a un abogado constitucionalista. En definitiva, en este programa hubo variedad de fuentes. Y sin que sea necesario ser partidarios de todas las acciones de Vera, hay que resaltar que la apertura a muchos enfoques sobre un mismo tema es necesario para darle luz a un problema social relevante, además de ser una buena práctica periodística.

Si bien el programa mencionado no fue un espacio de divulgación de mentiras, la gente, enardecida, cuestionó por qué les dan micrófono a invitados con opiniones en contra de la vacunación con dineros públicos. Incluso algunos pedían que se saque a Carlos Vera del aire. A partir de aquí se puede desmitificar información que algunos repiten, pero en la cual no se detienen a pensar. El primer mito es que TC es un medio público. No lo es. TC es un medio que fue incautado en 2008 y que nunca ha recibido fondos públicos, sino que funciona como empresa privada que se sostiene con publicidad. El segundo, es que, asumiendo que TC fuera un medio público, ¿hay un problema con que los ciudadanos escuchen la perspectiva de gente que de alguna forma cuestiona la vacuna? No lo hay. Que los televidentes tengan acceso a pluralidad de ideas, así les parezcan equivocadas, les da libertad de entender a quien no piensa como ellos. La agenda del Gobierno es, claramente, que todos los ecuatorianos se vacunen. Entonces, ¿por qué no tomar la iniciativa de Carlos Vera como un ejercicio de libertad de expresión más allá de posibles presiones gubernamentales?  

Alrededor del programa mencionado aparece una paradoja. Muchas de las personas contrarias a las vacunas alegan que existe un complot para evitar que la verdad de la ineficacia de las vacunas salga a la luz. Lo mismo dicen de una posible conspiración entre medios, farmacéuticas y políticos. No permitir que sus ideas se conozcan es convertir esa paranoia en realidad. No escuchar sus voces sería darles la razón acerca de la censura que dicen experimentar. Contra errores fácticos o incluso fanatismo del grupo antivacunas, lo que cabe es el contraste con datos verídicos y ciencia, pero no la censura.

Al pedir que se impida hablar a cualquier persona que no empuje la iniciativa de la vacunación, ¿no tenemos la prueba de que la gente le teme más a quien opina distinto que al virus? La censura no nos salvará ni del contagio ni de la muerte. Al contrario, dejar que alguien exponga información refutable, ayuda, por contraste con la realidad, a evidenciar errores en esas propuestas.

El miedo al disidente es más fuerte que el miedo al virus. Este infundado temor es innecesario porque, entre escuchar ideas que les perturban o pedir censura para esas ideas, los espectadores siempre tienen mejores alternativas: cambiar de canal o apagar la televisión.

Tomado de diario El Telégrafo

“China vende al mundo su versión del capitalismo como superior al occidental, presentando el pasmoso desarrollo en 40 años”.

La inauguración de los juegos olímpicos de invierno es plataforma para el líder chino Xi Jingping. Cada cinco años tiene lugar el Congreso del Partido Comunista chino, que elige secretario general, el cargo de Xi. Toca en 2022. El partido es el poder real en China. Xi pretendería reformar la constitución y eliminar el tope de dos períodos y mantenerse en el poder.

Pekín ocupa las posiciones que abandona Washington en su repliegue del escenario mundial. Obama impulsó el acuerdo Transpacífico (TPP), que buscaba estrechar relaciones con los países asiáticos dejando fuera a China. Trump sacó a EE.UU. del TPP, y Biden, exvicepresidente de Obama, no se reintegra. Xi promueve con los mismos asiáticos el RCEP, acuerdo que excluye a EE.UU.

China vende al mundo su versión del capitalismo como superior al occidental, presentando como evidencia el pasmoso desarrollo de la China en los últimos cuarentena años. Las decisiones económicas claves las toman burócratas y no empresarios.

La preponderancia del partido en la economía viene acompañada del irrespeto a los derechos humanos y la mayor oportunidad para la corrupción de funcionarios. Periódicamente el partido debe realizar una purga para moderar la corrupción.

El modelo chino mantendrá su atractivo mientras rinda resultados. Las perspectivas no son auspiciosas, el Fondo Monetario estima un crecimiento anual de sólo 5% en 2022 y 2023, muy por detrás de la India.
El presidente Xi recela el gran poder y prestigio de las exitosas empresas tecnológicas chinas, y toma medidas para disciplinar a algunos de los empresarios de mayor prestigio. Lo cual podría afectar negativamente la innovación empresarial china.

