Bukele amenaza con dejar sin alimento a los pandilleros arrestados si aumenta la violencia
En nueve días, las fuerzas de seguridad salvadoreñas arrestaron a 6 mil supuestos miembros de grupos armados desde que comenzó el estado de excepción (27 de marzo), promovido por el Estado y respaldado por la Asamblea Nacional, dando un total de 22 mil presos.
El primer mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, amenazó con dejar sin alimento a miles de pandilleros que están en prisión si en la calle sus grupos empiezan a “vengarse” por el régimen de excepción: “Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran”.
Bukele, durante un acto de graduación Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), envió un mensaje “a los criminales que están fuera”, ante los “rumores” que señalan que “quieren empezar a vengarse de la gente honrada, al azar”. “Hagan eso y no habrá ni un tiempo de comida en las cárceles”, alertó en un discurso.
“Y no me importa lo que digan los organismos internacionales”, comentó consciente de las críticas recibidas por la mano dura impuesta para frenar el aumento de la violencia en el país centroamericano. “Que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno”, apuntó.
Según el presidente, hay Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que “necesitan que haya un baño de sangre para poder criticar, porque de eso viven”. No obstante, se comprometió a seguir trabajando para “liberar” al país centroamericano de la violencia tras otras etapas en las que los gobiernos “enseñaron a matar” a los pandilleros.
“La comunidad internacional sí castiga a sus delincuentes con penas severas, pero no quieren que nosotros castiguemos a los nuestros porque somos su experimento social y se lucran del baño de sangre de El Salvador”, manifestó el mandatario.
La Constitución de El Salvador autoriza a la Asamblea Legislativa suspender derechos constitucionales en caso de situaciones extremas, incluida la existencia de “graves perturbaciones de orden público”. El régimen de excepción tiene una validez de un mes, prorrogable una vez más por ese mismo tiempo.
La disposición suspende los derechos a la libertad de agrupación, manifestación y privacidad de las comunicaciones; así como, varias garantías al debido proceso, lo que ya han ocasionado críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Redacción: Paulita Pérez Pereira