Atentado petrolero

 Atentado petrolero
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Walter Spurrier Baquerizo (columnista)

Paralelamente al levantamiento indígena, con la ocupación de Quito, entre otras ciudades, fueron tomadas diversas instalaciones petroleras en la Amazonía, Sucumbíos y Orellana, de Petroecuador y al menos una empresa privada, obligando a que se paralice la operación del oleoducto SOTE. Esta acción abona a que el levantamiento, con el que han coincidido los seguidores del Presidente Correa, va más allá de una protesta y busca desestabilizar al país.

Vislumbremos un posible informe de perspectivas de producción de la OPEP: “la OPEP produjo menos de lo acordado debido a la caída de la producción en Venezuela, por inoperancia; Arabia Saudita, por el bombardeo iraní; Libia, al tomarse rebeldes importantes una terminal petrolera, y Ecuador, por la toma de pozos petroleros por activistas”. Estamos a nivel de países en guerra.

Un gobierno debe poder resguardar sus activos estratégicos, y si no lo puede hacer, porque no está en capacidad de enviar efectivos militares a todos estos activos, sobre los que cometan atentados debe recaer todo el peso de la ley. Que no sea que dentro de negociaciones, las autoridades acepten no tomar acciones contra quienes atentaron contra la seguridad nacional. De ser así, se establecería un precedente y la nación toda pasa a ser rehén de minorías violentas.

La caída de la producción se produce días después que el ministro Pérez García sorprende con el anuncio que el Ecuador dejará la OPEP al inicio del próximo año, porque tiene previsto incrementar su producción, lo que contraría la política de OPEP de restringirla; lo que inicialmente era una medida temporal, se ha vuelto permanente.

Pérez García informa que la producción subiría a 590 mil barriles diarios promedio el próximo año. Sorprendente, porque el Ministerio de Ambiente –que se sepa- no ha entregado el permiso ambiental para el desarrollo de 80% del campo Ishpingo, por estar dentro del campo visual de las poblaciones no contactadas que habitan la zona intangible. No se ha indicado en qué campos se daría el aumento de la producción.

En juego también está quién es dueño de los recursos naturales. En nuestra legislación, como en muchas otras, es la nación ecuatoriana como un todo, y quien decide qué hacer son aquellos que el pueblo ha electo como sus mandantes. Las decisiones de las autoridades deben tomar en cuenta el bienestar e intereses de las poblaciones dentro del área de influencia de la extracción de los recursos, para que participen de los beneficios, se mejoren los servicios públicos, se arbitren medidas para mitigar los efectos negativos. Pero no migremos, por debilidad, hacia otra doctrina, que los recursos naturales pertenecen a las comunidades o provincias.

No a un Estado arbitrario, pero tampoco a un Estado impotente.(O)

Tomado de diario El Comercio Ec.

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