Son pocos los jefes de Estado que asistirán a la ceremonia inaugural, entre ellos Guillermo Lasso, Alberto Fernández y Vladimir Putin. Lasso no va de paseo, lleva una nutrida agenda, destacándose los onerosos contratos petroleros. Ojalá Xi haga espacio en la suya para atender los planteamientos nacionales.

Tomado de diario El Comercio ec.

El pasado 25 de enero, el Presidente Guillermo Lasso presentó, ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública que pretendería ser la herramienta para garantizar la seguridad integral de los habitantes; en especial, frente a la crisis carcelaria y la delincuencia organizada.

En la propuesta, enhorabuena, el Presidente reconoce que la inseguridad es multifactorial, no tiene una solución única y requiere de articulación interinstitucional entre el Gobierno, la fuerza pública, la justicia, los gobiernos autónomos descentralizados y la ciudadanía.

El proyecto de ley contiene 46 artículos, dos disposiciones generales y dos disposiciones transitorias que reforman cinco cuerpos legales. También, crea el Consejo Nacional de Política Criminal y restructura el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Por su parte, la Policía Nacional podrá contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en operaciones específicas.

Frente a la crisis carcelaria, la Policía Nacional podrá asumir la seguridad interna de los centros de rehabilitación social y, para reducir el hacinamiento, la prisión preventiva solo procederá en delitos reprimidos con más de 3 años de prisión.

Frente a la delincuencia organizada, la propuesta incrementa la pena privativa de la libertad por tenencia y porte de armas, sanciona la tentativa, reprime a los colaboradores que no ejercen mando y será punible aún fuera del territorio nacional.

Por último, el proyecto de ley unifica criterios sobre el uso legal de la fuerza para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En estos casos estará garantizado el patrocinio legal gratuito a través del Ministerio de Gobierno. El uso de la fuerza tendrá cinco niveles de acción: presencia, verbalización, control físico, técnicas defensivas no letales y fuerza con potencial letal.

En este contexto, preocupa de sobremanera que el uso legal de la fuerza no procederá cuando los ciudadanos ejerzan su derecho a la protesta y la resistencia si están conforme a la Constitución, actuan pacíficamente y no afectan derechos de terceros ni servicios públicos.

No es la primera vez que, ante los problemas del país, el Gobierno de Guillermo Lasso busca echar la responsabilidad a las leyes. La inseguridad requiere una respuesta integral, no puede ser solucionada con recetas que ya han fracasado rotundamente como más reformas legales o mayor militarización. Un primer paso importante es la voluntad política que nace precisamente del Presidente como Jefe de Estado y Gobierno, responsable de la administración pública, rector de la política pública y, sobre todo, garante de la soberanía, el orden interno y la seguridad pública como manda la Constitución ¡actúe don Guillermo Lasso!

Tomado de diario El Telégrafo

Falta poco para que tres integrantes de la Corte Constitucional sean reemplazados; sin importar quiénes salgan -o entren- estaremos ante un nuevo tribunal.

La composición actual facilitó unos métodos de trabajo y una mayoría que dio paso a la aprobación de decisiones controversiales y consensos en temas complejos. Esta es la primera Corte Constitucional que puede considerarse independiente del poder político; desde el 2008 todas actuaron sin independencia, siempre a las órdenes del proyecto correísta.

Algunas actuaciones de la actual Corte han recibido criticas severas, algunos de sus detractores sostienen que quienes juzgaban no eran siempre imparciales, que no se excusaron en causas que, durante su ejercicio profesional o en la actividad académica, habían defendido; sin embargo, no se conoce casos en que se hayan beneficiado directamente de los fallos que dictaron.

No siempre han sido claros los criterios usados para priorizar el tratamiento de ciertos casos; algunas interpretaciones están en el límite de lo admisible, incluso sosteniendo posiciones en contra de la literalidad de los textos constitucionales e invadiendo peligrosamente el terreno de la Legislatura y del Ejecutivo. Ha habido en la Corte quienes han usado su posición para imponer sus visiones morales del mundo, arriesgando la credibilidad del conjunto del tribunal. En más de una ocasión dieron la impresión de no tener sensibilidad frente a la realidad política, económica y social; y, no siempre lograron que sus decisiones sean plenamente respetadas.

Sin embargo, criticas al margen -algunas justificadas- el balance es positivo: el número de causas despachadas es mayor al trabajo de todas las cortes anteriores; en un contexto de corrupción estos jueces y juezas han actuado con honestidad, una rareza en los tiempos actuales; y, pese al enojo de algunos de sus detractores, esta será considerada una de las mejores cortes del país por la cantidad y calidad de sus decisiones.

Tomado de diario El Comercio ec

Se debería ‘bombardear’ África ante el peligro de nuevas mutaciones en un continente atrasado históricamente por las potencias europeas, al usarlo como combustible biológico en beneficio de sus economías. Ahí una causa de la disparidad reflejada en la pandemia de COVID-19 y las vacunas. Países europeos van de un 90 % al 26,6 % de población —sobre los 12 años— vacunada con dos dosis, pese a rezagados, como Macedonia 39%, Albania 35,5 % y Bulgaria 26,6 % (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades). Cifras que muestran desigualdades económico-sociales en el continente europeo, pero mayormente con algunos territorios de África, como la subsahariana, con entre el 1 % y 13 % de su población inoculada con dos dosis.

Escasez de vacunas por acaparamiento; incompetencias, corrupción y desorganización de ciertas naciones; redes de salud de pésima infraestructura; desinformación y miedo por supuestas secuelas; destrucción de dosis entregadas con poco margen de caducidad, etcétera, agravan una sanidad africana compleja y evidencian rezago colonial en el imaginario de algunos Estados europeos que insisten en tratar a África como región de tercera. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la disparidad hace de África caldo de cultivo para nuevas mutaciones del virus, pudiendo perpetuar la pandemia con variantes más complejas que ómicron. ¿Por qué las naciones desarrolladas no realizan una cruzada y ‘salvan al mundo’ como cuando van tras recursos naturales?; ¿qué esconde esa parsimonia hacia dicho continente?; ¿habrá interés en prolongar el ‘negocio’ del COVID-19?; ¿la desesperación, el miedo, la muerte entrarán en los cálculos inversión-retorno? No basta que la OMS solicite a los países más ricos no acaparar vacunas, urge actuar decididamente para neutralizar la propagación de nuevas variantes para la tranquilidad global.

‘Bombardeen’ África con vacunas en buen estado, logística, estrategias, asesoramiento, campañas masivas de exámenes PCR, suficiente personal de apoyo para inmunizar a este pueblo explotado por foráneos y propios. De esta forma se debilitará el virus y elevará sus cifras de inmunizados a un 75 % o más, mucho antes del 2024 proyectado por la OMS. ¿Que algunos países africanos no tienen suficiente financiamiento?, los Gobiernos ricos pueden descontar de lo históricamente despojado a esas regiones. Además se requiere apoyar y no entorpecer la iniciativa Covax para una distribución solidaria y equitativa de las vacunas y exigir a China mayor presencia en África, no solo en donación de grandes cantidades de dosis prometidas por su presidente, sino también con infraestructura, accesorios médicos, pruebas, contingente humano, para ayudar de manera eficaz a resolver este problema.

“Dios ya se fue de África”, afirma el teniente A. K. Waters en el filme Lágrimas de sol, del 2003, sobre el caos político en una Nigeria abandonada a su suerte; no es casualidad esta África rezagada en la vacunación. Dios no se ha ido; seguro mira furioso la negligencia y el egoísmo de algunos líderes mundiales para manejar el desastre. (O)

Tomado de diario El Universo

Como no hay filantropía internacional, para negociar un Estado con otro debe tener un poder de negociación, saber qué les interesa recíprocamente para acordar decisiones perdurables. Una reunión presidencial se justifica cuando hay discrepancias importantes al final de una negociación, pero por el momento el Acuerdo Comercial con China es una idea que puede ser buena o mala según la reciprocidad.

Para el Ecuador es básico encontrar productos nuevos, a más de los que ya les exportamos, sin preferencias arancelarias, porque somos competitivos. Por su parte China es la fábrica del mundo, vende casi todo a base de su productividad, aún sin preferencias comerciales de tratados internacionales, como se verá en la reunión de China con Latinoamérica que se realizará en Guayaquil en noviembre/22. De otro lado se debe analizar los resultados de Chile, Perú y Costa Rica a la luz de los tratados que firmaron con China y además prever que sus productos pasen por un control de calidad y no afecten a nuestra producción de sencilla complejidad.

La deuda a China está garantizada por ventas de petróleo, por lo que China tiene la sartén por el mango. Aquí lo que cabría es pre pagar la deuda con un crédito externo más barato, y plantear que estos pagos se tornen en inversiones directas y productivas de China en Ecuador.

En donde si cabe una gestión presidencial es en la remediación de los defectos de construcción de obras de infraestructura que hicieron los chinos al apuro en base de sospechosas decisiones del gobierno ecuatoriano.

Ojalá el presidente Lasso, que va invitado a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, tenga el tiempo necesario para hablar con el líder chino sobre estas materias. De lo contrario este viaje será infructuoso. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia anunciaron un boicot diplomático a estos Juegos por el historial de China en derechos humanos. El Presidente Lasso, irá a pesar de esto y de las decisiones urgentes que debe tomar en el Ecuador.

Tomado de diario el Comercio ec.

La Constitución, Art. 101, establece la figura de la Silla Vacía como un mecanismo de participación ciudadana en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. Esta norma constitucional ha sido recogida en otras leyes y códigos: la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Art. 77), el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización –Cootad- (Art. 47), y el Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, entre otras, que han servido de base para la expedición de numerosas ordenanzas en el país.

El mencionado Art. 101 de la Constitución dispone que “las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la Silla Vacía, que ocupará una representante o un representante (sic) en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en toma de decisiones”.

Esta disposición no ha sido evaluada, pero existen informes parciales que llegan a la evidencia sobre la no aplicación de esta garantía constitucional, que constituye un derecho de los ciudadanos y un deber de las instituciones. En este caso –como en muchos- la norma suprema, sus leyes conexas y reglamentos quedan en el limbo, y la intención de los legisladores, en nada o casi nada.

¿Cómo se puede fortalecer la democracia, a través de estos mecanismos que crean figuras jurídicas de papel que, en la práctica, erosionan las instituciones y dejan a la ciudadanía en indefensión? ¿Es que estamos viviendo un Estado fallido? Recuerdo una frase que explica, de algún modo, lo que sucede en el Ecuador: que “la Universidad está formando profesionales talentosos –con títulos, doctorados y maestrías-, para sociedades fracasadas”.

El cambio del sistema educativo es urgente, así como la formación de nuevos dirigentes centrados en la eficiencia y la ética, en la vocación de servicio público y no para servirse él. La Silla Vacía, en este contexto, debe ser utilizada sin trabas ni pretextos. ¡La democracia se fortalece con participación!

Tomado de diario El Comercio ec.

La violencia criminal no se detiene. Los asesinatos son más frecuentes y crueles sobre todo en Guayaquil y la Zona 8. El fin de semana pasado se habló de 18 homicidios, 30 semanales, casi 5 por día. La inseguridad es hoy -junto al empleo- el mayor desvelo. Ha desplazado a la pandemia.

La marca de identidad de estos hechos es el sicariato. No es nuevo; se conoce desde la antigua Roma. Se ha instalado aquí y ahora como la forma más común y fulminante. Un asesino a sueldo; mata por plata o algún bien. No pregunta razones ni ideologías. Mata con frialdad y sin rodeos. Maneja armas de última generación. Se juega la vida en cada vuelta. Casi nunca falla. Nunca delata.

El sicario es un operador. Hace el trabajo sucio por encargo; un intermediario entre víctimas y jefes. Se promociona en el entramado subterráneo de la sociedad. Actúa solo, con compinche o desde una estructura criminal. El anonimato y la sorpresa son su sello. Asciende en su profesión según sus logros. Cotiza como fino comerciante: experiencia, tipo de víctima, dificultad, tiempo, implementos, mercado y competencia. Hay profesionales y aprendices. Algunos son importados por eficacia y seguridad.

El poder del sicario se arruga cuando se mira hacia los jefes o contratistas. Éstos viven protegidos y con lujos. No se ensucian. Muchos son parte de pandillas narco y sus conexiones nacionales o extranjeras. Los grandes jefes incluyen a políticos, empresarios, caciques, grupos alegales. Se dice que el asesinato del General Gabela tiene aroma de sicarios.

Nuestras fuerzas del orden están sobrepasadas. Afectan solo a operadores menores. Los cuadros superiores siguen intactos. Y cuando algún personaje cae, la organización se adapta y reinventa; reemplaza al cuadro y acomoda estrategias.

Tenemos sicariato para rato. Recogemos 4 exigencias. Asistencia técnica externa. Información sobre investigaciones de sicarios apresados. Colaboración del sistema judicial. Estrategias para apresar peces gordos… lo menos que podemos pedir.

Tomado de diario El Comercio ec.

Comienzo esta columna, luego de un profundo debate interior respecto a si debo o no escribirla. Sin embargo, esa tendencia a meterme en temas polémicos prevaleció al final.

No la he motivado desde mi fe católica. No porque no me sienta orgulloso de ella, o porque pretenda ocultarla, sino porque ello la expondría a la crítica de quienes suelen estigmatizar cualquier criterio que se sustente en la espiritualidad, y con mayor razón este tema, en el que hay millonarios intereses y toda una estructura multinacional desplegada por el mundo entero.

Me refiero al debate que tiene lugar en diferentes espacios de poder del Estado y de nuestra sociedad civil respecto de la posibilidad legal de interrumpir un embarazo, a través de un aborto.

Hay varios elementos por considerar para viabilizar legalmente tal situación, arduamente perseguida por los colectivos sociales proaborto, que cuentan con prominentes personalidades del derecho, la comunicación e incluso con funcionarios públicos quienes, abiertamente, han practicado su activismo en la materia.

Por un lado, el requisito previo de que la persona se embarace como producto de una violación, y los medios de prueba; si basta la versión de la víctima o si se procederá como en muchos otros casos en los que la legislación exige medios de prueba debidamente practicados conforme a derecho. En este tema no voy a detenerme. No porque no sea relevante o porque no sea un tema muy complejo, sino porque el tema central de esta columna es otro.

En lo que sí voy a centrar mi opinión es en la pretensión de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de que sea legalmente posible interrumpir un embarazo hasta de siete meses de gestación mediante aborto, cuando este sea producto de violación.

¿Sabe usted, amigo lector, cómo es un feto de siete meses de gestación?

¿Se puede decir que es humano condenarlo a muerte con siete meses de vida en el vientre de su madre?

¿Cuál es la diferencia entre siete y once meses? ¿Es menos ser humano acaso? ¿Su corazón no es el mismo? ¿Su piel? ¿Sus pulmones?

Cuando leo esto de los siete meses, no puedo dejar de pensar en mi hijo, el segundo de mi familia, que nació de siete meses. Hoy está a un mes de graduarse del colegio, con el más alto honor académico; ha sido admitido en la carrera de derecho de una prestigiosa universidad. Es un joven lleno de vida y con muchos sueños por cumplir. Ya es de mi tamaño y pronto me mirará hacia abajo; disfrutamos tocando Los Beatles, Queen, Charly García y Sui Generis; discutiendo sobre política contemporánea e historia universal; vamos juntos al Capwell y no nos perdemos los partidos de los Yankees. Disfrutamos un buen encebollado, la guatita de El Grillo y cantamos a todo pulmón el himno de Guayaquil cada julio y octubre.

Y nació de siete meses…

Tomado de diario El Universo

Un personaje con pocas perspectivas políticas se hace visible con una campaña que pretende hacer una cacería política dentro del gobierno. ¿Por qué el llamado de Balda es sumamente peligroso en una democracia?

Fernando Balda, un político que tomó relevancia tras enemistarse con el ex presidente Rafael Correa y llevar a la justicia el intento de secuestro que vivió en Colombia, en 2012, hizo una convocatoria que es, en realidad, una cacería de brujas.

Propone, con un desconocimiento profundo de la legalidad y los derechos humanos, “depurar” de funcionarios “correístas” al gobierno. Dice, con desparpajo, que su llamado es para “ayudar” al presidente Guillermo Lasso y ofrece un formulario para que cualquier persona denuncie a quienes califica de “infiltrados, desestabilizadores, ladrones, terroristas y corruptos”. Dice que deben ser identificados, “caso contrario el gobierno seguirá fortaleciendo a su propio enemigo, a los enemigos de la democracia y las instituciones”. 

Tanto la convocatoria como el formulario son la representación de lo peor de la política ecuatoriana: el prejuicio, el odio, la persecución, el estigma, la falta de argumentos y la venganza personal. Parece, además, que el señor Balda no sabe que no se puede discriminar a un funcionario público —ni a ninguna persona— por su afiliación política. 

Tampoco Balda puede atribuirse funciones que están por fuera del marco de la ley, como juzgar y sentenciar de acuerdo a sus criterios y prejuicios personales, el accionar de los funcionarios públicos. Y, además, decir que lo hace para “ayudar” a un presidente democrático que, en ningún caso, debería comulgar con semejante disparate insano y peligroso. A ratos parece que desconocemos que uno de los primeros requisitos en cualquier dictadura —o país que camine hacia ella— es estigmatizar, para luego eliminar, a los adversarios  o simplemente a aquellos que se identifican con ideologías, religiones u organizaciones políticas distintas a las del régimen de turno.

El gobierno de Guillermo Lasso tuvo que salir a desmentir la ocurrencia absurda y nefasta de Balda. Sin nombrarlo, la Secretaría de Comunicación, dice en un comunicado que el gobierno «no respalda, lidera ni auspicia iniciativas de actores que pretendan atentar contra la diversidad política». Dice, además, que el presidente Lasso reitera la garantía de una “gestión en la que jamás impere la persecución política y las represalias”.

Resulta angustiante que el gobierno deba aclarar que actuará democráticamente; sin embargo la aclaración es necesaria. Aún más cuando, en la osadía de Balda, asegura que la información ingresada en el formulario será remitida al presidente Guillermo Lasso, como si eso le diese legitimidad a un acto profundamente cuestionable. 

Más grave es que Balda diga que remitirá a la Fiscalía los nombres que recabe. A la Fiscalía se denuncian posibles delitos, y pensar distinto, simpatizar políticamente con una u otra tendencia —qué pena que haya que recordarlo—, no es un crimen. Solo lo es en los regímenes totalitarios —Cuba, Bielorrusia, Venezuela, por citar un par— y en novelas distópicas, pero muy cercanas a la realidad, como 1984, la célebre novela de George Orwell. 

¿Qué pretende Balda con una convocatoria de ese tipo? Sembrar enemistades, odios, persecución. Él, que se ha autonombró como un perseguido por el gobierno de Rafael Correa, pretende ahora ejecutar una venganza personal usando como piezas descartables a personas en cargos públicos. O sea, el perseguido que no aprendió nada y quiere ser él mismo un perseguidor. 

Balda se autodefine como el representante de esa cacería de brujas que, además, pretende recabar datos, imágenes e información personal de los funcionarios públicos. El formulario pide que se indique nombres completos del “infiltrado y/o corrupto”; que se indique la institución en la que trabaja, el cargo que tiene, los cargos que ha tenido, las fechas y la “relación política o de otra índole con la organización criminal de los prófugos y sentenciados u otros?”. Balda se convierte con estos pedidos en una versión andina contemporánea de Joseph MacCarthy, aquel oscuro senador estadounidense que armó una infame lista para proscribir artistas y políticos en la década de 1950.

Ni Balda ni nadie por fuera del marco de la ley puede señalar a un conciudadano como “infiltrado” o “corrupto”. ¿Qué clase de concepto es, además, el de “infiltrado”? Tras ese señalamiento está la torpe creencia de que todo funcionario público debe ser partidario del gobierno en el que trabaja. 

La vergonzosa, indignante, peligrosa y, posiblemente, ilegal convocatoria de Balda no puede ser ignorada. Si queremos vivir en una democracia que garantice los derechos de sus ciudadanos, estas manifestaciones tienen que ser duramente condenadas.

La historia ya ha demostrado que el mejor germen para el odio, las guerras y las matanzas es el señalar al otro como el enemigo a combatir. El otro es quien piensa distinto, quien milita en un partido distinto, que cree en una religión distinta, que osa cuestionar un orden establecido. Y no podemos olvidarnos de aquellos personajes que intentan sembrar el odio como motor de la vida pública. Ni antes fue aceptable, ni ahora lo es. 

Tomado de GK